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Grupo Z: el penoso derrotero de las audiencias públicas

Desde 2014, cuando se logró la primera, pasaron nueve años de infaltables tarifazos pero ninguna solución a las demandas. El monopolio continúa sumando millonarios subsidios sin control ni castigo ante las falencias del sistema. Por qué los numerosos reclamos de los usuarios jamás tuvieron efectos positivos.

25 junio, 2023

Con las manos vacías y un “boletazo” al bolsillo. Así concluyeron para los usuarios de colectivos todas y cada unas de las audiencias públicas que se realizaron en Posadas desde 2014, cuando surgieron como herramienta para que los ciudadanos tuvieran participación en la toma de decisiones, para la supuesta mejora del servicio de transporte público.

Hasta la fecha jamás se alcanzó el objetivo, inclusive acabó por desalentar la participación vecinal, al punto de sostener que las empresas que pertenecen al Grupo Z y concentran el 90% de las líneas en Posadas, Garupá y Candelaria “digitan todo”, tal lo denunciaron a PRIMERA EDICIÓN en el último mes las distintas asociaciones y organizaciones vecinales, desde que la comuna capitalina habilitó el llamado para participar como expositores en el nuevo encuentro que se realizará el 29 de este mes en el Centro de Convenciones.

A 9 años de la primera y encendida audiencia realizada el 28 de noviembre de 2014, cuando directivos de la empresa ni siquiera se quedaron a escuchar la opinión de los usuarios y abandonaron el encuentro minutos después de terminar de leer sus argumentos a favor del aumento del boleto; lo único que continúa “haciendo ruido” es la forma que se mueve el Grupo Z.

A pesar de los reiterados pedidos, nunca acató la normativa de poner la SUBE nacional para un control online de la cantidad de pasajeros que usan los colectivos, que permitiría la elaboración de estadísticas certeras para regular los subsidios que recibe del Estado.

Nación, Provincia y Municipios admiten las declaraciones juradas empresarias como reales, sobre la cantidad de usuarios que hay en la zona metropolitana y cuánto recaudan por venta de boletos.

Mientras tanto siguen lloviendo las quejas por los destrato a los usuarios, la falta de refugios en las paradas, mayores frecuencias y recorridos nocturnos en los barrios alejados del centro, falta de plásticos para emitir la tarjeta SUBE, el problemático código QR que obliga a tener celular para viajar, la escasez de puntos de recarga como del bajo límite de crédito, los paros gremiales y lockout que dejan a la gente a la deriva, son algunos de los reiterados temas que se suman a la lista de innumerables reclamos en cada audiencia pública de catarsis popular, que poco importa a los empresarios como a los funcionarios.

ANTECEDENTES, AYER Y HOY. Desde las primeras movilizaciones masivas por el pésimo servicio del Grupo Z, hasta las primeras audiencias públicas a la fecha, los vecinos nunca se sintieron escuchados. El servicio se presta en pésimas condiciones, los usuarios quedan en medio de todos los conflictos y la empresa parece tener poder para hacer todo lo que se le ocurra. Como por ejemplo, seguir con una SUBE poco eficiente.

 

“Si querés llorar, llorá”

Las audiencias se gestaron en un momento en que la población reclamaba una solución en contra de los reiterados “boletazos” y de una transparencia de las empresas, comodidad y seguridad en los viajes como ejes básicos. Sin embargo, el año que viene se cumplirán 10 años desde la primera vez que se hizo una y, lo único que demostró el paso del tiempo, lo “no vinculante” sigue siendo la excusa perfecta para que no cambie nada.

En honor a la verdad, lo único que sí cambia es el valor del pasaje a favor del Grupo Z.

Con desaliento, después de años de tomar las calles y también la palabra, un buen número de vecinos y dirigentes barriales aseguraron a PRIMERA EDICIÓN haber caído en cuenta que las audiencias están “digitadas” para evitar cuestionamientos y “ya no vamos a ir porque es perder el tiempo”, acotaron.

Todos los problemas planteados desde 2009 -cuando se organizaron las primeras marchas en contra del boletazo Z- siguen igual: no hay una auditoría real del servicio.

 

Sin control ni sanción

El conflicto salarial entre UTA y las Cámaras empresariales del Interior, que derivó en Misiones en distintas medidas de fuerza, algunas de ellas como paro total y otras como quite de colaboración o la implementación de frecuencias reducidas, dejó al desnudo que el monopolio del sistema integrado metropolitano capitalino y obereño hace lo que quiere.

Por ejemplo, todas las veces que este mes la empresa decidió sacar frecuencias y cambiar horarios no existió castigo ni sanción. El problema de la seguridad, el más largo y menos escuchado reclamo de la gente por el lamentable estado de la mayoría de los colectivos, junto con la puesta en marcha de un plan para que las unidades tengan aire, es otro caso palpable de la ausencia de controles.

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  • boletazo audiencia pública
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Tags: Audiencias públicasboletazoColectivosGrupo Z
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Desde las 19 horas de este viernes, la costanera de Villa Lanús se llenará de brillo, ritmo y color con el inicio oficial de los Carnavales Posadeños 2026. Las comparsas mostrarán el trabajo realizado durante las últimas semanas, renovando el legado de una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad. Actualmente, las agrupaciones confirmadas son Arcoíris, Afrodita, Guazú Samba, Sambatuque, Deisy, Beisa Carioca y Beleza, provenientes de distintos barrios de la ciudad.
Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
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Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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