El nuevo conflicto entre la FATAP (empresarios) y la UTA (trabajadores), con el fracaso de la etapa de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de la Nación, vuelve a afectar a los pasajeros que no tienen otra forma de movilizarse si no es mediante el transporte público de pasajeros.
Los rehenes de la puja económica por la suba salarial y otros beneficios que reclama el gremio de choferes, vuelven a ser los usuarios frecuentes que dependen de este servicio para poder ir a trabajar, a estudiar, o realizar cualquier tipo de trámite o gestión.
El Estado nacional, aunque quiso quedar como mediador en la conciliación, tiene gran parte de la responsabilidad en el conflicto, por la forma en que decidió distribuir los subsidios. No es nuevo que fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llega un ínfimo porcentaje de las multimillonaria partidas destinadas a la asistencia de las empresas prestatarias.
Han sido los gobernadores en decenas de oportunidades que le han reclamado al Ministerio de Transportes de la Nación que el reparto sea más justo. La FATAP se tomó de esa cuestión para sostener que no tiene con qué pagar a los choferes el acuerdo paritario. Y, así, los trabajadores llegaron al tan anunciado paro.
Esta vez, será por 24 horas pero el jueves seguirán conversando y, si no aparecen los fondos para los afiliados a la UTA, la promesa es profundizar las medidas de fuerza para la semana siguiente, con la afectación del transporte de media y larga distancia también, en un fin de semana largo donde miles de personas aprovecharán para moverse en el país.
El “hilo vuelve a cortarse por el lado más fino”, en un contexto económico difícil, donde tal vez no haya para pagar un taxi o Uber que sale muchas veces más caro que un boleto de colectivos. Y donde el Estado no garantizará un servicio mínimo.
