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Fiscal Glinka rechazó el planteo del defensor oficial de Martín Monzón

Con la opinión de la Fiscalía, los camaristas del Tribunal Penal 2 definirán mañana el pedido de Miguel Varela de recusar a uno de los magistrados, Fernando Verón, porque considera que un juez de instrucción no puede juzgar como uno de sentencia.

25 febrero, 2023
VLADIMIR GLINKA. En menos de 24 horas fundamentó y notificó su decisión de ratificar la validez de la conformación del TP-2.

VLADIMIR GLINKA. En menos de 24 horas fundamentó y notificó su decisión de ratificar la validez de la conformación del TP-2.

El próximo lunes, los camaristas del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial resolverán si el juicio por el femicidio de Horacelia Génesis Marasca se iniciará o no 48 horas después para juzgar a Martín Monzón por el delito que prevé pena de prisión perpetua.

Ayer, el fiscal del Tribunal rechazó el planteo que puso en duda el debate. Vladimir Glinka no admitió validez a la recusación que el defensor oficial Miguel Ángel Varela presentó por la designación como subrogante del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón.

De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, Varela sostiene que un tribunal en debate debe estar integrado en su totalidad por camaristas de sentencia, no magistrados de la etapa de instrucción de expedientes.

El planteo sorprendió porque sería, de lograr Varela su objetivo, la cuarta suspensión o intento por esclarecer una causa que se inició en agosto de 2015 en Villa Cabello cuando hallaron descuartizada y los restos esparcidos en bolsas de residuos a la adolescente de 16 años y madre entonces de un bebé de siete meses.

 

Tres suspensiones

La causa fue elevada a juicio por el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, en agosto de 2016 y desde ese momento el expediente trajinó entre apelaciones y solicitudes de medidas de la defensa.

Las tres suspensiones del juicio se registraron en 2018, 2019 y 2020 y es el Tribunal Penal 2 el encargado de que se resuelva la causa que mantiene en prisión al concubino de la víctima fatal.

Uno de los principales recursos que demoró el debate fue el que desde el inicio de la causa sostiene el defensor Miguel Varela y consiste en su pedido de que Monzón sea indagado bajo los efectos del pentotal sódico o suero de la verdad.

ACUSADO. Martín Monzón (39).

Martín Monzón está encartado por asesinar a Horacelia Marasca, por “femicidio agravado por la convivencia preexistente y por mediar violencia de género”, figura prevista en el artículo 80 del Código Penal.

El debate tiene agendadas ocho audiencias, desde el 1 al 10 de marzo, con una extensa lista de testigos citados y puntilloso análisis para que debatan el fiscal del TP-2, Vladimir Glinka y el defensor oficial mencionado, ante los jueces Yaya, Busse y Verón.

El pedido de recusación que presentó el defensor Varela, según voces judiciales intachables, causó malestar en el Tribunal Penal 2.

Si bien se remarcó que el instrumento es legal como recurso, como mínimo se lo catalogó como “polémico” y particularmente contradictorio porque el mismo abogado ya participó con su función en otros juicios en los dos tribunales posadeños en los que la composición del tridente de jueces se completó con magistrados de instrucción penal.

Uno de estos juicios, de trascendencia comunicativa, fue el caso Roberto Manuel Del Balzo en junio de 2012, en el que Varela defendió al expolicía Cristian Kondratiuk, uno de los acusados de asesinar al abogado, el restante fue el estudiante universitario Jorge Da Rosa. En este juicio fue vocal subrogante, César Antonio Yaya, por entonces juez de Instrucción 2, y hoy presidente del Tribunal Penal 2.

 

Siete años y seis meses

VÍCTIMA. La adolescente era madre de un bebé de 7 meses en agosto de 2015.

El femicidio de Horacelia Génesis Marasca lleva siete años y seis meses sin respuesta de la Justicia. El cuarto intento de juicio oral a Martín Fernando Monzón (39) busca esclarecer lo sucedido durante la noche del domingo 16 de agosto de 2015 en un departamento de Villa Cabello, zona oeste de esta capital.

La adolescente de 16 años fue asesinada a puñaladas y su cuerpo descuartizado en cinco partes que el mismo imputado habría descartado en bolsas plásticas en distintos puntos de las inmediaciones, incluso en la costa del arroyo Mártires.

Monzón está encartado por asesinar a Horacelia Marasca, por “femicidio agravado por la convivencia preexistente y por mediar violencia de género”, figura prevista en el artículo 80 del Código Penal.

El juez Ricardo Balor, con los primeros informes policiales en mano ordenó pericias en la vivienda de la chacra 150 y el horror emergió: hallaron ropas de mujer y de hombre con manchas de sangre en un balde con lavandina. Pero también las pruebas del reactivo luminol exhibieron rastros compatibles con sangre en el piso, azulejos y demás elementos del baño.

Tras ser detenido, Monzón admitió que “en una discusión y pelea”, Horacelia terminó con un cuchillo clavado en el pecho hasta llegar a la columna vertebral.

Aseguró que la llevó al baño, la desmembró, cargó las partes en bolsas y las transportó en el changuito de su bebé, mientras simulaba un paseo habitual durante la madrugada del 17 de agosto.

Pocas horas después de su detención, los investigadores de las direcciones Homicidios y Policía Científica hallaron restos en varios puntos de la desembocadura del arroyo Mártires, costanera Oeste y en el cruce de las avenidas López y Planes y Blas Parera.

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Tags: #PosadasFemicidioHoracelia MarascaMartín MonzónMiguel Ángel VarelaMisionesVladimir Glinka
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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