
La muerte de Horacelia Marasca continúa envuelta en la polémica y en la conmoción. La adolescente de 16 años fue atacada a puñaladas y descuartizada, sus restos fueron tirados a la basura en distintos puntos de Villa Cabello a mediados de 2015.
El detenido y acusado por el femicidio es Martín Monzón (37), su expareja y padre de hoy una niña de casi seis años.
Desde que se descubrió el crimen, los vaivenes judiciales giraron particularmente del ejercicio de su abogado, Miguel Ángel Varela, defensor oficial de la Primera Circunscripción.
El último planteo recayó hace pocas horas ante el Tribunal Penal 2, con más precisión contra el presidente del cuerpo de camaristas, César Antonio Yaya, recusándolo porque mantuvo por videollamada una audiencia para comunicarle el inicio del juicio oral el próximo miércoles 9 de diciembre.
De acuerdo a la posición del defensor, esta comunicación debió contar con su participación, principalmente porque en ella Monzón manifestó su deseo de una suspensión por juicio abreviado, es decir aceptaba su culpa y estaba dispuesto a firmar su sentencia a prisión perpetua por femicidio.
Varela, desde el inició de la instrucción del expediente en manos del juez Ricardo Walter Balor, solicita que su ahijado legal declare bajo los efectos del “suero de la verdad”, el pentotal sódico, mecanismo que no estaría autorizado para la administración de Justicia en todo el país.
Esta intención ya fue rechazada por todos los estamentos provinciales, de todas maneras el defensor oficial recurrió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expidió. Si bien el recurso está vigente, el Tribunal Penal 2 sostiene que no puede considerarse como suspensivo del juzgamiento, por lo que ratificó hace pocas semanas el debate.

Incluso la pandemia mundial de COVID-19 se cruzó como planteo defensivo. El defensor de Monzón habría esbozado ante el TP-2 un cuadro de hipertensión que le impediría concurrir al juicio por ingresar al grupo de riesgo ante el virus. Este recurso también le fue rechazado por el Tribunal la semana pasada.
Lo que ocurrió después fue la recusación a Yaya por la videollamada, que quedó grabada y será analizada por el nuevo Tribunal que deberá completarse con un subrogante. Lo que dejaría fuera de agenda de debate para este año es que el lunes y martes de la semana próxima son días feriados nacionales y no se aguarda análisis y resolución en las próximas horas.
Monzón está acusado de “femicidio” (artículo 80 del Código Penal Argentino) y las pruebas y evidencias en su contra no le permitirían otra alternativa que la de defender su inocencia en la sala de audiencia de calle San Martín casi 25 de Mayo y contra las acusaciones del fiscal subrogante del TP-2, Martín Alejandro Rau.
El debate tiene previstas seis jornadas y el Tribunal Penal está conformado, además de Yaya en la presidencia, con Gregorio Augusto Busse y Carlos Jorge Giménez como vocales. La primera suspensión se produjo en octubre de 2018 cuando el defensor oficial insistió ante el STJ con la utilización del pentotal.
Formalmente, Martín Fernando Monzón será juzgado como presunto autor del delito de “homicidio calificado por la situación de convivencia preexistente”, delito que prevé una pena de prisión perpetua, es decir, 35 años de cárcel efectiva, en caso de ser encontrado culpable.