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Prórroga del uso del glifosato: punto por punto, productores analizan la medida con cautela

"No es que todo el mundo está liberado a usar el glifosato", comentó preocupado Cristian Klingbeil a FM de las Misiones.

6 agosto, 2024

La postergación por cinco años de la prohibición del glifosato en Misiones generó diversas reacciones y expectativas entre los productores agropecuarios. La medida, que otorga un respiro temporal a quienes dependen del herbicida para el control de malezas, fue recibida con cierta cautela y análisis minucioso por parte del sector.

El Decreto 1608, publicado en el Boletín Oficial este martes, en su artículo 2 dispone que “el Ministerio del Agro y la Producción habilite un Registro (…)  en el que deben inscribirse las personas humanas y jurídicas que tengan como objetivo, la comercialización de su producción en las condiciones establecidas en el presente instrumento. Esta base de datos tiene como finalidad comprobar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos estandarizados de certificación para la comercialización de la producción; teniendo en cuenta la información presentada por los comerciantes y productores“.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Cristian Klingbeil, productor yerbatero, expresó su preocupación sobre la interpretación de esta medida. “Nos encontramos con esta noticia ayer y ahí empezamos a analizarla punto por punto y estamos encontrando cosas que vamos a ver si nos aclaran o si realmente es como lo estamos entendiendo. Por ejemplo, no es que todo el mundo está liberado a usar el glifosato. Solo aquellos que trabajen en chacras cumpliendo normas de certificación estarían incluidos en esta prórroga. Aquellos que no, tendrían que empezar a cumplir con la no utilización del glifosato a partir de julio del año que viene“, explicó.

Klingbeil agregó que, mientras “otros sectores pedían la anulación directa del artículo 7 de la ley, nosotros entendíamos que con prórroga era suficiente”. La idea, según el productor, sería “copiar el modelo europeo o de otros países” que mientras prorrogan el uso, tratan de encontrar un sustituto para eliminar de una vez el glifosato. “Pero un sustituto eficaz y eficiente no está apareciendo”, añadió.

Otro punto preocupante es la viabilidad económica y técnica de las alternativas propuestas para reemplazar el glifosato. “En químicos tenemos más de 400 productos para controlar malezas. Lo que tenemos permitido en la yerba y el té es solo el glifosato, pero hay otros productos que harían el mismo trabajo. O sea que podemos encontrarle un reemplazo dentro del paquete de los químicos. Dentro de lo orgánico o de lo bio, hoy por hoy no hay. Lo que la Provincia está repartiendo no es viable ni en la cuestión técnica ni en la económica; el mismo Gervasoni reconoció que es un producto que hay que estar aplicando cada 15 días, cuando nosotros venimos trabajando con aplicaciones cada seis meses o más (de glifosato), a veces solo una aplicación por año. Ese es un costo que no podemos afrontar de ninguna manera, porque también tenemos problemas de precio. Está muy bajo, los costos están subiendo demasiado en dólares, entonces no podemos aumentar los costos. Tenemos que ver la manera de reducirlos. Lo que está proponiendo la Provincia no nos sirve, la dosis es exageradamente alta, tenemos que estar moviendo volúmenes muy grandes para intentar controlar la maleza. Además, nadie nos ha garantizado hasta ahora que sea eficiente”.

 

 

El sector del té, que cuenta con un mayor porcentaje de producción certificada en comparación con la yerba mate, enfrenta desafíos distintos. “En la yerba mate, el porcentaje de producción con certificaciones es bajísimo. En el té, más de la mitad de la producción se elabora bajo normas de certificación, con auditorías y controles estrictos”, detalló y agregó que estas certificaciones implican costos elevados que incluyen auditorías en dólares y acondicionamiento de chacras, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas cooperativas y secaderos particulares.

Insistió en que la falta de aprobación técnica y legal de estos productos alternativos en el país complica aún más la situación. “No tiene aprobación dentro del país, y como trabajamos en el té exportado, que es un producto alimenticio, tenemos que cumplir con las normas del país que nos compra el té. Ahí estamos en serios problemas, porque lo que nos entrega la Provincia no está reglamentado en el país, y pedirles que nos aprueben en Estados Unidos, por ejemplo, cuando no lo podemos regularizar acá, es complicado”.

Klingbeil subrayó la necesidad de una prórroga más extendida para buscar soluciones efectivas. “Hubiera prorrogado automáticamente cinco años más, y otros cinco de ser necesario. No creo que en cinco años vayamos a encontrar una solución definitiva. Esta medida es una forma de tranquilizar el mercado, sobre todo al comprador, y asegurar que podemos seguir trabajando sin interrupciones”, opinó.

El sector está preparado para trabajar en colaboración con el Gobierno provincial para buscar soluciones viables, tal como lo afirmara Guillermo Fachinello en un diálogo previo con FM de las Misiones. Al respecto, Klingbeil afirmó que van a “analizar la cuestión técnica con abogados y plantear las modificaciones necesarias. Cada sector tendrá que hacer lo mismo para encontrar la mejor manera de adaptarse a esta nueva realidad”.

Finalmente, reiteró que la principal preocupación del sector es sobre la certificación. “Las plantas elaboradoras que no están trabajando con certificados, el año que viene tendrán que empezar a cumplir con la norma de no utilización de glifosato. Entonces, si una empresa no pudo lograr la certificación hasta ahora, porque tiene un costo acondicionar el secadero y las chacras, y después las auditorías son en dólares, podemos hacer quebrar a un pequeño secadero particular o una pequeña cooperativa. Es una cuestión a analizar”.

Decreto 1608 prorroga uso glifosato

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Tags: Cristian KlingbeilFM 89.3GlifosatoMisionesPrórroga
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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