Los trabajadores del área de Transporte enrolados en UPCN se declararon en estado de alerta frente a la posibilidad de un nuevo avance del Gobierno nacional sobre organismos descentralizados vinculados al control, la fiscalización y la seguridad vial. La preocupación se instaló luego de que trascendieran iniciativas orientadas a recortar funciones y reducir estructuras dentro de dependencias clave del sistema.
Así lo expresó Diego Rosano, secretario general de la Delegación Transporte por UPCN, quien advirtió que detrás de esas medidas no solo hay una amenaza para las fuentes laborales, sino también un impacto directo sobre la ciudadanía. Según sostuvo, el ajuste impulsado desde el Ministerio de Desregulación podría debilitar áreas esenciales para el funcionamiento del transporte en el país.
“Vienen atacando a distintos entes descentralizados y organismos públicos”, afirmó, al recordar que durante el año pasado ya habían enfrentado un intento similar a través del decreto 461, una norma que, según explicó, “no solo sacaba funciones a nuestros organismos, sino que literalmente algunos desaparecían”.
Rosano señaló que aquel proceso pudo frenarse a partir de la acción sindical y del acompañamiento político en el Congreso, donde finalmente el decreto fue rechazado. Sin embargo, advirtió que ahora el escenario volvió a tensarse, aunque con una estrategia distinta.
“Vuelven con esa idea primaria de sacar las funciones, ya con los organismos salvados, por así decir, pero tratando de desguazarlos, de reducirlos y limitar funciones”, resumió.
La preocupación excede lo laboral
Desde UPCN remarcan que la discusión no debe quedar reducida al plano gremial. A criterio del dirigente, lo que está en juego también es la capacidad del Estado para garantizar controles, responder reclamos y prevenir riesgos en rutas, terminales y servicios de larga distancia.
“El problema acá es doble”, planteó Rosano. Por un lado, mencionó la incertidumbre que atraviesan los trabajadores frente a una posible pérdida de puestos o vaciamiento operativo. Por otro, advirtió que la ciudadanía también podría quedar expuesta si se modifican competencias hoy ejercidas por organismos especializados.
Entre los puntos que más inquietud generan aparece la posibilidad de que parte de las tareas de fiscalización pasen a la órbita de Gendarmería Nacional. Allí se incluyen funciones vinculadas a la seguridad vial y al control del transporte automotor.
Rosano consideró que ese traspaso implicaría un serio retroceso en materia de prevención. “Corren serios riesgos hoy las funciones y las prevenciones que hoy tiene el ciudadano a pie”, sostuvo.
Viajes estudiantiles, controles y asistencia
Para explicar la magnitud del problema, el dirigente puso como ejemplo uno de los controles más habituales que realiza la CNRT , especialmente en temporadas de viajes escolares.
“Cuando se hace un viaje estudiantil, se revisan las unidades, se revisa el descanso de los choferes”, detalló, al subrayar que esas tareas forman parte de una rutina preventiva clave para la seguridad de los pasajeros.
En ese sentido, explicó que la eventual pérdida o dispersión de esas facultades podría afectar el seguimiento de condiciones mínimas en micros y servicios contratados, justo en un contexto donde los episodios vinculados a fallas técnicas o incumplimientos suelen generar fuerte preocupación pública.
Pero el alcance del problema, insistió, no se limita a los operativos de control en ruta. También incluye intervenciones administrativas y sociales que muchas veces resultan invisibles, pero son centrales para miles de familias.
Pacientes oncológicos y personas con discapacidad
Rosano remarcó que entre las funciones que hoy cumplen estos organismos se encuentran gestiones sensibles, como la intermediación para que pacientes del interior puedan acceder a pasajes de larga distancia por razones médicas.
Mencionó especialmente los casos de familias que deben trasladarse con niños para tratamientos oncológicos en el Hospital Garrahan. “Solicitan esos tickets para que la comisión intervenga con las diferentes empresas y les entregue los boletos”, explicó.
También citó la situación de personas con discapacidad que necesitan viajar y encuentran obstáculos por parte de algunas compañías. En esos casos, dijo, la intervención estatal es determinante para garantizar el cumplimiento de la ley.
“Necesitan que nosotros, ante el impedimento de las empresas, tengamos que intervenir para que se lo puedan otorgar”, afirmó.
A partir de ese escenario, UPCN sostiene que cualquier alteración de la estructura actual podría derivar en una mayor desprotección para sectores que ya enfrentan barreras cotidianas.
“No sabemos a qué puerta habría que golpear”
Uno de los aspectos que más preocupa, según Rosano, es la falta de claridad sobre cómo se reorganizarían las funciones y qué pasaría con la atención directa al público en las provincias.
Actualmente, tanto la Agencia Nacional de Seguridad Vial como la CNRT cuentan con presencia territorial en distintos puntos del país, ya sea en terminales, bases operativas o puestos ubicados sobre rutas. Esa red permite que usuarios, pasajeros y familias tengan una referencia concreta ante reclamos o inconvenientes.
“Hoy, como bien vos dijiste, en muchas ciudades y provincias del país están presentes”, señaló el dirigente, al remarcar que esas oficinas canalizan desde denuncias por irregularidades hasta consultas vinculadas con pasajes, equipaje o derechos de los viajeros.
La principal inquietud, añadió, es que no existe información precisa sobre qué ocurriría si esas funciones se trasladan o se reducen. “No lo sabemos”, reconoció, al describir el escenario de incertidumbre que hoy atraviesa al sector.
Esa indefinición abre además un interrogante práctico para miles de usuarios del interior. Si desaparecen las oficinas o se diluyen sus atribuciones, ¿quién responderá frente a una irregularidad, una denuncia o un incumplimiento?
Una mirada federal en disputa
Rosano también planteó que detrás de esta discusión hay una concepción más profunda sobre el rol del Estado en las provincias. Según sostuvo, el Gobierno nacional viene dando señales de que pretende desprenderse de funciones en el interior bajo la idea de que determinados temas deben quedar exclusivamente en manos de cada jurisdicción.
Para UPCN, esa lógica implica un retroceso en términos de federalismo y cobertura territorial. “Nosotros sostenemos que el país cada vez debiera ser más federal”, afirmó, al advertir que muchas de las inequidades existentes entre regiones solo pueden ser abordadas con una presencia estatal activa y extendida.
En esa línea, señaló que el mayor impacto del eventual desguace se sentiría justamente fuera de los grandes centros urbanos, donde el acceso a organismos nacionales suele ser más limitado y, al mismo tiempo, más necesario.
