El Superior Tribunal de Justicia de Misiones “es competente” y deberá resolver los planteos de inconstitucionalidad contra una ley provincial que prohíbe el uso del herbicida conocido como glifosato desde el año 2025 en todo el territorio provincial.
Así lo dictaminó el Procurador General de la Provincia al no encontrar reparos de orden formal en el dictamen judicial N° 52/2024, con fecha 12 de abril pasado, referido a la causa “Expte. Nº 112095/2023 Anderson Jonatan Gabriel y otros C/ Estado de la provincia de Misiones”.
“Resulta evidente que se verifican todos los extremos legales exigidos por el Código de rito y leyes vigentes, para habilitar la instancia y la competencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, para entender en las presentes actuaciones. Así dictamino”, señala el fallo del Procurador, al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN.
En teoría, desde ese momento, el Superior Tribunal tiene un plazo de 30 días para resolver la cuestión de fondo: si la ley sancionada en 2023 por la Cámara de Diputados de la Provincia es inconstitucional o no. Si es inconstitucional se anulan los artículos prohibicionistas. El plazo casi nunca se cumple y pueden pasar años, pero en este caso no porque la prohibición rige desde julio del año próximo.
El tema quedó ahora en manos del Fiscal de Estado de la provincia, que hace el rol de abogado del Poder Ejecutivo y debe emitir una defensa de esa polémica ley, tan cuestionada por todo el ámbito de la producción primaria e industrial, pero defendida por las organizaciones ambientalistas debido a las malas experiencias ecológicas, sociales y sanitarias con el glifosato.
Una vez que el Fiscal expone los puntos de defensa de la ley, la decisión la tendrán que tomar los nueve jueces de la Corte misionera: Rosana Venchiarutti (presidenta), y los ministros: Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva.
Política ambiental
Las tensiones entre Misiones, una provincia con fuerte perfil ambiental, y el glifosato comenzaron en 2018 cuando la Legislatura sancionó una ley que prohíbe utilizar el herbicida en zonas urbanas, luego se amplió a chacras que se encuentren a poca distancia de poblados rurales.
El fundamento más fuerte siempre fue el perfil ambiental, el cuidado de los bosques y las graves consecuencias sociales, ecológicas y sanitarias del químico. De hecho, hay publicaciones en todo el mundo donde la empresa madre, Monsanto, paga cifras millonarias en juicios a personas afectadas.
En 2023 se rompieron los esquemas y Misiones pasó a ser la primera provincia del país (hay algunos municipios previos) que decide prohibir en forma tajante el uso del glifosato en cualquier sitio y cualquier actividad.
Se ampliaron los argumentos, además de la ecología y la salud, se promovió el uso de un herbicida ecológico y ambiental, elaborado en Misiones, que el Estado promete distribuir para cumplir el mismo rol que el glifosato. Sin embargo, productores de la provincia y de todo el país aseguran que no existe en el mundo ningún reemplazante y que ya se han hecho experimentos similares sin éxito.
Cristian Klingbeil, tealero y yerbatero, dijo por ejemplo que: “si existiera un reemplazante que cumpliera las mismas funciones y tenga menor cantidad de químicos, nosotros seríamos los primeros en utilizarlo, pero no existe”.
El sector tealero es uno de los más atentos a esta situación siendo su principal destino comercial Estados Unidos, país donde el uso de glifosato no encuentra objeciones por las autoridades sanitarias.
El abogado Fernando Acosta es el patrocinante de unos 70 productores tealeros, yerbateros y forestales que lleva adelante un planteo de inconstitucionalidad.
“Hicimos esta acción que se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, en virtud del domicilio fiscal que tienen estos productores, y hace poquitos días tuvimos un dictamen favorable por parte del Procurador General, que es quien se expide sobre la competencia y controla que no exista ninguna cuestión de objeción formal a la acción”, explicó Acosta.
El abogado explicó que, en paralelo, hay otra denuncia que realizó la Sociedad Rural Argentina, en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, por el domicilio afuera de Misiones que tienen los impulsores.
En su planteo de inconstitucionalidad, se argumenta que “en el artículo 5 de la ley se delega la reglamentación en el Ministro del Agro. Eso es inconstitucional porque el único que puede reglamentar una ley es el gobernador. No se le puede delegar la reglamentación de una ley a un ministro”, indicó.
Otro argumento es de orden nacional ya que el producto glifosato está autorizado por el SENASA. Y ese organismo es la autoridad competente en todo el país para este tipo de cuestiones.
Flexibilidad de la Provincia
En paralelo a este proceso, el sector tealero mantuvo distintas reuniones con el vicegobernador de la provincia, Lucas Romero Spinelli, y con funcionarios del Ministerio del Agro. No hubo ninguna conclusión. Si bien la Provincia se muestra flexible en los plazos, no acepta modificar ni eliminar los artículos que prohíben.
“Se planteó en más de una vez que posterguen los plazos a 10 o 12 años. No queremos que anulen la ley sino que modifiquen ese artículo que ponía la fecha límite para el año que viene. Varias veces nos dijeron que sí, que está por salir la modificación pero no pasó nada”, dijo Klingbeil, expresidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).
El mismo Romero Spinelli, en declaraciones efectuadas el 8 de septiembre de 2023 a FM 89.3 Santa María de las Misiones, dijo que la Provincia sería flexible con los plazos: “Que los tealeros se queden tranquilos que no seremos inflexibles”, declaró. En aquel momento todavía era diputado y desde diciembre asumió como el segundo del Ejecutivo provincial.
“Siempre hemos apoyado a la producción, siempre hemos apoyado al productor, siempre queremos que obtengan los mejores precios posibles, para que la chacra misionera siga rindiendo cada vez más”, manifestó en la IX Sesión Ordinaria de la Cámara de Representantes de la Provincia, el jueves 7 de septiembre.
En ese momento se ocupó de transmitir “la tranquilidad de que esto es un proceso gradual y la importancia no radica en centrarnos en la palabra prohibir, la importancia radica en centrarnos en analizar las buenas prácticas agrícolas, el manejo de los cultivos”.
Por tal motivo, advirtió que se contemplarán situaciones que puedan atravesar en la producción tealera que está sujeta a más regulaciones que otros productos.
“Por alguna cuestión, si ellos (tealeros) de acá a dos años aplican este producto (el bioinsumo) y van a perder el negocio de la exportación a Estados Unidos, que se queden tranquilos, no vamos a tener inflexibilidad en ese caso y hacer perder el negocio a un misionero”, aseveró.
“Esta ley apunta al cuidado de la salud de nuestros productores y a una producción orgánica que tiene otro valor de mercado también (…) apuntando hacia donde queremos ir como provincia, cuidar la salud, cuidar el medio ambiente y tener una producción que valga más”, expresó.
