La Ley de Bioinsumos, que prohíbe el uso de glifosato en Misiones, de acá a dos años, empezó a impactar “desde ahora” con efectos económicos negativos y consecuencias a los productores y las empresas que se dedican a exportar té, yerba y cítricos, entre otras cosas.
Esta fue la conclusión a la que llegaron los productores y empresarios que se reunieron el jueves en Oberá, en una empresa que prefirieron no identificar, donde analizaron las estrategias para presentar una demanda y solicitar a la Justicia que declare inconstitucional esa norma.
En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, varios participantes de ese encuentro, que pidieron mantener su nombre en reserva, señalaron que las certificadoras de Estados Unidos y la Comunidad Europea empezaron a indagar sobre la situación que causará la prohibición de usar glifosato en las producciones que ellos compran a Misiones.
En la reunión coincidieron que “la afectación de la ley se está produciendo ahora, no dentro de dos años, porque las empresas compradoras están exigiendo que les informemos ‘ahora’ cómo vamos hacer para que los productos no tengan malezas, siendo que no existe ningún reemplazante tan efectivo como el glifosato. Y nos exigen una demostración certificada”.
Explicaron varias experiencias en el mundo donde hubo intentos de reemplazar el glifosato pero los estudios microbiológicos demostraron que se terminan encontrando restos de malezas en las producciones.
Los productores aseguran que el glifosato es el limpiador de malezas más efectivo que existe en el mundo y no tiene reemplazante. Advierten que sin poder usar ese químico, no pueden garantizarle a los compradores la entrega de un producto libre de restos de malezas.
Con este panorama, incluso, hay compradores que ya están poniendo en duda la compra de los próximos años. “Estas empresas multinacionales hacen previsiones con varios años de anticipación y si no les podemos garantizar ahora que nuestro té va a mantener la calidad, van a buscar otro proveedor”, expresó un referente de la industria tealera.
“Están preocupados por la calidad del producto que vamos a tener. En todo el mundo saben que no hay sustituto y desconfían que no se podrá garantizar la entrega de los productos libres de malezas”, aseguró.
“Se debe planificar con tiempo y por eso ellos quieren una solución ahora. Ningún comprador va a esperar hasta 2025 para ver si nuestro té reúne las condiciones fitosanitarias, si no podemos garantizar eso, no nos compran, y la verdad es que nadie puede garantizar nada”, añadió el productor.
A causa de esto, se acordó avanzar en una demanda para que la Justicia suspenda la aplicación de esta ley.
Argumentos provinciales
El Gobierno provincial impulsó la ley con el argumento de que existen estudios que demuestran que el glifosato daña la salud, el suelo y el aire, causando impactos permanentes en la población y el medio ambiente.
Además, se promueve una producción orgánica que sería más rentable debido a que los consumidores pagan precios diferenciados por consumir alimentos más sanos.
Ello sumado a una política de generar un turismo sustentable que busca posicionar a la provincia como un “santuario” ecológico, ambiental y orgánico, también para obtener de esa manera un mercado “exclusivo” de visitantes de alto nivel, generando otro segmento de ingresos económicos.
La aplicación de este herbicida, el más utilizado del mundo, es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental. No existen pruebas contundentes de su peligrosidad, pero algunos países lo están prohibiendo.
La prohibición que fracasó
En agosto de 2022 Sri Lanka autorizó la importación de glifosato y su utilización luego de un experimento fallido de la agricultura orgánica.
El Ministerio de Finanzas levantó la prohibición de importar el popular herbicida con efecto a partir del 5 de agosto de 2022, al tiempo que permitió su importación en el país con el requisito de la licencia de control de las importaciones.
Entre 2015 y 2022 el producto y sus derivados había sido eliminados de la producción para promover una agricultura 100% orgánica con el argumento de “garantizar el derecho del pueblo a una dieta no tóxica”.
Sin embargo, la situación trajo consecuencias como una escasez generalizada de alimentos y “la amenaza inminente de hambruna para su población de 22 millones de habitantes”.
