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Denuncian que intendente renovador ordena fumigar zonas urbanas con glifosato

Desde principio de 2023 el gremio ATE viene denunciando ante los ministerios de Ecología y Trabajo sin lograr que intervengan en un evidente caso de incumplimiento de la ley. El alcalde respondió que “no hay evidencia” de los daños a la salud ni al ambiente. En enero de 2024 seguían fumigando a pocos metros de viviendas.

28 enero, 2024
“NO HAY EVIDENCIA”. El intendente López defendió su accionar asegurando que no hay “evidencias” sobre los daños a las personas y al medioambiente.

“NO HAY EVIDENCIA”. El intendente López defendió su accionar asegurando que no hay “evidencias” sobre los daños a las personas y al medioambiente.

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que el intendente renovador de Hipólito Yrigoyen, Félix López, ordena a sus trabajadores que fumiguen zonas urbanas y rurales del municipio con glifosato para combatir las malezas.

El glifosato está prohibido por ley provincial en todos los ámbitos urbanos de Misiones y su aplicación pasará a ser prohibida en forma total, en todos los ámbitos de la producción de cualquier actividad, a partir de 2025 por otra ley sancionada por la Legislatura e impulsada por el conductor de la renovación, Carlos Rovira.

Lo grave es que desde los primeros meses de 2023 se informó de esta situación a los ministerios de Trabajo y de Ecología de la provincia para que intervengan, hagan cumplir las leyes vigentes y eviten el riesgo de salud que padecen trabajadores y vecinos “sin tener respuestas”, señaló ATE.

Además, el combate a las malezas se puede realizar mediante otros mecanismos, como desmalezamiento y aplicación de herbicidas que no sean contaminantes.

Desde el gremio advierten una clara contradicción entre lo que se sancionó por la Legislatura, con un discurso de provincia “verde” a la vanguardia del cuidado del medioambiente, con lo que ocurre en la realidad, donde este intendente desoye las normas y los ministerios encargados de intervenir no actúan.

En la primera semana de enero se viralizó un video donde dos municipales realizaban tareas de fumigación a la vera de los caminos vecinales a unos 100 metros de una vivienda, en el municipio de Hipólito Yrigoyen. Son entrevistados por un vecino y reconocen que el intendente y el “encargado” les ordenaron efectuar la fumigación con Roundup (nombre comercial del glifosato).

Este municipio está situado en el departamento de San Ignacio, a solo unos 60 km de Posadas, y cuenta con una población urbana y rural de unas 2.500 personas.

La última denuncia

En septiembre de 2023, ATE realizó la última presentación esperando que la provincia intervenga en el conflicto. PRIMERA EDICIÓN accedió a esa denuncia presentada en el Ministerio de Trabajo, con la firma de Miriam López (secretaria general adjunta) y Marcelo Grasiadei (secretario administrativo).

En la misma expresan que “los trabajadores del municipio de Hipólito Yrigoyen una vez más están atravesando situaciones de riesgo en su salud y seguridad a partir de tareas riesgosas, peligrosas y prohibidas que le otorga su empleador”.

Esas tareas consisten “en la fumigación de zonas urbanas con glifosato, sustancia cuya toxicidad y efectos adversos en la salud ya no se encuentran en tela de juicio desde el momento que el propio Estado de la provincia ha prohibido su uso por la ley XVI 124 en determinadas áreas con el objetivo de evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población con glifosato, sus componentes y afines que atenten contra su salud y la biodiversidad”.

Remarca el gremio que la progresividad de la prohibición del uso de glifosato, establecida en la ley sancionada por los diputados renovadores, “está pensada en contextos productivos y no en el caso para optimizar tareas propias del Estado municipal: desmantelamiento de zonas urbanas y peri urbanas que además puede ser realizado de formas que no pongan en riesgo la salud e integridad de los trabajadores ni de la población”.

 

Denuncias previas

Recuerdan que hubo denuncias previas sin ser escuchadas: “La tarea de fumigación en estas condiciones ya ha sido denunciada por ATE a partir de las denuncias recibidas de nuestros afiliados realizándose presentaciones ante el Ministerio de Ecología y este propio Ministerio de Trabajo y al intendente del municipio”.

Se acompañaron materiales probatorios, fotografías y vídeos que dan cuenta de la veracidad de la denuncia y se pidió intervención. “No obstante la situación se repite sin que haya habido información ni respuesta alguna de parte de los organismos antes referidos”.

“Los trabajadores siguen expuestos al riesgo como también la población”, advierte el gremio.
Y agrega que “la situación actual es que a los trabajadores municipales se le ha instruido reiniciar la fumigación en áreas urbanas y periurbanas en las mismas condiciones de riesgo”, denunciando que “no tienen realizadas capacitaciones de manipulación de las sustancias ni de los riesgos, no hay instructivo sobre el procedimiento ni las fórmulas o proporciones”.

Por último se solicita “la suspensión de las actividades de fumigación que fuera encomendada a los trabajadores del municipio” con el argumento de “la existencia de riesgo real, grave e inminente de daño a la salud e integridad de los trabajadores y los vecinos”.

 

La respuesta del intendente

Ante las primeras denuncias presentadas, en abril de 2023 el intendente López respondió por nota a ATE que el glifosato “está prohibido en zonas urbanas pero no en zonas suburbanas y rurales”.
Expresó también que “el municipio está trabajando para reemplazar la poca cantidad que se utiliza por herbicida bio orgánico cuya producción actual provincial no alcanza para abastecer los pedidos de la producción agrícola”.

Y que “se encuentra a disposición de los trabajadores guantes, máscara y ropa que muchas veces se niegan a usar”.

Por último sostuvo que “no existe ningún estudio médico científico que pruebe la afirmación no pudiéndose a la fecha establecer una relación entre el uso de glifosato y determinadas enfermedades”, contradiciendo lo que sancionaron los diputados renovadores en la ley aprobada en la Legislatura.

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Tags: #saludATEFélix LópezGlifosatoHipólito YrigoyenLey de Bioinsumos en Misionesriesgo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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