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“El glifosato es indispensable para controlar malezas”

Asociaciones de productores manifestaron su rechazo a la ley sancionada en Misiones. Sostienen que no hay otro producto que reemplace la eficiencia del químico y cuestionan que no tuvieron participación en las discusiones previas. Temen perder rentabilidad y competitividad.

24 junio, 2023
DEBATE ETERNO. Desde hace décadas hay sectores que cuestionan sus efectos y otros que los siguen utilizando.

DEBATE ETERNO. Desde hace décadas hay sectores que cuestionan sus efectos y otros que los siguen utilizando.

Un importante grupo de asociaciones de productores de Misiones y otras provincias del país expresaron su rechazo a la ley sancionada el jueves, que establece el reemplazo del glifosato por bioinsumos amigables con el ambiente. Sostuvieron que “el glifosato es actualmente una herramienta indispensable para el control de maleza en las diversas actividades rurales de la provincia. El clima cálido y húmedo de Misiones requiere dicho control para hacer viable las actividades”.

En su artículo 7 la norma sancionada el jueves expresa: “Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se establece que esta prohibición entra en vigencia luego de dos años desde su publicación oficial a los efectos de una transición progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos”.

Los firmantes de la carta explicaron que “el glifosato no tiene sustituto eficaz, que actualmente no existe herbicida biológico alguno que lo reemplace y, su reemplazo por otros herbicidas de síntesis química significaría la aplicación de productos de menor eficacia y eficiencia que consecuentemente aumentaría la carga química en los controles de malezas y los costos”.

“Estas circunstancias hacen que el glifosato sea hoy en día la mejor alternativa que asegura a los productores el control eficiente de malezas”, indicaron la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), la Federación de Cooperativas de Misiones, la Sociedad Rural de Misiones, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia), la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA), la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), CONINAGRO y Asociación Forestal Argentina (AFOA).

“Las principales cadenas agroindustriales de la provincia se verían perjudicadas, generándose mayores costos, caídas en la producción, dificultades para certificar bajo estándares internacionales y con ello, restricciones en los mercados comerciales internacionales, con impacto directo en el empleo y la actividad económica, entre otras posibles consecuencias”, añadieron.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también se manifestó en contra de la ley. “Vemos con preocupación lo que está pasando en Misiones, donde se sanciona una ley que prohíbe el uso de productos que se utilizan en otras provincias y también, en otros países. Entendemos esto como un embate a la producción, que atenta contra lo que necesita nuestro país: más desarrollo económico para construir una nueva Argentina con mayores posibilidades”, remarcó.

 

Un ataque a la producción

Por otro lado, la Mesa de Enlace del Campo, integrada por SRA, CRA, FAA y CONINAGRO, también lanzó un comunicado advirtiendo que se trata de un “ataque a la producción del noreste argentino”.

“Aclaramos que no solamente no fuimos consultados, sino que tampoco nos permitieron participar en la Comisión a pesar de haber insistido permanentemente, lo que demuestra un autoritarismo total y ausencia de diálogo”, señalaron las entidades.

Agregaron que “las principales cadenas agroindustriales se verán perjudicadas, generándose mayores costos, caídas en la producción, dificultades para certificar bajo estándares internacionales y con ello, restricciones en los mercados comerciales internacionales, con impacto directo en el empleo y la actividad económica, entre otras consecuencias”.

“Solo para dimensionar, Misiones tiene una superficie de 257.300 hectáreas certificadas en Manejo Forestal Sostenible bajo estándares internacionales, representando más del 60% de la superficie total forestada en la provincia. La implementación de estos estándares internacionales garantiza buenas prácticas en el uso y manipulación de todos los fitosanitarios”, remarcaron.

Por último, la Mesa de Enlace enfatizó que “la medida se sancionó sin una base técnica, ni aval científico. Entendemos esto como un embate a la producción, atentando contra lo que necesita nuestro país, más desarrollo económico para construir una nueva Argentina con mayores posibilidades”.

El productor, exintegrante de APAM, Cristian Klingbeil, señaló a FM 89.3 Santa María de las Misiones que “dos años es poco para encontrar sustituto para controlador de malezas, hasta ahora no hay nada, no conocemos la eficiencia del controlador de malezas y no sabemos el costo económico”.

“Si hay algo que funciona y económicamente es similar a lo que está en el mercado, porque se necesita una ley para prohibir el glifosato. Si hay opciones mejores, más saludables y eficiente, automáticamente se reemplazaría”, dijo.

Por último, dijo que “teniendo glifosato nos está ganando la capuera y el abandono, imagínense sin tener estas herramientas que relativamente son más rentables que el trabajo manual”.

 

Acudirán a la justicia

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) Darío Bruera, indicó que “en todo este tiempo las organizaciones del agro misionero quisimos conocer porqué quieren prohibir el glifosato y nunca nos dieron explicaciones. Nadie del oficialismo nos da esta respuesta”.

Bruera advirtió que “vamos a dar la pelea que tengamos que dar y la Justicia es una de las posibilidades”.

“Los argumentos legales que podamos usar los vamos a usar, está dentro de las acciones ir a la Justicia por supuesto. Esto es una ley, respetamos las decisiones de los representantes misioneros, pero carece de sentido común: sabemos que el glifosato no es agua bendita pero dentro de un paquete tecnológico es una herramienta que posibilita producir de manera amigable con el ambiente alimentos de calidad para miles de misioneros” remarcó.

El productor ganadero agregó: “Tenemos suficientes argumentos para decir que el glifosato es una herramienta, por supuesto que es un agroquímico y contamina, pero posibilita lograr una producción sustentable en la región donde tenemos régimen pluviométrico de 1500 mm, pendientes, sacar el glifosato del paquete tecnológico de estos cultivos significa volver a técnicas ancestrales de trabajo que son labores manuales”.

“Consideramos que es un ataque directo a los productores misioneros porque nos va a dejar en desventaja productiva frente a otras provincias. Vamos a tener que volver a formas primitivas de erradicar malezas, encareciendo el costo”, explicó.

Y descartó efectos negativos en el ambiente o la salud: “El raid que usamos para matar cucarachas es más nocivo que consumir una lenteja o yerba cuyas  malezas fueron combatidas con glifosato. Es un producto que desaparece en contacto con la tierra, la temperatura y la humedad”.

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Tags: FM 89.3GlifosatomalezasMisionesPolémicaProductoresRechazo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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