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¿El plan platita ya no surte efecto?

El ministro-candidato tiene pocos recursos para “incentivar” a los votantes golpeados por la inflación.

28 agosto, 2023

Entre los muchos cambios que se están registrando en la política argentina, podría agregarse uno todavía no advertido: los “planes platita” para revertir malos resultados y recuperar votos también podrían estar en decadencia.

Esa es, al menos, la percepción que tienen por estos días analistas políticos de ambos lados de la “grieta”. Hay escepticismo sobre la posibilidad de que Sergio Massa logre recuperar el favor del electorado en base a inyectar dinero y lubricar el consumo, por varios motivos.

Para empezar, porque no hay dinero suficiente para repartir en un contexto en el que hay metas de reducción fiscal comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. Para seguir, porque no hay plata que alcance a compensar el deterioro que la inflación causó en los ingresos en los últimos años. Pero, además, porque las medidas tradicionales ya no llegan a una masa de trabajadores que se manejan por fuera del sistema del empleo asalariado en relación de dependencia y con protección sindical.

Aún así, está claro, el intento se hará, como lo han insinuado con claridad desde el propio espacio de Unión por la Patria. Se da por seguro que habrá un intento de mejora de ingresos para compensar la inflación, probablemente bajo la forma de un bono de suma fija.

La expectativa se había generado, sobre todo, porque al reclamo se había sumado Pablo Moyano, que forma parte del triunvirato de la CGT pero que, además, es cercano a las posiciones de la militancia kirchnerista.

“El Gobierno ha priorizado el salario de los trabajadores, pero le estamos pidiendo una suma fija como refuerzo paritario, para aquellos trabajadores que no logran empatarle a la inflación”, planteó el líder camionero. Es decir, disimulado detrás de un tibio elogio al ministro/candidato, aparece el recordatorio de la caída salarial y del repunte inflacionario.

Y la realidad es que los números parecen darle la razón a Moyano: el último informe del INDEC confirma que, en lo que va del año, todos los sectores han perdido poder adquisitivo: los asalariados del sector privado cayeron un 2% real, mientras los estatales se defendieron mejor, pero también perdieron un 0,4%. Y muy lejos en la escala de ingresos, los informales llevan perdidos otros 7,8 puntos en el año.

Pero, sobre todo, la expectativa está puesta en la mejora en los planes de asistencia social y en los repartos directos de mercadería en las zonas más pobres del conurbano y las provincias, precisamente el sector social donde el peronismo considera que ha perdido votos -más por abstencionismo que por haberse traspasado al espacio de Javier Milei-.

En el equipo de Juntos por el Cambio dan por descontado que habrá una intensa campaña de reparto de productos como bicicletas, zapatillas, chapas, algo que se ha visto repetidamente en comicios provinciales y municipales. “Lo van a hacer seguro, con la esperanza de recuperar tres puntos en el electorado que no fue a votar en las PASO”, afirma un asesor de Patricia Bullrich.

Una tradición que no sabe de ideologías

La realidad es que nadie podría tirar la primera piedra y mostrarse crítico si se concretara un paquete de medidas que intente mejorar transitoriamente el ingreso. Después de todo, el propio Mauricio Macri lo hizo tras la desastrosa derrota en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2019, cuando quedó 16 puntos debajo de Alberto Fernández.

Aquel paquete, según había dicho explícitamente el expresidente, era una especie de autocrítica y un intento de reconciliación con su electorado. Incluía medidas como la exención temporaria del IVA para alimentos, un alivio en el impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel medio, una moratoria para las PyMEs atrasadas con la Administración Federal de Ingresos Públicos y más dinero volcado a estímulos al consumo a través de planes de cuotas fijas.

Nada muy diferente de lo que suele hacer el peronismo y, de hecho, aquellas medidas habían valido advertencias por parte del FMI, que temía por un eventual relajamiento de la disciplina fiscal.

Lo cierto es que Macri, dos meses después de las Primarias, logró achicar a la mitad la diferencia que le había sacado Fernández, y recuperó 2,7 millones de votos.

Nunca se sabrá si ello fue posible por las medidas de incentivo al consumo o por otros motivos de índole más puramente político, pero lo cierto es que para todo gobierno que se encuentra en situación desventajosa desde el punto de vista electoral, inyectar dinero al mercado resulta una tentación imposible de evitar.

Más cerca en el tiempo, el denostado “Plan Platita” de las legislativas de 2021 logró que el Frente de Todos atenuara la paliza que había recibido en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En la provincia de Buenos Aires, por caso, una derrota por cuatro puntos se achicó a solamente un punto.

Pero quienes han refinado esa práctica hasta el extremo son los hermanos Rodríguez Saá en San Luis, que en las legislativas de 2017 lograron una situación digna de ser estudiada en las cátedras de ciencia política: revirtieron un resultado desastroso en las PASO –Adolfo había quedado 16 puntos debajo de la oposición- y dos meses más tarde ganaron por 10 puntos, quedándose con las dos bancas para el Senado.

¿Qué pasó entre los dos momentos, como para posibilitar semejante recuperación? Hubo una fuerte reacción política, una intensa tarea militante… y un festival de consumo que incluyó el reparto de colchones, electrodomésticos, la aprobación de miles de becas y planes de asistencia social en efectivo. Todo salido de la caja provincial. La noche el triunfo, Adolfo se jactó de su logro: “No hay ningún tratado o manual político que diga que se podía lograr lo que hicimos hoy, pero Alberto me dijo que sí y lo logramos”.

 

Restricción

La pregunta ahora es si Massa está en condiciones de estimular el consumo y darle a cada sector la medida que está esperando, de tal forma que los electores puedan cambiar su malhumor hacia el Gobierno. Y, en principio, los analistas creen que esta vez las cosas pueden ser diferentes. En primer lugar, por falta de recursos fiscales.

Es cierto que el Tesoro está recibiendo más dinero desde el Banco Central por concepto de “adelantos transitorios” -una forma indirecta de emisión monetaria-. ¿Qué tan importante puede ser esa ayuda? Un informe de Fundación Capital destacó que “al menos unos 2 billones de pesos se financiarán con asistencia del Banco Central por vías directas e indirectas”.

Pero aún así hay límites. La consultora LCG advierte que en lo que resta del año el Gobierno deberá renovar en el mercado deuda en pesos por 4,7 billones de pesos, equivalente a un 2,7% del PBI y que “podría verse amenazado ante tanta incertidumbre, demandando mayor participación del BCRA en el mercado secundario”.

Es ahí donde entra el conflicto entre el “Massa ministro” y el “Massa candidato”. El FMI condicionó la crucial ayuda de 8.000 millones de dólares al cumplimiento de la meta fiscal de 1,9% del PBI. Y una estrategia de expansión fiscal para incentivar el consumo comprometería esa situación.

Según una proyección de Daniel Artana, economista jefe de FIEL, aún cuando no hubiera un nuevo “Plan Platita”, Massa tendría que cortar el gasto en más de un punto del PBI para cumplir la meta con el Fondo. Es decir, una situación que el mercado considera improbable, y por eso se espera un mayor nivel de emisión monetaria.

Es por eso que Massa está tratando de enviar, al mismo tiempo, señales de austeridad. Y por eso ya se anuncia que el presupuesto 2024 incluirá un objetivo de “déficit cero” y eliminación de subsidios para sectores que hoy tienen tratos privilegiados.

Pero claro, esas son señales para el año próximo, que en la Argentina de hoy es hablar de largo plazo.

En cambio, para el cortísimo plazo, se apuesta a mejorar el humor con medidas específicas destinadas a sectores con los que Massa quiere reconciliarse, principalmente el campo y las PyMEs industriales. Se prepara una ayuda de 8.900 millones de pesos para insumos que permitan mejorar los rendimientos de trigo y maíz.

También se evalúan medidas de incentivo al sector de la economía del conocimiento para incentivar su exportación.

Y más ayuda a las PyMEs, que en la previa de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ya tuvieron un anuncio de nuevos subsidios para unas 300 empresas con proyectos de exportación, bajo la forma de aportes no reembolsables.

No hay bono que alcance

El problema para Massa es que resulta muy difícil que ninguna de esas medidas pueda compensar los efectos de la reciente devaluación y la aceleración inflacionaria que se espera para las próximas semanas.

Hoy los economistas están pronosticando que en agosto y septiembre el IPC llegará a dos dígitos. Es decir, el efecto positivo de la devaluación se neutralizaría en apenas dos meses, mientras que los trabajadores de los ingresos más bajos sufrirían una erosión inflacionaria difícil de empardar con un bono.

“La dificultad de hacer esta ‘corrección’ cambiaria sin solucionar cuestiones de fondo podría instalar la inflación inercial en dos dígitos para el resto del semestre. Algo que podría contagiar más enojo al electorado”, advierte la consultora LCG. Y la inflación no es lo único: a fines de septiembre se divulgará el nuevo dato de la pobreza -correspondiente al primer semestre- y la expectativa de los analistas es un empeoramiento respecto del 39,2% registrado en el último informe. Advierten que 10 puntos porcentuales de inflación en la canasta básica equivalen a 1,5 millón de nuevos pobres, o una suba de cinco puntos en el índice de pobreza.

El conflicto interno

Massa llegó a la recta final de las PASO con una disyuntiva de hierro: el “Massa candidato” quería hacer promesas dentro de la tónica tradicional del peronismo -es decir, apuntando a la redistribución de ingresos- pero el “Massa ministro” advertía las limitaciones económicas y políticas de un plan para incentivar el consumo.

Es así que el ministro/candidato volvió a generar frustración entre la base militante kirchnerista, que le venía reclamando medidas concretas con impacto en los segmentos de menores ingresos. Por ejemplo, que anunciara un aumento salarial general de suma fija, establecido por decreto, o en su defecto un bono de única vez.

Pasó un encuentro con la Central de Trabajadores de la Argentina y pasó un acto con la cúpula de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y el anuncio no llegó. Todo quedó en discursos con las consabidas frases del folclore peronista y alusiones al movimiento sindical como “la columna vertebral”, pero no hubo anuncio salarial.

El argumento de la base kirchnerista para ese reclamo interno era que se necesitaba que el discurso con promesas de mejora en la economía fuera acompañado con medidas que compensaran la erosión que la inflación produce en el salario.

Sobre todo, porque Massa, que no se olvida de su electorado de clase media-alta, se preocupó por decretar otro alivio para los asalariados de nivel alto que son alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Tras la nueva suba del mínimo no imponible, se genera un alivio para aquellos que ganan 700.000 pesos.

Los síntomas de un discurso anacrónico

Lo que muchos -incluso dentro del propio peronismo- observan con preocupación es que los métodos tradicionales de asistencia social parecen agotados.

Al menos, así piensan quienes analizan el batacazo de Milei y el derrumbe electoral de Unión por la Patria.

La crítica interna es que se sigue hablando a un público de asalariados en relación de dependencia, que gozan de aguinaldo, vacaciones pagas, seguro por enfermedad, indemnización por despido, paritarias con cláusula gatillo y una serie de beneficios que son totalmente desconocidos por la gran masa de jóvenes monotributistas que hacen delivery en moto o trabajos free lance para clientes ocasionales.

Uno de los análisis más comentados en la interna oficialista fue el de José Natanson, politólogo y director de Le Monde Diplomatique, quien escribió: “La idea de que las elecciones se ganan subiendo las jubilaciones o el piso del impuesto a las Ganancias se demostró falsa, hay una parte del drama que no se resuelve con más gasto, que no entra en el IFE, la suma fija o el ‘plan platita’”.

Y advierte que el peronismo sigue sin poder hacer un discurso dirigido a esa nueva masa de trabajadores jóvenes ligados a las modalidades de la economía digital.

“¿Qué tiene el peronismo para ofrecerles a estas nuevas realidades? Su clásico discurso protector, su visión del Estado como igualador social y su apelación a la acción colectiva de sindicatos o movimientos sociales tienen poco que ver con las vidas sufridas, atomizadas y entrecortadas de cada vez más personas”, agrega.

Por supuesto que en las escasas semanas que restan para las elecciones no habrá tiempo de reflexionar sobre estos cambios estructurales del mercado de trabajo y de la sociedad en general. Y por lo tanto, el “plan platita”, aunque sea en una versión devaluada, se impondrá como inevitable desde el punto de vista del Gobierno.

Lo que está por verse es si, como tantas otras cosas en Argentina, también esa metodología electoral se revelará como un anacronismo.

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Tags: #economíaCrisisDevaluaciónDiscursoElecciones presidencialesPeronismoPlan platitaSergio Massa
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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