Eliezer Golemba, hermano de Mario y querellante junto a su madre Irma Komka en la causa federal, destacó ayer que están “muy esperanzados” de hallar a los culpables de la desaparición.
Eliezer es docente en Resistencia, Chaco, pero ayer presenció la primera jornada de trabajo y remarcó que “en primer lugar, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento, a cada una de las instituciones intervinientes, a la Fiscalía Federal, a nuestra representación legal (Rafael Pereyra Pigerl), a las fuerzas de seguridad y al Juzgado Federal”.
En diálogo con este Diario amplió que “la búsqueda continuará y no hay plazo fijo, por el momento, en cuanto a la búsqueda. Hoy (por ayer) se observó y recorrió el lugar y se marcaron los puntos específicos para las inspecciones y las excavaciones. Una labor de planimetría y los primeros movimientos de suelo fueron las actividades del primer día”.
“Confiamos mucho en esta nueva investigación, queremos encontrar los restos de mi hermano para que mi madre pueda despedirlo, para que todos en la familia podamos hacerlo, pero también buscamos justicia para los culpables”.
Hizo la salvedad a su vez que insistió: “Pedimos comprensión en cuanto al manejo de la información, ya que en esta etapa queremos ser sumamente responsables y respetar el trabajo que se está haciendo, sin dar lugar a ningún obstáculo u obstrucción, por ello decidimos compartir únicamente aquella información que la Fiscalía autoriza a socializar. Estamos ante un momento trascendental, después de catorce años confiamos plenamente en el trabajo que se está realizando. Como siempre hemos dicho, lo único que queremos es justicia”.
Procedimiento
Durante diez horas, efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina, bajo la observación y órdenes de la fiscal federal de Posadas, Silvina Gutiérrez, inspeccionaron y comenzaron a excavar en el predio de la Comisaría de la Mujer y seccional Primera de Dos de Mayo, detrás de rastros de Mario Fabián Golemba, desaparecido el 27 de marzo de 2008 cuando regresaba a su hogar en Picada Indumar.
El allanamiento fue amplio y con un operativo de seguridad estricto y se llegó tras poco más de un año de toma de testimonios y análisis del expediente en el fuero federal, pero con actuaciones que se iniciaron hace catorce años sin éxito alguno en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, por entonces a cargo de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat.
La población de Dos de Mayo se conmocionó ayer antes de las 8 con el arribo de una máquina retroexcavadora y patrullas de las tres fuerzas federales mencionadas que vallaron poco más de dos manzanas de terreno y edificio pertenecientes a la Unidad Regional VIII, con cabecera en San Vicente.
El subjefe de la Policía de Misiones, Víctor Eduardo Maj, pudo observar el procedimiento pero no inferir ni tomar decisiones en el mismo, ya que es precisamente la pista policial la que se profundiza en la Justicia Federal y que tiene el expediente bajo la carátula de “desaparición forzada de personas”, delito que prevé penas de prisión perpetua. Vale resaltar que la causa hoy está manos de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata.
Intervienen profesionales en este tipo de rastrillajes e inspección con excavaciones. Son integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Pero también participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense quienes acompañaron a la fiscal Gutiérrez, junto a miembros de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
De fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN se pudo saber que se inició el relevamiento del predio que ya estaba demarcado de manera digital con las imágenes satelitales agregadas al expediente. Con equipos con tecnología georradar se inició la observación para detectar modificaciones bajo suelo o la presencia de elementos extraños. Para ampliar la labor, se utilizaron perros de Gendarmería Nacional adiestrados en la detección de restos humanos.
Poco después de las 12 de ayer, en puntos de más fácil acceso, comenzó a excavar la pala mecánica, sin que se obtuvieran resultados directos en dirección al posible hallazgo de restos óseos.
Hasta las 18 trabajaron con intensidad y bajo el perímetro cerrado para el ingresos de personas ajenas a la pericia. Al ocaso del día se suspendieron las maniobras y se determinó que hoy, nuevamente a partir de las 8, se reinicie la búsqueda.
Las mismas fuentes señalaron que los testigos que se incorporaron al expediente durante el poco más de un año que interviene la fiscal Silvina Gutiérrez, apuntaron que el joven agricultor de 27 años estuvo detenido en la comisaría de Dos de Mayo, hace catorce años.
Hace doce años se excavó muy cerca de la misma comisaría
El 31 de mayo de 2010 un exdestacamento policial de Dos de Mayo fue allanado y se realizaron excavaciones que no arrojaron resultados positivos. Ayer, poco más de diez años después, en la misma localidad pero en dependencias de la comisaría Primera y de la Comisaría de la Mujer se inició un rastrillaje más profundo que el primero cuando la causa estaba en manos de la Justicia provincial en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.
“Los primeros pozos e inspecciones de 2010 no condujeron a nada, porque se sabía que ahí no había nada”, dijo ayer un exinvestigador de la causa que prefiere hoy el anonimato por su “seguridad”.
“Se investigaron cinco puntos o sitios posibles, y uno de ellos es el que comenzaron a excavar hoy (por ayer), los otros son también en Dos de Mayo y todos apuntan a la guardia policial de esta localidad. En su momento no se quiso profundizar y la causa cayó en la nada, hoy parece que el destino quiere lo contrario y ojalá se pueda descubrir dónde está enterrado y quiénes son los sospechosos para ser juzgados”.
Encuadre legal
De acuerdo artículo 142 (Ter) del Código Penal Argentino, la desaparición forzada que se investiga en la Justicia Federal de Posadas, “se impondrá prisión de diez a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
“La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de 18 años, una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”.
“La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida”.
