“El 50% de los privados de la libertad en Misiones no tiene condena firme”

El presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Magno Scherer, charló con FM de las Misiones sobre las distintas problemáticas que atienden.

13/02/2020 13:35

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura tiene la misión de prevenir casos de abusos en las cárceles, comisarías y hogares donde hay personas privadas de su libertad.

En este contexto, el abogado y presidente del organismo, Eduardo Magno Scherer, brindó una entrevista a la 89.3 FM Santa María de las Misiones donde se refirió a las distintas problemáticas que atienden.

“Venimos recorriendo las ocho unidades penitenciarias que tenemos en Misiones con sus distintos anexos y en las más de 130 comisarías. Nuestra principal función es el control y el monitoreo. La política de prevenciones de la Comisión es justamente estar en el lugar, tener contacto personal y reservado con cada una de las personas privadas de su libertad sin presencia del personal de seguridad”, resaltó Scherer.

Asimismo, destacó que “los hechos que más nos interesan son la existencia de malos tratos y hechos de torturas que no solamente son golpes físicos sino que también pueden ser amedrentamientos de tipo psicológicos”.

“Hay malos tratos que hacen a las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, provisión de agua, el uso de ventiladores con el calor, cuestiones que hacen a la convivencia y el hacinamiento”, apuntó.

Y detalló que se encuentran trabajando ante la gran cantidad de personas que se encuentran privadas de su libertad con prisión preventiva en Misiones dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

“Estamos muy preocupados y lo hicimos público el 31 de julio en un informe preliminar. Dentro del Servicio Penitenciario Provincial, de las 1.600 personas tenemos alrededor de 800, el 50% con prisión preventiva o detenidas sin condena firme. Lo de Cristina Vázquez y Lucía Rojas, con 11 y 14 años, son casos paradigmáticos que justamente a nosotros nos llevó a redoblar esfuerzos”, advirtió.

A todo esto, destacó que en los primeros días de enero comenzaron a trabajar con un equipo de asesores técnicos y profesionales en un relevamiento para conocer quiénes son las personas privadas en su libertad sin condena firme, en qué juzgados están sus causas y hace cuánto tiempo están con prisión preventiva.

“Hace tres semanas estuve en la Unidad Penal 2 de Oberá y de los 20 detenidos que entrevisté, encontré tres con más de siete años de prisión preventiva. El otro día fuimos a la Unidad Penal 6 y encontramos personas con entre 8 y 9 años con prisión preventiva. Son personas que están detenidas porque existe algún tipo riesgo procesal porque el juez entiende que puede intervenir en el proceso de investigación o por peligro de fuga. Pero nos parece extralimitado tener a una persona de 8 o 9 años sin una condena. A mi criterio, estas personas tienen que estar libres o en su defecto condenadas”, advirtió.

Sostuvo que “si la Justicia por la razón que fuera se quiere tomar 5, 10 o 30 años para investigar un ilícito lo puede hacer, pero que lo haga con la persona en libertad”.

“Nuestra Constitución dice que nadie puede ser privado de la libertad sin una condena firme y nos encontramos con este tipo de medidas que la verdad que tendrían que ser la última ratio y parece ser la primera medida cuando existen las pulseras electrónicas. Hay 200 pulseras electrónicas a disposición de la Subsecretaría de Seguridad y de Justicia, de las cuales sólo cuatro personas la tienen en la provincia. El arresto domiciliario, existen otras medidas para que se notifiquen en la comisaría del barrio, juzgado o alguna institución pública, hay muchas medidas alternativas”, sentenció.

Luego añadió que esto ocasiona daños no sólo a estas personas, sino que también generan hacinamiento

“La cárceles están al límite, en las comisarías tenemos 500 detenidos, personas privadas de su libertad inclusive cumpliendo condena por delitos de caracteres federales, ellos deben estar en un lugar de carácter federal sujeto a un régimen federal y solventado con gastos federales. Estamos solventando los misioneros los gastos de salud, traslado y logística de presos federales”, observó.

 

Investigaciones

Scherer manifestó que la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura solicitó informes a la Subsecretaría de Seguridad y Justicia y a la Jefatura de Policía de Misiones tras la detención de cuatro jóvenes que asistieron a una fiesta durante la madrugada del domingo pasado, en el Complejo La Aventura, quienes denunciaron haber sido golpeados por personal de seguridad que prestaban servicios en el lugar.

“Buscamos tener una versión oficial, más allá de las versiones que estaban circulando en los medios. Mantuvimos una entrevista con las autoridades de seguridad y el Comisario de la 12ª quien nos expresó que no están vinculados con los hechos. No habría participado en el evento el personal de la 12ª. Sí habrían sido demorados y detenidos en la cocina de la Comisaría, pero por agentes de la Policía que estaban cubriendo adicionales”, detalló.

Anticipó que para atender estos casos, se está avanzando en la separación de la División de Investigación Interna, que se encarga de investigar el accionar de los agentes de seguridad y las responsabilidades en los hechos cuando se extralimitan en las funciones, de la órbita de la Jefatura de la Policía de la provincia de Misiones. .

La idea es separar esta división y ponerla a disposición del Ministerio de Gobierno, conformar un equipo de profesionales y vincularlos a la fuerza, dotarlos de autonomía financiera en un espacio físico distinto al actual, lo que me parece excepcional para darle un marco de transparencia y objetividad”, adujo.