Observatorio de DDHH pidió medidas y sanciones por el caso Vázquez

El Equipo Misionero de Justicia, Género y DDHH interpeló en un escrito al Superior Tribunal de Justicia. Exigió reparación integral y que se expidan por el accionar de quienes fueron la fiscal del caso y la jueza.

11/02/2020 14:07

EN LA JUSTICIA. EL equipo al momento de ingresar el escrito sobre el caso.

Este lunes al mediodía el Equipo Misionero de Derechos Humanos y Género presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un pedido de informe, la aplicación de medidas preventivas y sanciones por el caso Cristina Vázquez.

Se trata de la joven que fue acusada de homicidio y condenada a cadena perpetua sin pruebas, en el marco de una causa plagada de arbitrariedades en sus distintas instancias.

No obstante, finalmente en diciembre del año pasado, tras haber pasado 11 años privada de la libertad, Cristina fue absuelta por la Suprema Corte de Justicia con un fallo histórico y con duras observaciones a fiscales y jueces intervinientes.

“Es muy importante poner de relieve que esto no se trata de una excepción, es por eso que manifestamos preocupación por las sistemáticas prácticas judiciales violatorias de derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Especialmente el de las mujeres, reflejadas en fallos y medidas judiciales que han significado la criminalización y encarcelamiento de manera arbitraria, en algunos casos por más de una década”, se enfatizó en el documento ingresado ayer.

Hay que recordar que, por el mismo caso también había sido acusada y condenada Cecilia Rojas quien recuperó su libertad. Otra persona acusada en la misma instrucción sigue detenida por no haber accedido al recurso ante la Corte Suprema, “derecho que le asiste y que debe garantizar el Estado independientemente de las posibilidades económicas del mismo de acceder a una defensa privada”, se remarcó en el documento.

La presentación se realizó de manos de la profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, Ana María Gorosito Kramer, la abogada Roxana Rivas, su par Eduardo Paredes y las periodistas Cecilia Rodríguez y Alicia Rivas Zelaya.

“No queríamos dejar pasar esto tan grave que hicieron con la causa de Cristina (Vázquez) y por eso elaboramos un escrito formal interpelando al Poder Judicial para que nos informe si, a partir de este fallo y lo que le dice la Corte Suprema de Justicia a nuestro Superior Tribunal de Justicia sobre sus prácticas, están pensando tomar medidas”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la abogada Rivas.

Mencionó que, entre las arbitrariedades observadas por el equipo, también se pueden mencionar otras prisionizaciones y judicializaciones ocurridas en las causas de Librada Figueredo, María Ovando, Victoria Aguirre, Mirian Bogado además de las de Vázquez y Rojas antes explicadas.

“Nosotros requerimos saber qué están pensando hacer para rever y reparar el daño que produjeron a Cristina y a Cecilia dejándolas en una muy mala situación”, aseguraron.

En especial, el equipo requirió al STJ que “se expida sobre quienes aún son parte de este Poder Judicial, como la ministra Liliana Mabel Picazo, la que además a lo largo del desempeño de su tarea de fiscal ha sido responsable de impulsar en nombre del Estado juicios terminados en condena, que hoy consideramos deben necesariamente ser revisados, auditados en pos de la garantía del derecho de defensa y presunción de inocencia, para lo cual el STJ fue interpelado por nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo Vázquez”, se enfatizó.

 

Los reclamos puntuales

Una de las acciones claves para que se visibilice la condena de Cristina Vázquez fue el accionar de su amiga, la periodista y documentalista colombiana Magdalena Hernández, quien durante seis años la visitó en la cárcel y de esas visitas surgió el documental sobre su causa, “Fragmentos de una amiga desconocida”.

“El fallo de la Corte es histórico y por ello remarcamos que se tomen medidas concretas para prevenir la reiteración de estos casos, los cuales consideramos no son aislados sino sistemáticos en nuestro sistema de justicia penal vinculados, según entendemos, a la falta de formación jurídica y en particular, en derechos humanos y género de los operadores judiciales, especialmente de los jueces penales, lo que hoy constituye una abierta desobediencia de la legislación vigente”.

“Por último, reclamamos medidas ejemplificantes, sancionatorias contra los jueces que sin poder oponer buena fe ni alguna razón justificativa, han llevado adelante el juicio contra Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, las han encarcelado preventivamente, las han condenado en varias instancias, sin ninguna prueba material de cargo que lo pudiera fundamentar, sin que respecto a esto último pueda alegarse criterio judicial”, finalizó.