La causa penal contra el exintendente de San Vicente, Waldomiro Dos Santos, por las presuntas irregularidades en la venta de terrenos municipales fue elevada a juicio, después de más de seis años de investigación.
El expediente, iniciado en 2020, también involucra al exsecretario de Hacienda, Hugo Rubén Barovicz, y al exjefe de Recaudaciones, Juan Néstor Ladomiro. La decisión surge de un oficio judicial fechado el 28 de septiembre de 2026, al que accedió PRIMERA EDICIÓN, mediante el cual el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Alberto Casco, remitió las actuaciones al Tribunal Penal 1 de Oberá.
Los tres exfuncionarios están acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real, conforme a la carátula del expediente 63448/2020.
La documentación enviada al tribunal comprende cuatro cuerpos y 785 fojas, además de una serie de incidentes judiciales acumulados durante la investigación. La elevación representa un avance en el proceso iniciado a partir de las denuncias presentadas por la administración municipal que asumió en diciembre de 2019, luego de detectar presuntas maniobras irregulares en la comercialización de terrenos pertenecientes a la Municipalidad.
El origen de la causa
La investigación comenzó en julio de 2020, cuando el actual intendente Fabián Rodríguez denunció a su antecesor y a dos integrantes de su administración por supuestas irregularidades en la venta de inmuebles municipales, principalmente terrenos remanentes de la ex ruta nacional 14.
En aquel momento, PRIMERA EDICIÓN informó que la nueva gestión había encontrado diferencias entre los pagos efectuados por los compradores y los registros contables de la comuna. Rodríguez explicó entonces que habían detectado recibos anulados y operaciones en las que los importes asentados en la contabilidad no coincidían con las sumas efectivamente abonadas por los contribuyentes.
La denuncia se sustentó en un informe elaborado por la Secretaría de Administración y Hacienda municipal, que advertía sobre la ausencia de registros contables y documentación respaldatoria de determinadas operaciones inmobiliarias.
De acuerdo con las presentaciones judiciales, los compradores firmaban contratos con el intendente, abonaban los terrenos en las dependencias municipales y recibían comprobantes de pago.
Sin embargo, posteriormente esos recibos habrían sido anulados en el sistema administrativo, sin que los fondos fueran reintegrados a quienes habían realizado las operaciones. La maniobra denunciada implicaba que el dinero abonado por los particulares no quedara registrado como ingreso municipal, pese a que existían comprobantes originales de las transacciones.
En la denuncia inicial se mencionaron pagos por 3.636.305 pesos, correspondientes a operaciones cuestionadas. Esa cifra pertenecía a los valores de 2020 y no constituye una determinación judicial actualizada del eventual perjuicio económico.
La imputación de 2023
Después de casi tres años de investigación, la causa registró un avance importante en marzo de 2023, cuando el juez Casco convocó a declaración indagatoria a Dos Santos.
El exintendente compareció ante el Juzgado de Instrucción 3 el 20 de marzo de ese año y optó por abstenerse de declarar, en ejercicio de su derecho constitucional.
La imputación quedó encuadrada en los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real. Barovicz y Ladomiro también fueron convocados a indagatoria en el marco de la misma investigación.
En aquella instancia, la Justicia dispuso que Dos Santos continuara en libertad mientras avanzaba el proceso, al considerar que no existían riesgos suficientes de fuga o entorpecimiento de la investigación que justificaran su detención. La imputación se produjo cuando el exjefe comunal buscaba regresar a la intendencia de San Vicente, en el marco de las elecciones municipales de mayo de 2023.
Otras irregularidades detectadas
El historial judicial y administrativo de la gestión de Dos Santos incluye actuaciones del Tribunal de Cuentas de Misiones, que en marzo de 2024 aplicó sanciones económicas al exintendente y a varios de sus antiguos funcionarios por irregularidades detectadas en la administración municipal.
En aquel procedimiento, el organismo provincial formuló cargos pecuniarios por aproximadamente 31 millones de pesos y aplicó una multa de 660.000 pesos tanto a Dos Santos como a Barovicz, además de establecer responsabilidades económicas para otros integrantes de la anterior administración.
Las observaciones comprendían faltantes de bienes patrimoniales, deficiencias en la documentación, irregularidades administrativas y problemas en las rendiciones de cuentas municipales.
Entre los sancionados también figuraba Ladomiro, junto con otros exfuncionarios que habían ocupado responsabilidades en distintas áreas de la comuna.
El expediente llegó a Oberá
El oficio de elevación a juicio, identificado con el número 35126077, fue dirigido al presidente del Tribunal Penal 1 de Oberá y lleva las firmas digitales del juez Gerardo Alberto Casco y de Valeria del Mar Rojas.
Además del expediente principal 63448/2020, el juzgado remitió diversos incidentes vinculados a las actuaciones, entre ellos expedientes iniciados en 2020, 2023, 2024 y 2026.
El documento consigna que no se remitieron elementos secuestrados junto con las actuaciones.
Con este trámite, la investigación pasó de la etapa de instrucción a la instancia de juicio penal, donde deberán examinarse las acusaciones y las pruebas reunidas durante el proceso.
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