La sesión en Diputados para ratificar o no los cambios efectuados a la Ley Bases y la iniciativa de Medidas Fiscales del Gobierno tiene fecha: jueves 27 de junio. Hasta el martes 25, cuando se firmarán los dictámenes, los distintos bloques tendrán tiempo para analizar qué hacer con los distintos aspectos de ambas leyes que quedaron abiertos después de las modificaciones que aplicó el Senado.
También en esa cuenta regresiva se llevarán adelante febriles negociaciones con el Poder Ejecutivo. Hasta la reunión del jueves por la tarde con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los bloques de la oposición dialoguista en Diputados tanteaban a ciegas en la oscuridad de la discusión porque no sabían exactamente cuáles eran las pretensiones reales del Gobierno sobre temas como Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, privatizaciones y moratoria previsional.
Los líderes de estos espacios, como Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto salieron del despacho de la presidencia de la Cámara baja con mayores certezas, ya que Francos les había transmitido cuáles eran las prioridades del Gobierno.
Habiendo cargado esa información en su GPS, ya pueden empezar a navegar en la negociación sobre aguas más limpias. Concretamente, el Gobierno les pidió que rescaten la reposición de la cuarta categoría de Ganancias y el sendero de rebaja progresiva de Bienes Personales, tal como había quedado en la media sanción de Diputados.
Esa es la prioridad número uno. Se podrán restituir esos artículos con apenas los votos de la mitad más uno de los presentes, ya que el Senado las rechazó con esa misma mayoría simple. En segundo lugar, Francos les pidió a los dialoguistas que hagan esfuerzos para reponer todos aquellos aspectos de la media sanción original que tengan la fuerza para hacerlo.
El foco del Gobierno está puesto especialmente en volver a incluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y -quizás- los medios públicos de Radio Televisión Argentina dentro del listado de empresas públicas declaradas privatizables.
La eliminación de la moratoria previsional, que estaba en la media sanción aprobada por Diputados, fue revertida en el Senado. En este punto, el Gobierno prefiere no gastar cartuchos y no interferir en la discusión que inevitablemente se darán los diputados nacionales, para no generar un desgaste adicional.
Suficiente desgaste ya tendrá el oficialismo cuando intente resucitar las reformas del paquete fiscal.Además, la moratoria jubilatoria vencerá el 23 de marzo del 2025, por lo que no tendría demasiada utilidad inmolarse por algo que efectivamente tiene un costo fiscal este año, pero acotado en plazo.
Con el tema privatizaciones hay una discusión reglamentaria, y dos bibliotecas que chocan en la interpretación. Hay quienes dicen que como los recortes en la lista de privatizables ya estaba acordado cuando el texto se aprobó en general en el recinto del Senado (a diferencia de Ganancias y Bienes Personales que cayeron del articulado en la votación en particular), ya no tienen posibilidad de ser revertidos. De esa forma, Aerolíneas, el Correo y los medios públicos quedarían a salvo de cualquier intento de privatización.
Pero en el Gobierno, el oficialismo y algunos bloques cercanos como el PRO y la UCR (a excepción de sus alas díscolas) sostienen que esto no es así y que si Diputados consigue una mayoría más grande que la que consiguió el Senado para tumbar esos artículos, se impondrá la ley del más fuerte y vencerá el texto aprobado por la cámara iniciadora.
Como el capítulo de privatizaciones se votó en particular en el Senado sin una mayoría especial, entonces con mayoría simple Diputados podrá hacer valer su redacción, dicen quienes abonan esta interpretación reglamentaria.
¿Los diputados pueden restablecer artículos?
“No, constitucionalmente hablando, en esta última etapa que va a transitar en la Cámara baja, la Cámara de Diputados como Cámara de Origen puede aceptar las correcciones o adiciones que hizo la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, entonces el proyecto se transforma en ley, o insistir con la redacción original con la misma mayoría que se aprobaron las modificaciones o adiciones que es mayoría simple de los presentes una vez que se da quorum”, explicó Andrés Gil Domínguez.
El abogado constitucionalista afirmó que las facultades delegadas que otorga la Ley Bases son “inconstitucionales”.
“Lo que no puede es insistir con aquellas partes de la Ley Bases o la ley de reforma fiscal que la Cámara Revisora, la Cámara de Senadores, rechazó o no trató. Esto no lo puede hacer porque claramente la Constitución establece que cuando una de las Cámaras rechaza totalmente un proyecto, o parte de un proyecto, porque estamos hablando de género y especie, entonces no se puede volver a tratar ese proyecto en su totalidad o esa parte de ese proyecto en las sesiones del corriente año, se puede tratar recién en las sesiones del año que viene”.
“Esto está claramente establecido por la Constitución, tiene una lógica sentada en el funcionamiento bicameral de nuestro Congreso que requiere para que un proyecto se transforme en ley, que ambas Cámaras se expresen afirmativamente, ya sea coincidiendo o una aprobando con modificaciones o adiciones, pero desde ningún punto de vista se puede considerar que puede existir una ley si una Cámara aprobó y otra Cámara rechazó”, aclaró el constitucionalista.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue a pedirle este viernes a los diputados que restauren los capítulos que tienen que ver con Ganancias y Bienes Personales.
Al respecto, Gil Domínguez dijo que esos cambios “no se pueden hacer, y en todo caso tendrán que presentar otra ley. No dentro del proceso de formación y sanción de estas leyes que aún se debaten en el ámbito del Congreso, y si lo hacen se va a judicializar”.
“Todas las personas afectadas por Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales pueden recurrir a la Justicia, porque se está violando el proceso de formación y sanción de las leyes. Y hay muchas fases de la Corte Suprema de Justicia en donde se ha declarado la invalidez de una norma, de una ley, por violar justamente el proceso de lo que sería una invalidez formal del proceso de formación y sanción de las leyes, que en este caso afecta también un derecho de su parte sustancial, que sería el derecho de propiedad de las personas”, dijo el abogado.
Facultades delegadas
Más adelante, Gil Domínguez afirmó que las facultades delegadas que otorga la Ley Bases son “inconstitucionales” y agregó: “Están habilitando a legislar a través de decretos delegados dictados por el Presidente”.
“Las facultades delegadas o la delegación legislativa aprobada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es, desde mi punto de vista, inconstitucional, porque no responde a los requisitos previstos por la Constitución Argentina para la delegación legislativa, ni tampoco responde a los criterios que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en lo que es la determinación de las bases de delegación, que deben ser concretas, precisas, determinadas, vinculadas a la emergencia que se declara o vinculadas a materias específicas de administración para hacer más eficiente el Estado o para cumplir algún objetivo constitucional dentro del funcionamiento institucional”.
Para el abogado, las dos primeras bases de las tres que se aprobaron son tan amplias, tan indeterminadas, tan imprecisas, que más que darle la posibilidad al Presidente de colegislar durante un año, que es la idea de la delegación legislativa, lo están habilitando a legislar a través de decretos delegados que son dictados por el Presidente y, una vez que se publican en el Boletín Oficial, valen y tienen la fuerza de una ley.
“Es muy grave”
“Me parece que es, desde el punto de vista institucional, muy grave y desde el punto de vista de la posibilidad de hacer una reforma constitucional cubierta del orden socioeconómico, previsto en la Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, le han dado al Presidente una herramienta muy precisa para hacerlo”.
En otro tramo de una entrevista con Perfil, el abogado constitucionalista recordó “a todos los presidentes se les ha dado una delegación legislativa y se lo ha circunscripto a una situación de emergencia, menos a Macri en el período del 17 al 19”.
“Ahora, nunca se le ha dado a un presidente una base legislativa tan amplia y tan indeterminada. Un buen ejemplo es comparar las bases de delegación que se acaban de aprobar con las bases de delegación que se aprobaron oportunamente durante el año 2003 con motivo de la crisis del 2001 durante el gobierno de Eduardo Duhalde”.
“Ahí vamos a tener bien en claro, haciendo una comparación de aquel momento histórico y una emergencia realmente, en muchos campos, verificada, las bases que se le dieron, que eran bases dirigidas exclusivamente a superar la situación de emergencia que se estaba dando en el país. Y las bases de delegación amplísimas que, por ejemplo, le permiten al presidente adoptar cualquier medida legislativa para mejorar la estructura del Estado en pos del bien común. Puede hacer lo que quiera”.
“Todo para los más ricos”
El senador radical Martín Lousteau hizo suya la frase del presidente Javier Milei para devolvérsela como crítica. Dijo que el mandatario es “un conservador fiscal con los jubilados y un degenerado fiscal con los más ricos”.
El presidente de la UCR, que dio quorum para el tratamiento pero votó en contra de la Ley Bases, sostuvo que la norma representa “un beneficio inimaginable de grande para los más ricos entre los ricos”.
“Hay una baja (impositiva) monumental para los más ricos entre los mas ricos y por otro lado a la clase media le vuelve a subir Ganancias, y para los jubilados ¿qué hay? Nada”, remarcó en declaraciones a Radio con Vos.
Sobre los votos favorables de sus pares radicales, marcó la diferencia: “Yo no miro las leyes aisladas, las miro en contexto. Y lo que veo es una recesión monumental, la caída del 33% promedio de las jubilaciones y del 21% de los salarios, además de un caída estrepitosa del comercio y la industria”.
Por qué dio quorum
Lousteau fue el único radical de los 14 en su bloque que votó en contra en general del proyecto.
Y este viernes dio explicaciones sobre su decisión de habilitar con su presencia en el recinto el tratamiento de la ley: “Si no daba quorum les daba una semana más a los que negocian para llevarse cosas y después sentarse la semana siguiente. El no quorum en general es dilatar”.
Sin nombrarlos, apuntó a los senadores de Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano por no presentarse a dar quorum y luego levantarse antes de la votación.
“Estabas amagando con que estabas en contra y después te levantaste y habilitaste las facultades delegadas”, dijo.
Estos senadores habían pedido que primero se trataran la reforma fiscal y la modificación de la fórmula de aumento a los jubilados antes de avanzar con el debate y denunciaron que habían recibido presiones.
Lousteau dijo que en las leyes del Gobierno “no hay nada para los jubilados, ni para reconstruir la obra pública, ni para la PyME”.
Cree que la sociedad “está dispuesta a hacer un ajuste” pero que “hay que ver cómo se distribuye poner el hombro”.
Habló sobre el blanqueo de capitales establecido en el paquete fiscal y dijo que es “el más generoso y menos controlado de la historia”.
Sobre el RIGI, marcó que “baja los controles y da prioridad sobre los recursos naturales”.
“Vamos a insistir con los cambios”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que el oficialismo insistirá con los artículos referidos a Bienes Personales, Ganancias y las privatizaciones.
Sus declaraciones se dan luego de que los proyectos de la Ley Bases y el paquete fiscal regresaran a la Cámara baja, en donde se definirá si se aceptan las modificaciones introducidas.
En diálogo con LN+, Menem aseguró: “Nosotros vamos a insistir con la cuarta categoría, con Bienes Personales, hemos visto algunas cosas buenas en el RIGI. Digamos vamos a ver, vamos hacer una análisis exhaustivo de qué cosas mejoran lo que nosotros entendemos que le sirven a la gente”, manifestó.
“Nosotros vamos a insistir con el tema privatizaciones, creemos que el día que no estemos más, si Dios quiere en 2031, nosotros vamos a tirar a que el presidente esté los 8 años. La batalla cultural va mucho más allá de los 8 años, pero queremos dejar un Estado que funcione y no dejar abiertas puertas, que pueda agarrar el futuro socialismo, si es que todavía queda con algo de poder, para volver a meterse en todas las empresas del Estado y hacer todo el desastre que dejaron en 2023”, alegó.
