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El Grupo Z pidió un boleto a $2.258 en Oberá y le llovieron críticas por mal servicio

En la audiencia pública de este lunes previo a un nuevo "boletazo", el representante de las empresas Next y Tipoka explicó que se debe actualizar "con urgencia" la tarifa de transporte, pero no dio precisiones sobre cómo se llegan ni qué cálculos usó para dar ese resultado.

11 marzo, 2024
Fotos C.Olivera Schuster.

Fotos C.Olivera Schuster.

Las empresas prestatarias del transporte urbano de pasajeros de Oberá piden la readecuación tarifaria y este lunes tiene lugar la Audiencia Pública Nº 21, a pedido del intendente Pablo Hassan, previo a un nuevo “boletazo“, que busca implementar el Grupo Z en breve.

El primer orador fue el representante legal de las empresas Next y Guacurarí (Tipoka SA), Facundo Zárate, quien apuntó que el boleto del transporte urbano de pasajeros debería valer $2.258.

El letrado aseguró que para “sostener” el servicio de colectivos en la “capital del Monte”, se debe actualizar el cuadro tarifario “con urgencia” ya que “la tarifa técnica del boleto es de $2.258”.

También señaló que el costo por kilómetro recorrido de cada colectivo es de $4.530, aunque no se sabe con exactitud quién ni cómo se calcula esa cifra ni tampoco si hay un contrato vigente que obliga al municipio a establecer condiciones para que los usuarios o la Municipalidad cubran esos costos.

Al empresario le llovieron críticas que consideraron “disparatado” el pedido y cuestionaron numerosas falencias e inconvenientes que padecen los usuarios desde hace más de un año, cuando estas dos empresas reemplazaron intempestivamente al prestador anterior.

Ayer entre los concejales circulaba la versión de que el pedido podría tratarse en la sesión ordinaria de este martes 12 de marzo, pero no estaba confirmado.

La audiencia pública se llevó a cabo en el recinto del Concejo Deliberante, donde estuvieron atentos usuarios y oradores.

Entre los considerandos, Zárate explicó que “el Estado nacional ha decidido dejar de pagar los subsidios a su cargo, y respecto de las deudas que tiene con las concesionarias del interior del país, nada dijo ni cumplió”, afirmó e insistió que el Gobierno, siempre abonó los subsidios a las concesionarias con retraso, “alejados en extremo de la realidad inflacionaria”, dijo.

Asimismo, apuntó que “los insumos dolarizados de la actividad tuvieron incrementos agravados por la salvaje devaluación“, agregó mencionando las cubiertas, lubricantes, repuestos, combustibles, el valor de las unidades, actualización de sueldos y los índices de tasas bancarias.

También volvió a insistir con una deuda económica entre el municipio y las empresas.

El boleto actual tiene un costo de $330 pesos en efectivo y $260 con QR, lo que significa que la empresa pretende incrementar casi ocho veces el monto actual. El representante no dio explicaciones sobre cómo se llegan ni qué cálculos usó para dar esos resultados.

 

“Con este sistema nadie está conforme”

El Defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt fue uno de los representantes de los usuarios en la audiencia pública.

Otro de los oradores fue el representante de los usuarios, Carlos Bernhardt, quien explicó que “se deben buscar soluciones alternativas al sistema actualmente vigente porque con este nadie está conforme”.

En los cinco minutos que tuvo para exponer, el Defensor del Pueblo apuntó que “no hace mucho tiempo el intendente (Pablo Hassan) recalcaba a los concejales cuando una ordenanza implicara gastos, debía preverse también de dónde saldrían los recursos. Esto, ¿no es también aplicable a los contratos del transporte urbano?”, se preguntó.

“Dada la situación actual de subsidios del orden nacional y de incertidumbre en lo demás, cabe hacerse la pregunta ¿está la Municipalidad en condiciones de garantizar la integralidad del kilómetro recorrido? ¿en base a qué cantidad de pasajeros? Porque de ahí deriva la diferencia probablemente que deba abonarse. Todo esto me lleva a otros interrogantes ¿Dónde estamos parados?, ¿Qué contrato está en vigencia? ¿El de emergencia, los 8 que se firmaron después o una conjunción de ambos? Así planteada la situación, da la impresión que la única salida es un incremento muy marcado en al tarifa, algo insostenible para la mayoría de los usuarios dada la caída estrepitosa en el poder adquisitivo de los salarios”, resumió.

Asimismo, explicó que “ante este nuevo requerimiento de incremento, debo aclarar que el diseño primario del sistema fue dado bajo el supuesto de que los subsidios de la Nación y la Provincia siempre estarían presentes, comprometiéndose la Municipalidad a garantizar la integralidad del kilómetro recorrido”. 

En definitiva, dijo Bernhardt, “tenemos una concesionaria inconforme, basta ver la cantidad de veces que ha reducido líneas, frecuencias, etc.; una municipalidad que no puede garantizar el kilómetro recorrido ni la prestación de un servicio regular, confiables y de calidad; usuarios decepcionados -para usar la palabra más suave- por unos y otros, siendo siempre los rehenes que pagan los platos rotos y que, de persistir este continuo aumento de la tarifa, no lo podrán abonar, con todo lo que eso significa”, advirtió.

Sobre el cierre, sugirió que “estamos en momentos especialmente difíciles, donde debemos sacrificarnos todos, incluso la empresa prestataria. Se deben buscar soluciones alternativas al sistema actualmente vigente porque con este nadie está conforme”, cerró.

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Tags: audiencia públicaboletazoColectivosGrupo ZTARIFASTransporte Urbano
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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