Año conflictivo. Ya sea por la política, por la crisis económica y por la eterna pelea entre gremios y empresarios por las paritarias. En el caso del transporte público de pasajeros, la incidencia es profunda sobre los usuarios que no tienen otra forma de movilizarse para las diferentes actividades.
Aunque resulte redundante y casi una obviedad, parece que a las autoridades estatales como a las partes en conflicto esta cuestión no les parecería trascendente. En especial, cuando la cadena de los recursos económicos para el sustento del transporte es corta y siempre se corta en el mismo tramo: el que perjudica a los pasajeros.
Nadie puede expresarse en contra de la lucha de los choferes, inspectores, administrativos, mecánicos, entre otros por conseguir un salario mayor cuando la inflación “vuela” en dos dígitos de manera mensual con el inicio del año.
Sin embargo, hay que entender que los usuarios frecuentes del transporte público tampoco tienen la misma chances y, cada paro, los obliga a salirse del presupuesto “finito” con el que sustentan su vida y la de su familia.
Aunque se denoste el rol del Estado en situaciones entre privados (incluso cuando manejan un servicio público concesionado), debería ser el Gobierno quien intermedie para no llegar a las medidas de fuerza.
Es hora de reconsiderar la mala experiencia que se ha vivido en 2023 para no tener que repetirla en 2024 con los paros sorpresivos, el trabajo a reglamento que afectan más el “podado” sistema de las frecuencias diarias; sin olvidar las pésimas unidades en las que se debe viajar en ciudades importantes como Posadas, Garupá, Oberá, Eldorado, etc.
Dejar de complicar a los usuarios sería un paso importante hacia el respeto al otro sin declinar el reclamo salarial.
