El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes con una nueva desregulación del sistema financiero vinculado a empleados públicos nacionales. A través del Decreto 352/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aprobó un nuevo régimen para los descuentos automáticos sobre haberes y derogó la normativa que regía desde 2012.
Aunque el texto aparece presentado como una actualización administrativa, la medida introduce cambios de fondo en el negocio de los préstamos otorgados a trabajadores estatales: flexibiliza el acceso de bancos y financieras privadas al sistema de descuentos por recibo de sueldo y elimina el límite que existía sobre el costo financiero de esos créditos.
Hasta ahora, el esquema vigente establecía que el Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos no podía superar en más de un 5% la tasa de referencia informada por el Banco Nación para préstamos personales. Ese punto desapareció en el nuevo decreto.
En los hechos, la modificación abre la puerta a una mayor libertad para fijar tasas dentro de un segmento considerado especialmente atractivo por entidades financieras: los créditos descontados directamente del salario, que presentan bajos niveles de mora porque el cobro se realiza antes de que el trabajador perciba el sueldo.
El nuevo régimen alcanza al personal de organismos y entidades comprendidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y abarca descuentos vinculados a préstamos, consumos y cuotas sociales.
El decreto mantiene un límite de afectación salarial: las deducciones no podrán superar el 30% del salario neto del empleado público.
Sin embargo, uno de los cambios centrales aparece en el mecanismo de incorporación de entidades financieras. A partir de ahora, bancos y financieras reguladas por el Banco Central recibirán automáticamente los códigos de descuento necesarios para operar dentro del sistema estatal, sin necesidad de presentar documentación adicional.
La medida también habilita la cesión y endoso de créditos entre entidades, permitiendo que las carteras de préstamos puedan transferirse o negociarse financieramente.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que las condiciones macroeconómicas cambiaron desde 2012 y sostuvo que era necesario “actualizar los criterios de deducción de haberes” para promover “esquemas más flexibles” y ampliar la oferta de actores financieros.
El nuevo esquema quedará bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
La decisión se inscribe dentro de la política de desregulación impulsada por la administración libertaria y suma un nuevo capítulo a la flexibilización de mecanismos financieros y administrativos dentro del sector público nacional.
