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Oberá: reclaman que Hassan garantice el servicio de colectivos y presente las actas de infracción contra el Grupo Z

Uno de los pedidos lo realizó la concejala obereña Mara Frontini donde insta al jefe comunal a mostrar una copia de las actas labradas contra el Grupo Z por falta de servicio en Oberá. Asimismo, reclama que "asegure el transporte público" para los obereños.

18 enero, 2024
Imagen ilustrativa

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En medio de la creciente preocupación por la irregularidad en la prestación de servicios de las empresas de transporte urbano Next y Tipoka en Oberá, los usuarios de diversos barrios expresan su malestar ante la reducción de frecuencias, afectando el acceso puntual a sus trabajos y centros de salud.

Ante esta situación, la concejala Mara Frontini, comunicó a través de sus redes sociales que le pidió al intendente Pablo Hassan a tomar medidas inmediatas para garantizar un servicio eficiente y transparente.

La solicitud del Concejal incluye el envío de copias de las actas de infracción labradas por el Poder Ejecutivo Municipal a las empresas mencionadas, conforme a la Resolución emitida por la misma entidad. En una carta dirigida al Intendente, Frontini destaca la importancia de conocer las sanciones impuestas a las compañías por su falta de cumplimiento y exige detalles sobre las acciones tomadas para asegurar la calidad del transporte público en la ciudad.

“Insto al intendente Pablo Hassan que me envíe copia de las actas de infracción labradas por el poder ejecutivo municipal a las empresas de transporte Next y Tipoka por prestaciones irregulares de los servicios según la resolución emitida por el ejecutivo municipal”, expuso la funcionaria.

Asimismo agregó: “…que me informe sobre las sanciones impuestas a las empresas por falta de cumplimiento y que me envíe copia de las actas de infracción labradas a las empresas Next y Tipoka por prestaciones irregulares de los servicios según la resolución emitida por el Ejecutivo Municipal”.

En tanto, recordó que fue el propio Intendente Hassan quien solicitó el aumento de tarifas para las empresas de transporte, respaldado por la aprobación de los 6 Concejales Renovadores. “..fué el mismo Intendente quien pidió el aumento para las empresas de transporte y fueron los 6 Concejales Renovadores quienes aprobaron el aumento”. 

Por último, comentó que vecinos de barrios como Docente, Las Palmas, Norte y 180 Viviendas han expresado sus dificultades para llegar puntualmente a sus destinos debido a la merma en la frecuencia de los servicios de transporte urbano. En este contexto, Frontini insiste en la necesidad de que el Ejecutivo Municipal cumpla con la Resolución vigente y lleve a cabo las acciones correspondientes, incluyendo la emisión de actas de infracción y su posterior envío para su conocimiento público.

La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades ha llevado a que la comunidad exija transparencia y eficiencia en el funcionamiento del transporte urbano. Los usuarios esperan que el intendente y el Poder Ejecutivo Municipal tomen medidas inmediatas para resolver esta problemática y garantizar un servicio de calidad que responda a las necesidades de los habitantes de Oberá.

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Tags: #OberáColectivosGrupo ZMara FrontiniNext y TipokaPablo Hassan
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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