Una mujer fue detenida en la localidad bonaerense de Tigre, acusada de integrar una organización que reclutaba civiles, ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia a cambio de una remuneración mensual de 3.000 dólares. Su pareja, señalada como coautor de la maniobra, permanece prófuga y se encuentra en Brasil, según la investigación judicial.
El procedimiento fue realizado por el Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
La investigación comenzó en marzo de 2026, cuando cuatro hombres que estaban a punto de viajar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino final a Ucrania despertaron sospechas durante controles realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En un primer momento, los viajeros afirmaron que se trasladaban para trabajar en una empresa de construcción encargada de reparar daños ocasionados por los ataques rusos. Sin embargo, al ser entrevistados por separado, sus versiones presentaron inconsistencias.
Los investigadores detectaron que ninguno sabía quién había comprado los pasajes, quién los recibiría en destino ni cuáles serían sus tareas específicas. Tampoco contaban con dinero suficiente, pasajes de regreso o contratos laborales.
Ante esas contradicciones, los cuatro terminaron admitiendo que en realidad habían sido reclutados para incorporarse al frente de combate en Ucrania. Según declararon, les habían prometido un salario cercano a los 3.000 dólares mensuales y les aseguraron que el contrato sería firmado una vez arribaran al país europeo.
Además, manifestaron que habían acordado inventar la historia del supuesto empleo en la construcción porque los reclutadores les advirtieron que podrían ser detenidos si revelaban el verdadero motivo del viaje.
A partir de esas declaraciones, la Justicia ordenó impedir que abordaran el vuelo e inició una causa por presunta trata de personas. La pesquisa permitió identificar a los presuntos reclutadores, una pareja domiciliada en Tigre, y reconstruir la logística utilizada para trasladar a las víctimas hasta el aeropuerto.
Con esos elementos, el juzgado dispuso un allanamiento en una vivienda de esa localidad bonaerense, operativo que contó con la participación del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), personal especializado en cibercrimen, trata de personas y grupos de contención.
Durante el procedimiento fue detenida una mujer argentina mayor de edad, mientras que su pareja no fue encontrada. La investigación determinó que había salido del país con destino a Brasil el pasado 29 de junio.
En el allanamiento se secuestró el teléfono celular de la acusada y se detectó que poseía una plataforma utilizada para operar con criptoactivos, donde registraba fondos que ya habían sido congelados por orden judicial.
Los investigadores informaron que en la vivienda no se halló documentación vinculada al delito de trata ni personas que pudieran ser consideradas víctimas al momento del operativo.
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