Creados por decreto 1.945 en el año 2018, cuando Hugo Passalacqua ejerció su primer mandato como gobernador de la provincia, los programas de fomento del consumo Ahora Misiones cumplieron más de cinco exitosos años.
Llegaron a atravesar la etapa más dura vivida por los argentinos en los últimos tiempos: la pandemia de COVID que paralizó al mundo. Sin embargo, fueron el motor de demanda de bienes y servicios donde confluyeron el sector público con los privados y las entidades bancarias.
Brevemente, la Provincia subsidiaba tasa de financiación (se llegaron a dar 20 cuotas sin interés con algunos programas), los bancos ponían un porcentaje de devolución con sus tarjetas (especialmente el Macro con la masividad de ser el agente financiero del Estado misionero) y el comercio adherido también aplicaba un descuento. Hasta no hace muchos meses, había devoluciones de hasta el 41%.
Tal fue la repercusión que tuvieron los Ahora Misiones, que los sucesivos gobiernos nacionales fueron aportando recursos para incrementar devoluciones y sostener el financiamiento sin intereses.
Aun los dirigentes mercantiles empresarios más “libertarios” reconocen todavía hoy el valor que tuvieron los Ahora Misiones frente a los Ahora nacionales o los créditos financieros con altas tasas que ofrecían las entidades del rubro.
Con la llegada de Javier Milei, la Nación emprendió la retirada y el Ahora Misiones +41% desapareció. Quedó alrededor de una docena de programas subsistiendo pero con una fuerte reducción de cuotas sin interés (1, 3 y 6 como máximo), lo que llevó a algunos comercios a salir de las propuestas.
Hace poco tiempo, en ese mismo camino, el Banco de la Nación Argentina dejó de formar parte de la iniciativa bajo la conducción libertaria.
Queda poco tiempo, hasta el próximo 31 de marzo, para decidir el futuro de los Ahora que financia únicamente Misiones. Son varios millones de pesos que se invierten para que los comercios adheridos puedan generar algunas ventas. Pero gran parte de los emprendimientos atraviesa una fuerte crisis y ni siquiera están dispuestos a hacer descuentos y esperar los tiempos del financiamiento bancario porque buscan el efectivo.
La recesión en la frontera está golpeando fuerte, con comercios que pidieron el procedimiento de crisis como antesala a un cierre y la pérdida de puestos de trabajo en una actividad con mucha influencia en la economía. Paraguay, en particular, puede volver a hacerse muy competitivo en precios a partir de la inflación de dos dígitos que sacude al país sumada al acumulado del año pasado.
De ocurrir, como tibiamente se nota en los combustibles desde esta semana, el impacto será aún mayor en el sector que no la está pasando nada bien. La cadena es simple: los salarios se congelaron, el poder adquisitivo se achicó, las ventas se retrajeron y las cuentas no le cierran a nadie. Ni siquiera al Estado nacional que promovió esta política recesiva, porque deja de recaudar nada menos IVA por las menores ventas. Ello empuja hacia atrás también la coparticipación de provincias y municipios… y todos entran en crisis.
Como parte de la “sensación térmica” sobre qué pasará con los Ahora, PRIMERA EDICIÓN estuvo indagando si el Ahora Patente, para pagar el Impuesto Automotor en 10 cuotas sin interés y con la devolución de una de ellas, volvería a ponerse en marcha como cada marzo o a más tardar abril. La fuerte suba del impuesto, debido a la mayor valuación de los vehículos, hizo que muchos no pudieran hacer frente a los pagos y quedaron a la espera del “salvador” Ahora IPA.
La respuesta que salió de la Rosadita es que “técnicamente el programa venció el 31 de diciembre y no se renovó. Y, por ahora, la intención es no renovarlo salvo que el Gobernador defina lo contrario”.
Ayer venció la segunda cuota del IPA de 2024, una fuente de financiamiento no solo de la Provincia sino de los municipios para tiempos de “pobreza” recaudatoria.
Volviendo al origen de la cuestión, el Gobierno provincial habría reiterado el interés de que la Nación retorne con el apoyo para sostener los Ahora. La respuesta inicial fue negativa pero el camino al Pacto de Mayo -con la discusión legislativa del DNU 70/2023 y la nueva Ley Ómnibus- podrían cambiar el curso de las cosas.
El poder del lock out
El riesgo de monopolizar los servicios públicos es el poder de manejo y dominio que se puede otorgar a una empresa para hacer lo que quiera.
Misiones vivió esta semana dos casos muy concretos, donde los únicos que perdieron son los ciudadanos que dependen de esos servicios para su vida cotidiana.
El primer caso se dio con el transporte público de pasajeros (corta distancia y metropolitana de Capital y Zona Centro) en manos del Grupo Z. Con la salida de Bencivenga, la Municipalidad eligió a Nuestra Señora del Rosario para la explotación de las líneas hasta que se resuelva la licitación pública. Entonces, el Sistema Integrado y el servicio urbano quedó en las mismas manos. Los pasajeros “zafaron” del paro nacional de choferes de UTA cuando la Provincia de Misiones se comprometió a darle más plata a las empresas, para que cumplan las paritarias.
Sin embargo, el Grupo Z no depositó a los choferes ese dinero girado por el Gobierno provincial y la UTA resolvió un paro de 17 horas en gran parte de la tierra colorada, no solo para corta sino también para la media distancia. La empresa Río Uruguay (que tenía Bencivenga en Posadas) sí pagó y Apóstoles e Iguazú tuvieron urbanos.
Las casualidades no existen: ese paro inducido por el accionar empresario empujó a la Municipalidad de Posadas a llamar el mismo día del paro a una audiencia pública para el próximo jueves, donde se tratará el “boletazo” que se viene en abril. Ganó el Grupo Z, perdieron (y perderán con el aumento de boletos) los usuarios.
El mismo camino siguió el Concejo Deliberante de Oberá, con el llamado a audiencia, aunque unos días antes de la maniobra empresaria.
En Eldorado, por ejemplo, pasaron 24 horas sin colectivos porque ETCE (del Grupo Horianski) hizo algo similar que su “faro” posadeño.
Camino a la definición sobre la licitación de líneas, sea el Grupo Z o el Grupo H no les espera a los pasajeros el mejor augurio. Porque de ambos saldrá el nuevo concesionario por los próximos ¡10 años! Y con un “tendal” de ineficiencia en los servicios que prestaron hasta ahora.
El segundo caso se dio con Energía de Misiones SA. La pésima comunicación de la empresa sobre las tarifas hizo que los usuarios recibieran las abultadas (en algunos casos impagables) facturaciones de consumo de febrero, presumiendo que se debía a la quita de subsidios de la Nación. Sin embargo, no es tan así. Entonces, cuando el humor popular se acrecentó, pusieron en sus redes sociales la recomendación de bajar el consumo porque la quita de subsidios iba a generar “fuertes” incrementos.
Entre tanto malestar (vale la pena pararse unos minutos en las oficinas de atención al público para escuchar a quienes van a reclamar), son muchos los que reciben un trato incorrecto de los “servidores públicos”, cuyo discurso es imponer las decisiones de la monopólica empresa de electricidad.
Sin justificar la violencia, que debe ser repudiada siempre, “Bombita” Berrios se enfureció después de esperar nada menos que dos años una respuesta, el mismo destrato y viendo a sus vecinos con energía eléctrica y su familia (con tres niños) sin el servicio.
Si el directorio de EMSA saliera a preguntar qué percepción tienen los usuarios de la empresa que dirigen, tendrían el insumo suficiente en las respuestas para buscar un cambio de accionar.
Algo similar se aprecia en empresas concesionadas como SAMSA para el agua potable y las cloacas y en muchas cooperativas. El salto que tuvieron las facturas de agua en Posadas y Garupá fue enorme y, muchas veces, sin la comunicación anticipada que obligaba la Ley de Defensa del Consumidor.
