El recambio institucional de autoridades en la Defensoría del Pueblo de Posadas trajo aire nuevo para el primer encuentro público en el que se esperó conocer qué posición iba a adoptar respecto del servicio de transporte en la ciudad como sobre la calidad de la prestación, ante la discusión de un nuevo incremento que se podría convertir en el más importante conocido hasta ahora, ya que sería sin los millonarios aportes de la Nación en subsidios compensatorios.
Marcando mucha diferencia con Alberto Penayo (defensor saliente), su sucesora Valeria Fiore fue preparada para explicitar datos y no relato como demostró una vez más su forma de actuar la representación del Grupo Z.
En esa preparación reveló los datos de una encuesta de opinión realizada sobre usuarios del servicio de colectivos urbanos de la capital misionera.
El resultado no sorprendió (casi un 70% no está satisfecho con el servicio) pero sí que haya sido un estamento clave para los pasajeros quien oficialice la insatisfacción, los temas más relevantes que la población sigue esperando soluciones y no justificaciones.
Precisamente en la Audiencia Pública se pudo ver al encargado de hacer que se modifiquen en beneficio de los posadeños, funcionario al cual los vecinos le pagan el salario con sus contribuciones, dedicando su tiempo a justificar a las empresas porque los pasajeros apenas pagan el 25% del precio del boleto.
Está en marcha una licitación de las frecuencias más trascendentales pero no se conoce un plan oficial municipal de qué se exigirá a las empresas, para que el nuevo comienzo traiga algo más mejoras para viajar en el servicio de colectivos urbanos. Si no, como se percibe en mayor medida, la audiencia solo habrá sido catarsis.
