El mega decreto de desregulación económica y laboral del presidente Javier Milei enfrenta un panorama incierto en el Congreso de la Nación.
Al rechazo inmediato del peronismo, la Coalición Cívica y la izquierda, luego se sumaron voces críticas del radicalismo y los partidos provinciales, que si bien aclararon que comparten algunos de los objetivos de fondo, rechazan la forma en que decidió avanzar el Gobierno libertario.
A través de un comunicado, la Mesa Nacional de la UCR le pidió a Milei que convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para poder tratar cada iniciativa por separado. “Por la vía del DNU resulta imposible hacer este trabajo, porque solo se puede aprobar o rechazar en su totalidad. Y en el contenido hay cuestiones positivas, pero también otras muy preocupantes”, señalaron desde el partido que ahora conduce Martín Lousteau.
En ese sentido, pidieron al Poder Ejecutivo que envíe al Congreso un proyecto de ley “espejo”, es decir, que contenga los mismos puntos que el DNU pero que sea debidamente tratado por ambas Cámaras.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, también manifestó su desacuerdo con la vía elegida por Milei.
“El momento histórico, de cambios y de emergencia no da licencia para el vale todo y un pragmatismo desmedido”, planteó. Aunque reconoció que “algunos de esos cambios” podrían acompañarlos si se trataran en el Congreso como corresponde.
En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto, flamante presidente del bloque Cambio Federal, lamentó que el Presidente gobierne “contra el Congreso”.
“Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, aclaró, dejando en claro que sus objeciones también se centran en las formas y no en el fondo de las medidas. También advirtió que el DNU podría ser cuestionado “fuertemente” ante la Justicia debido a que no está justificada “ni la necesidad ni la urgencia”.
“Las repercusiones han sido importantísimas, hasta en las filas propias estaban sorprendidos en el nivel de profundidad de la decisión y les aviso que hay más, pronto se van a enterar”, sostuvo el jueves el Milei al defender el mega decreto de desregulación de la economía.
Hasta el momento, quienes mayor respaldo expresaron por las medidas anunciadas fueron los diputados del PRO, en lo que parece un guiño político hacia los libertarios.
Sin embargo, los 40 diputados encolumnados detrás de Cristian Ritondo y los 38 libertarios necesitan sumar muchos aliados si quieren “blindar” las decisiones de la administración de Milei.
Teniendo en cuenta que el bloque de Unión por la Patria tiene 101 miembros y el Frente de Izquierda suma otras 5 bancas, un acuerdo político con el radicalismo (34 bancas), la Coalición Cívica (6 bancas) y Cambio Federal (9) le daría una mayoría holgada -155 votos- para rechazar el DNU en la Cámara baja, ya que necesita 129.
En el Senado, tan solo un acuerdo entre el Unión por la Patria, que tiene 33 escaños, con el radicalismo, que cuenta con 13 bancas, permitiría superar los 37 votos para alcanzar la mayoría simple. Además, podrían sumar a Unidad Federal y Juntos Somos Río Negro.
Contrataciones sin renovación
A través de otro decreto de necesidad y urgencia, el presidente Javier Milei dispondrá que todas las contrataciones de empleados públicos de este año no serán renovadas.
La norma comprenderá las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023.
En tanto, exceptúa a las contrataciones al personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación.
También al personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada con que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
En la administración del Gobierno central, hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.
Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales
