Las asociaciones de productores y empresas vinculadas a las actividades agropecuarias tomaron la decisión de acudir a la Justicia y solicitar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial de Promoción de los Bioinsumos sancionada hace tres semanas por la Cámara de diputados, donde se establece en su artículo 7 un plazo de dos años para eliminar completamente el uso del glifosato en las chacras misioneras en todos los cultivos.
Los sectores del agro tomaron esta decisión luego de que el Poder Ejecutivo promulgara esa norma, hace una semana, sin responder al pedido escrito que le efectuaron de vetar el artículo 7 hasta que se encuentre un sustituto igual de eficiente que el glifosato y que sea certificado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Las entidades vienen teniendo conversaciones telefónicas a diario para coordinar las acciones en conjunto de ahora en adelante. Hay un acuerdo de actuar en bloque. Es así que resolvieron una serie de reuniones para esta semana, hoy sería en Oberá, el miércoles en Andresito, el jueves en Eldorado y otra en Capioví.
En esas reuniones se analizarán los dictámenes técnicos elaborados por los abogados contratados especialmente para esta tarea, se agregarán o quitarán definiciones y se resolverán los pasos a seguir, aunque están todos de acuerdo en promover un planteo de inconstitucionalidad.
Matías Pamberger, de la Sociedad Rural de Misiones, confirmó a PRIMERA EDICIÓN que “si los abogados terminan los bosquejos para la presentación judicial nos vamos a reunir. Eso estamos esperando todos” y agregó que “la idea es comparar entre todos, ver si falta algo que agregar o revisar” antes de la presentación.
Por su parte, el abogado Fernando Acosta, asesor de una de las cámaras empresarias del sector, indicó que “tenemos un análisis realizado sobre esta ley y hemos encontrado deficiencias muy graves que vamos a plantear en una acción de inconstitucionalidad”.
En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN señaló que “la primera falencia es que el artículo 5 delega en el Ministerio del Agro la facultad de dictar la normativa necesaria y complementaria para la aplicación de la ley. Esto implica una violación a la Constitución Provincial porque el Ministerio no tiene competencias para reglamentar una ley, lo debe hacer el Poder Ejecutivo”.
En el mismo sentido, explicó que “el artículo 1 dice que la ley establecerá un marco regulatorio que no existe, no aparece nunca en el texto, y se termina delegando la reglamentación al Agro, lo cual implica una clara contradicción y esa delegación está prohibida en el artículo 6 de la Constitución Provincial donde se aclara que ningún Poder puede delegar sus funciones en otro Poder”. El marco jurídico se debió haber creado en la misma ley aprobada por los diputados.
Acosta precisó, además, que el artículo 116 de la Constitución misionera determina, en el inciso 17, que es el Gobernador, “como jefe de la Administración, el único con facultades de reglamentar leyes”.
Al respecto del artículo 7 que prohíbe el glifosato, el abogado indicó que “la utilización de este producto se encuentra autorizado por las autoridades nacionales” como el SENASA. Y “una ley provincial no puede desoír una norma nacional, eso implicaría otra violación constitucional”, expresó.
Sostuvo que la ley misionera establece sanciones para quienes no cumplan, que se encuentran establecidas en una ley nacional donde el uso del glifosato no se encuentra sancionado, debido a que se encuentra aprobado por el SENASA. Otra contradicción.
El profesional aseguró que la semana próxima se discutirá el dictamen técnico y se avanzará en un acuerdo de todos los sectores para impulsar la presentación en la Justicia provincial. “Además, alguien que tenga domicilio fuera de la provincia puede hacer la misma presentación de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó.
Opiniones cruzadas
Los legisladores renovadores y el Gobierno provincial consideran que hay suficientes informes e investigaciones en todo el mundo donde se confirma un alto nivel de toxicidad de este producto, y en base a eso sostienen la prohibición dentro de un plazo de dos años. Mientras tanto, se abre un período de transición hacia la Agricultura orgánica y sustentable.
Desde el Gobierno señalan que se deben cuidar los “bienes comunes” como el suelo, el aire y el agua, entre otros, para garantizar un medio ambiente sano a las generaciones del futuro, profundizando un perfil ambiental para la provincia.
Del otro lado, los productores aseguran que no existe ningún informe oficial que confirme la toxicidad y que las autoridades nacionales permiten la utilización de producto en todas las actividades agrarias. Además, aseguran que los bioinsumos elaborados en Misiones ni en ninguna otra parte del mundo no tienen la eficiencia del glifosato, por lo tanto, no tendrán el mismo resultado.
Sin poder usar este químico, que sirve para eliminar las malezas que crecen alrededor de los cultivos, esas tareas se deberían realizar a mano, contratando mano de obra, encareciendo varias veces el costo de producción.
Además, aseguran que los misioneros consumen gran cantidad de alimentos (carne, frutas, verduras) provenientes de otras provincias donde se utiliza el glifosato, con lo cual esta prohibición no hará que dejen de consumir alimentos con glifosato sino que, solamente, provocará un encarecimiento interno.
