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“Como funcionaria y obereña, espero de verdad que el Grupo Z se vaya”

Lo afirmó en diálogo con FM de las Misiones Luciana Barella, Defensora del Pueblo Adjunta de Oberá. Crece el malestar en la Capital del Monte por el mal servicio.

4 julio, 2023

Luciana Barella, Defensora del Pueblo Adjunta de Oberá, en diálogo con la radio de PRIMERA EDICIÓN detalló el calvario que viven los usuarios del transporte urbano en la Capital del Monte por el mal servicio del Grupo Z.

El pasado 13 de junio, en el marco de la medida de fuerza convocada por UTA en todo el país, las empresas prestatarias del servicio de transporte público en la ciudad iniciaron el paro total. Una vez levantada la medida de fuerza, los usuarios creyeron que el servicio se restablecería, pero eso no ocurrió ya que las empresas comenzaron a funcionar con recortes de líneas y frecuencias.

“Los usuarios nos encontramos con horarios reducidos, teníamos menos del 35% de las líneas funcionando”, indicó Barella, agregando que esto significó un problema enorme para un gran número de usuarios del transporte urbano porque había barrios en los que directamente no pasó ningún colectivo. A su vez  las únicas líneas que estaban en funcionamiento llevaban pasajeros “hasta el tope” y por ende pasaban de largo en muchas paradas, dejando a las personas sin poder volver a sus hogares o ir a sus áreas de trabajo.

“Todo esto sin previo aviso que es la gran problemática y sin obtener información ni respuesta de nadie. Nadie se está haciendo cargo”, lamentó  y fue más allá al contar que por ejemplo reciben como respuesta un “pasa lo mismo que en la ciudad de Posadas”, una respuesta más que disparatada.

“Desde que el grupo Zbikoski entró a la ciudad de Oberá hicimos más de veinte pedidos y a partir del mes de junio hicimos cuatro solicitudes desde la Defensoría donde le pedimos a la Intendencia que mediante su poder de policía  se haga cargo y rehabilite (el servicio) y que inclusive ponga las sanciones correspondientes a la empresa para volver a poner en normal funcionamiento al  transporte público”.

Barella recordó que el año pasado se creó el área de Movilidad Urbana que es el nexo entre las empresas, el intendente, la Defensoría y los usuarios. Es la que debe encargarse de este tipo de problemáticas pero la realidad demuestra que eso no está sucediendo.

“Yo lo llamo al área como una pared que pusieron para no perjudicar a los funcionarios públicos. Es la pared que está recibiendo todos los golpes pero que en realidad no nos está dando las respuestas solicitadas”, relató.

 

Bronca que se puede resumir en un “todo mal”

Incumplimiento de horarios, reducción de frecuencias,  exigencias que no se cumplen, quejas que no encuentran oídos en los funcionarios que deben responder por el mal funcionamiento del Grupo Z, hicieron que los usuarios “ vayan cargándose de bronca e impotencia” y comiencen a revelarse y  a exigir un servicio de transporte urbano como se merecen.  Así lo hicieron en el día de ayer por ejemplo cuando se unieron para manifestar su bronca y reclamos en pleno centro de la ciudad.

“La verdad, como funcionaria y como obereña espero de verdad que la empresa ( Grupo Z) se vaya. Estamos muy  disconformes”

Para colmo, el 24 de julio a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante se realizará la audiencia pública para tratar la suba del boleto urbano. 

La funcionaria dijo que no hay que negar que la escalada inflacionaria provoca en el sector del transporte aumentos de los insumos, pero que “es un disparate” que el Grupo Z quiera pedir un aumento del boleto cuando la realidad demuestra que presta un servicio deficiente.

“Pretender un aumento en este momento donde hace un año y una semana exactamente que está la empresa en esta ciudad y donde no han cumplido jamás las mínimas exigencias que se le pedía y sin tener sanción alguna, siento que es una tomada de pelo”, dijo tajante reiterando que el servicio que presta el Grupo Z es muy precario.

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Tags: #OberáDefensoría del Pueblo de OberáFM 89.3Grupo ZLuciana Barella
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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