Los usuarios de colectivos del Departamento Capital de Misiones volvieron verse perjudicados este martes por un sorpresivo recorte del servicio por parte de las empresas que pertenecen al Grupo Z.
Lo llamativo es que las empresas no comunican estas medidas y las personas terminan siendo sorprendidas en las paradas, perdiendo horas de su tiempo, llegando tarde a sus compromisos u obligaciones, sin tener nadie a quien reclamar por estas injusticias. Y lo peor de todo es que la gran mayoría no tiene la opción de elegir otra empresa debido a que el Grupo Z concentra el 90% de la totalidad del negocio en Posadas, Garupá y Candelaria. La otra empresa brinda el servicio en forma normal.
Se desconoce si el Estado realiza algún control o aplica alguna sanción por esta situación que se viene repitiendo desde hace varias semanas.
Los usuarios de los barrios más alejados esperan que este tipo de maltratos que reciben sean tenidos en cuenta por el Gobierno a la hora de establecer las nuevas tarifas, que se determinarán después de la audiencia pública “no vinculante” que se llevará a cabo el jueves 29 de junio en el Centro de Convenciones de Posadas.
También se reclama que en Posadas se le renueve la concesión y que se abra un proceso de licitación amplio y transparente, que permita el ingreso de nuevas empresas para que la competencia le obligue a mejorar el servicio en beneficio de los usuarios.
El boletazo que se viene
Sin mucha expectativa, solo para conocer los montos de aumento que pedirán en el pasaje, a las 9 de mañana está convocada la audiencia pública para “cocinar” el nuevo boletazo en Posadas.
Desde el lunes ya se conoce que en Garupá y Candelaria la empresa tiene autorización de los intendentes Raúl Ripoll y Carlos Flores para subir casi 100% el costo del boleto, de una sola etapa, aunque todavía no comenzaron a aplicarlo.
Se estima entre los usuarios de Posadas que dar a conocer los aumentos en los dos municipios más chicos fue una maniobra “entre el Gobierno y las empresas” para “amortiguar” las críticas y las quejas que provocará el duro golpe al bolsillo que sufrirán los miles de usuarios con el aumento que se otorgará en Posadas.
Se estima, como mínimo, que también será de 100% con lo cual el boleto con SUBE no bajará de 90 pesos mientras que sin la tarjeta costará arriba de 120.
Quejas por el servicio
“Todos los días viajamos como ganado en las horas pico, amontonados porque no ponen más colectivos”, dijo una mujer llamada Norma en una parada del barrio San Isidro.
“Ahora quieren volver a subir el boleto pero el servicio que ellos prestan no mejora nunca”, se quejó Susana, en la estación de transferencia.
“Nosotros creemos que tienen que venir otras empresas, porque estamos cansados de los abusos. Ellos hacen paro cuando quieren, recortan las frecuencias cuando quieren y suben el boleto todos los años. Parece que nadie los controla”, agregó indignada.
Sergio Sotelo, un empleado de comercio que usa el colectivo cuatro veces al día para concurrir a su trabajo en el microcentro, explicó que “acá es una lotería en los últimos meses. Hacen paro por reclamos salariales, después te sacan líneas porque quieren subir el boleto, al mismo tiempo nos enteramos que les dan cientos de millones de pesos todos los meses y les están ampliando el negocio a Oberá y Eldorado. Entonces quiere decir que plata no les falta, es un abuso y vemos que el Gobierno apaña todo lo que hacen estos empresarios”.
En Oberá las quejas se multiplican porque las empresas sacan y modifican rutas de un día para el otro, recortan horarios y frecuencias, cambian recorridos y modifican el servicio prácticamente todas las semanas, sin informar a los usuarios ni recibir intimaciones del Municipio.
Audiencia pública en Oberá
Ayer el Concejo Deliberante obereño aprobó la convocatoria a audiencia pública para evaluar un incremento en la tarifa de colectivos urbanos.
El pedido no fue hecho por las empresas Next y Guacurarí, sino por el Área de Movilidad Urbana municipal mediante una nota enviada al Departamento Ejecutivo (al intendente Pablo Hassan) que es el ente responsable y regulador del servicio.
Este pedido llega en un contexto de fuertes críticas de los usuarios, reclamos y cuestionamientos por la deficiencia del servicio y el recorte de frecuencias en forma arbitraria y discrecional.
La audiencia pública será el 24 de julio a las 9 y los usuarios pueden inscribirse para participar desde el 14. Se estima que habrá una fuerte oleada de críticas contra un servicio que llegó, supuestamente para modernizar el funcionamiento pero está causando más problemas y trastornos que la empresa anterior.
Si bien no hay una cifra de cuánto podría aumentar el boleto, algunos choferes extraoficialmente aseguran que “van a pedir 200 pesos”. Pero se sabe que es una estrategia pedir una suma exagerada para después acordar un monto menor. La última actualización fue en diciembre cuando se elevó el pasaje único a 70 pesos sin tarjeta y 66 con el plástico.
La ventaja de la SUBE nacional
Otro de los pedidos frecuentes que se escucha entre los usuarios es el de la SUBE nacional, que otorga numerosos beneficios y que arrojaría un manto de transparencia sobre la cantidad de boletos que vende a diario el Grupo y que solamente son declarados por los supuestos controles de la empresa SUBE Misionero, que fue creada con fondos aportados por el mismo Grupo Z.
La SUBE nacional otorga, por ejemplo, una “Tarifa Social Federal SUBE” que significa un descuento del 55% en el transporte público, otorgado por el Estado nacional en conformidad con la resolución N° 384/2021 del Ministerio de Transporte, a los siguientes grupos: jubilados y, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), beneficiarios de asignaciones y programas (Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Programa Jóvenes con más y mejor trabajo, Seguro por desempleo, seguro de capacitación y empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa PROGRESAR, Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, Pensiones no contributivas).