La suboficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que fue denunciada por estafar a sus camaradas y allegados con gestiones en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para obtener viviendas familiares, fue detenida ayer al mediodía por orden del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, tras la seguidilla de presentaciones que se radicaron en su contra durante las últimas horas.
En un edificio anexo del SPP de calle Rocamora casi avenida Tambor de Tacuarí, la subadjutor de 32 años fue demorada cuando firmaba las notificaciones sobre su pase a disponibilidad de la fuerza de seguridad, tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN el martes y luego de la trascendencia que tomó la publicación del domingo 21 de agosto, cuando el primer caso salió a la luz, también de manera exclusiva.
La detención se concretó en la dirección mencionada y luego que efectivos policiales fueran hasta su domicilio en la chacra 150 de Villa Cabello y no la encontraran. Esto aceleró la decisión del juez Verón quien fue comunicado que la funcionaria se encontraba en el anexo del SPP pasadas las 11.30. De inmediato ordenó que la retuvieran allí y le realizaran los primeros análisis médicos para su posterior traslado a la comisaría Tercera de la Unidad Regional I, de avenida Uruguay y calle Ambrosetti.
Fuentes consultadas por este Diario remarcaron que la penitenciaria no se opuso al procedimiento y fue esposada y conducida luego a un patrullero de la seccional respectiva.
La aprehensión se produjo cuando comenzó a trascender información sobre embargos en la Justicia Civil que la sospechosa acarrea desde 2021 por similares episodios de engaños a terceros con ofertas de viviendas.
“Contacto político”
Una empleada pública provincial se presentó en septiembre de 2021 en un juzgado civil de la Primera Circunscripción e inició el embargo al salario de la agente involucrada luego que se negara a devolverle 200 mil pesos que le habría dado a cambio de una vivienda en el barrio Itaembé Guazú.
Como parte del cuento o engaño, la víctima hasta recorrió la manzana donde se construía su futuro hogar, siempre de acuerdo a los trámites que manejaba la agente del SPP a través de “un contacto político”.
En diálogo con este medio, la denunciante dijo haberle “creído todo, porque parecía manejar poder en el ámbito político o al menos dentro del IPRODHA para adjudicar casas”. El documento que la gestora le firmó en una escribanía posadeña, venció en abril pasado y no sólo el inmueble no fue entregado, tampoco le adjudicaron y menos aún cuenta como aspirante firme al beneficio en el organismo estatal.
“Cuando venció el pagaré me pidió que se lo renovara porque la casa estaba demorada pero había que esperar confiados porque el trámite estaba en manos seguras (…) Mi madre y mi hermano me acompañaron la primera vez a entrevistarme con ella y a los tres nos embaucó ya que decidimos darle no todo el dinero que nos pedía, 350 mil pesos, le entregamos 200 mil y el resto cuando los papeles aparecieran o las llaves de la casa”.
Esta denunciante remarcó que “cuando comenzó a no responder los mensajes ni llamados decidimos con mi familia salir del tema pero denunciarla en la Justicia. Por consejo de un abogado fuimos a un juzgado civil y comercial para pedir el embargo de sus bienes y salario. Al menos buscábamos que parara de estafar. No me respondió más sobre el dinero, sólo decía ‘ya iniciaste el embargo, vamos a esperar a ver qué pasa’”.
“Me llamaba la atención la habilidad para engañar, porque se muestra como una persona cuerda, seria, creíble. Hablaba con certeza, conocía oficinas y puntillozamente cada uno de los trámites en el IPRODHA. Estaba empapada en el tema y además es una funcionaria del Servicio Penitenciario, todo nos indicaba que debíamos creerle. Ahora tenemos bronca y nos parece una chorra”.
La ahora detenida, aguardará ser notificada de la imputación y podrá presentar un defensor particular para ser indagada en el Juzgado de Instrucción 3.
Vale recordar que, la señalada como estafadora, fue ascendida de agente a suboficial (cabo) en 2021, luego que sus calificaciones pasaran de 87.90 en 2019 y 77.90 en 2020, a 100.
Fue trasladada a labores administrativas en el Centro de Atención Integral del Personal Penitenciario (CAIPP) y el mismo día de la denuncia, 16 de junio de este año, fue ascendida de auxiliar a integrante de la CAIPP. Con anterioridad trabajó en el taller de cocina de la Unidad Penal V de Mujeres y en la Dirección General del SPP.
La designación en la CAIPP, de acuerdo a fuentes vinculadas al SPP, habría sido “acelerada” por un alto funcionario del Poder Ejecutivo provincial.
