El Gobierno provincial y la Justicia dieron ayer dos nuevos pasos para cobrarle la deuda que supera los mil millones de pesos a la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO).
El primero fue a través de la resolución 157/22 de la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, que designó a Midori Natasha Kariyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera de la CELO. La mencionada se presentó con custodia de la Policía de Misiones al mediodía de ayer para informar de su función y comenzar a solicitar información.
El segundo, tal como lo anticipó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN, lo dio el Juzgado Civil y Comercial que lleva la causa de Energía de Misiones contra la entidad obereña, que habilitó la presencia de diez funcionarios de la empresa provincial (contadores y abogados) para intervenir la recaudación diaria en la sede central de la Cooperativa como en otros tres lugares (una estación de servicios, un supermercado y una productora audiovisual) donde se cobran las facturas de la deudora.
Esta situación no tiene precedente conocido en la relación entre EMSA y una cooperativa para hacerse del pago. Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN los integrantes de la empresa energética provincial permanecerán varios días para intervenir las bocas de cobro hasta hacerse de los mil millones reclamados.
En la resolución a la que accedió este Diario, la ministra Rodríguez pidió a Kariyama emitir “un informe pormenorizado de todas las instalaciones, listado de personal, estado de situación financiera actualizada de ingresos y egresos semanal e histórica, participar con voz en las reuniones del Consejo de Administración, otorgándosele a esos fines todas las facultades que emanan del estatuto y reglamentos de la Cooperativa, como así mismo las provenientes de la legislación vigente con la obligación de la entidad de suministrarle toda la información requerida para el fiel cumplimiento de su misión”. Es una auditoría in situ que tendrá la conducción de Pedro “Pilo” Andersson en adelante.
En uno de los considerandos, la Ministra admitió que se tomó la determinación “atento a que la grave situación económica y financiera en la que se encuentra la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, pone en riesgo la provisión de servicios públicos esenciales, para la comunidad, sus asociados y usuarios”.
Y puntualizó antecedentes como conflictos laborales que derivaron en actuaciones de Trabajo; 73 denuncias por falta de servicio de agua potable que recibió la Dirección de Comercio de la provincia; el plazo de vencimiento de la concesión del servicio de energía; y la judicialización del conflicto con EMSA.
