En la mañana de este jueves, los representantes del sector de productores y de asociaciones yerbateras y del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) Jonás Petterson, Marcelo Hacklander y Nelson Dalcolmo presentaron en el Juzgado Federal de Posadas una acción declarativa de certeza, la cual también es conocida como acción declarativa de inconstitucionalidad, la cual está relacionada a la resolución 170 y las atribuciones que tiene el Instituto para tomar este tipo de medidas.
En la ocasión, Dalcolmo explicó a la prensa que “venimos en representación de nuestras asociaciones y de nuestros productores; como así también en defensa del INYM”.
Comentó que “presentamos un escrito a través del cual le pedimos al juez que nos brinde una declaración de certeza. Es decir que nos presentamos como productores para que el juez nos diga y nos aclare sobre la resolución 170 del Instituto”.
“El sector de la producción pidió que se ordene la actividad yerbatera, por medio de la resolución 170 del INYM y Nación avaló la misma. Por ley el Instituto tiene la facultad de eso y lo que estamos haciendo es reclamar está declaración de certeza con todos los antecedentes que hemos entregado al juez”, sostuvo.
Jonás Petterson indicó que “consideramos que el pedido que le hicimos al INYM en relación a la limitación de plantaciones es un derecho y está incluido en la ley de creación del INYM. Es fundamental que un juez federal avale está resolución”.
Agregó que “es una picardía que una empresa por intereses económicos quiera salir del planteo de ordenamiento del sector. La Justicia tiene que ser justa para todos”.
Cabe recordar que el conflicto judicial entre la gigante yerbatera de Apóstoles, La Cachuera, y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) llegó a principio de este mes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si suspende la resolución Nº 170, como planteó la industria, o la sostiene como pide el INYM.
Se debe a que a fines de noviembre un juez federal de Corrientes, a pedido de la empresa misionera La Cachuera, dio lugar a una medida cautelar que busca dejar sin efecto la resolución 170 que limita a un máximo de 5 hectáreas las nuevas plantaciones anuales del producto.
