El conflicto judicial entre la gigante yerbatera de Apóstoles, La Cachuera, y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) llegó este miércoles 1 de diciembre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si suspende la resolución Nº 170, como planteó la industria, o la sostiene como pide el INYM.
El expediente llegó a la Corte por dos vías. La primera: el juez federal de Posadas, José Luis Casals, pidió la competencia de caso a su colega de Paso de los Libres (Corrientes), Gustavo Fresneda, y como éste se negó, Casals envió un escrito a la Corte solicitando que sea la encargada de resolver el pleito. La segunda: la Cámara de Apelaciones de Corrientes devolvió el expediente al juez correntino y se declaró incompetente, ordenándole que envíe a la Corte la causa.
Desde el nacimiento, el pleito tenía destino de terminar en la Corte, ya que un juez correntino no debería ser competente para intervenir en un conflicto entre dos partes que tienen domicilio en Misiones. Desde ese punto de vista, nunca se pudo justificar el accionar del magistrado de Paso de los Libres, donde ni siquiera existe una sola planta de yerba.
Lo que hizo el juez Fresneda es suspender la resolución Nº 170 del INYM, a pedido de La Cachuera, justificando que se le estaba impidiendo a la empresa ejercer el derecho a trabajar en una industria lícita.
El INYM reaccionó presentando, el pasado viernes, una nota al juez Casals solicitando que sea el magistrado competente en el caso. Casals solicitó al correntino que le envíe el expediente, pero Fresneda se negó y mandó todo al Tribunal de Alzada de la Capital correntina, desde donde le respondieron este miércoles que no son competentes para intervenir en el caso de dos partes domiciliadas en Misiones. Y le ordenaron que remita el caso a la Corte.
Pero mientras tanto Fresneda logró el objetivo de suspender la resolución hasta que la Corte resuelva si se aplica o no. Y en ese trámite pueden pasar muchos meses.
La resolución atacada
La mencionada resolución debe entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2022 y establece que ningún productor de yerba puede plantar más de cinco hectáreas nuevas por año. El objetivo del Instituto es controlar el crecimiento de la superficie yerbatera para evitar una sobreproducción que haga caer los precios que perciben los productores.
Actualmente la yerba se está pagando alrededor de 50 pesos por kilo de hoja verde, equivalente a 50 centavos de dólar oficial, el mejor precio en muchos años para la materia prima.
La intención del Instituto es mantener un stock regulado y permitir que cada productor pueda incrementar su plantación en un máximo de 5 hectáreas por año.
El fundamento de La Cachuera es que tiene proyectos para plantar mil hectáreas en los próximos años y la medida del INYM atenta contra su derecho empresarial.
El debate de fondo
El debate de fondo, que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es si el Instituto Nacional tiene y tendrá en el futuro la potestad de regular el crecimiento de la actividad yerbatera.
Si la Corte falla a favor de La Cachuera, las grandes empresas privadas podrán plantar grandes superficies en terrenos propios y dejarán de comprar a los pequeños productores misioneros. En el mejor de los casos tendrán stock propio como para decidir las condiciones de pago en los casos que necesiten comprar. En el peor de los casos, dejarán de comprar a los pequeños productores o le comprarán a precio vil.
Si la Corte falla a favor del INYM, se confirmará lo que dice la ley de creación del Instituto: que tiene facultades para regular la actividad yerbatera.
El presidente del organismo, Juan José Szichowsky, dejó en claro el lunes en una conferencia de prensa que “vamos a defender el modelo que incluye a los pequeños productores”.
INYM saldrá a controlar
El síndico del Instituto, Emilio Joulia, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “por ahora la resolución Nº 170 se encuentra suspendida para La Cachuera” por decisión del juez de Paso de los Libres. Pero confía en que la Corte va a revertir la situación.
Mientras tanto, hasta que la Corte resuelva el tema, pueden pasar muchos meses y esa posibilidad preocupa a las autoridades del organismo.
Consultado acerca de ese panorama, Joulia explicó que “el INYM va a salir a controlar, para eso tenemos un cuerpo de inspectores que se va a encargar de corroborar cuánto planta cada productor”.
“Después, cuando se tenga el fallo de la Corte, veremos si aplica la sanción que establece la resolución Nº170 o se aplica la medida del juez que deja suspendida la limitación de nuevas plantaciones. Pero mientras tanto, el INYM no dejará de actuar” señaló Joulia.
