INYM apeló fallo de juez correntino y denunciaría a La Cachuera por violar la ley de defensa de la competencia

29/11/2021 12:40

(Foto M.Fedorischak),

 

El Instituto Nacional de la Yerba Mate apeló al fallo del juez federal de Corrientes que, a pedido de la empresa misionera La Cachuera, dio lugar a una medida cautelar que busca dejar sin efecto la resolución 170 que limita a un máximo de 5 hectáreas las nuevas plantaciones anuales del producto.

Además, el organismo analizará toda la documentación para, de ser pertinente, denunciar a La Cachuera ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por violar la ley y hacer “abuso de una posición dominante” y de mayor “poder económico”.

El presidente del INYM, Juan José Szichowsky, dio este lunes una conferencia de prensa donde remarcó que “vamos a defender el desarrollo de la actividad económica yerbatera con muchos actores” porque “acá claramente hay dos modelos en puja: el modelo que defendemos nosotros de una producción que incluya a muchos productores y que favorezca el crecimiento cooperativo; y otro modelo de concentración de industrias y de producción que solo busca maximizar la rentabilidad”.

Junto a Szichowsky estuvieron en la sede del organismo, el representante del Gobierno de Misiones Ricardo Maciel, el síndico Emilio Joulia y la asesora legal Marta Cantelli.

Szichowsky dijo estar “sorprendido” porque una empresa misionera acuda a un juez de Corrientes para demandar a un organismo que tiene sede en Misiones. Dijo que el fallo del juez también ataca al Estado nacional porque el Ministerio de Agricultura de la Nación “avaló” la resolución 170 del INYM y que “a nosotros la ley de creación del INYM nos obliga a darle sustentabilidad a la actividad, la visión es tener muchos actores, tareferos, productores, secaderos y molineros”.

“Una vez planteada esta acción por La Cachuera, la conducta debemos analizar si está lesionando el interés general. Ninguna empresa puede hacerlo. En este caso la empresa que quiere plantar miles de hectáreas puede lesionar a miles de pequeños productores. De ser así estaría infringiendo la Ley de Defensa de la Competencia que impide que haya supremacía de unos sobre otros. Vamos a analizar con la parte legal del Instituto, si se lesiona el interés general vamos a realizar la denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia”, anticipó el presidente del organismo.

“Sabemos que la ley nos da la razón, pero también nos da la ética y el sentido social de la actividad, que sin miles de actores no tiene sentido. No queremos la concentración económica ni monopolio ni oligopolio”, agregó.

Y advirtió: “Vamos a ser inflexibles, buscando el desarrollo pero con justicia para todos. Que no haya solo uno o dos beneficiados. La decisión que tomó este juez, lejos de donde está la gente trabajando porque en Paso de los Libres no existen yerbales, pone en riesgo toda nuestra cadena de valor, su decisión afecta a miles de pequeños productores y cosecheros”.

Y explicó las razones: “una norma de este tipo podría producir una superproducción de yerba, habilitando a plantar miles de hectáreas, destruiría los precios y le daría ventaja económica solo a una o dos grandes empresas”.

 

Los mismos que importan

El representante del Gobierno misionero, Ricardo Maciel, fue duro contra la empresa al afirmar que “casualmente, las empresas que atacan la resolución 170, son las que más importaron yerba canchada de Brasil y Paraguay en los últimos dos años. Y no lo hicieron por falta de materia prima sino por una pequeña diferencia de precio”.

“Traen yerba de otros países y dejan de comprarle a productores que hasta hace poco le bancaban la venta de canchada a 360 días”, recordó.

Y arremetió afirmando que “con esto están buscando generar más presión, generar más volumen para tener márgenes de ganancias mayores. Están presionando para bajar el precio de la materia prima”.

Recordó que “en 2001 las causales de la baja de precio era la sobre oferta, es lo que están buscando, generar sobre oferta para bajar el precio”.

“La construcción del precio no es solo por la decisión del INYM cada seis meses, sino también generando condiciones de que el productor tenga mejores precios. Por eso también estamos buscando como restringir la importación de yerba mate desde Brasil y Paraguay”, indicó Maciel.

Argumentos judiciales

Por su parte, el síndico de la empresa, Emilio Joulia, indicó que “acá está en juego la institucionalidad del Instituto Nacional. La norma madre, de creación, le obliga a intervenir cuando hay exceso en la oferta y demanda. El Instituto está obligado a intervenir y dictar medidas que ordenen el crecimiento regulado de toda la cadena yerbatera”.

“Acá no solo hay un conflicto de competencia territorial de jueces que están disputando la situación sino casi un conflicto de poderes, porque se está cuestionando desde el Poder Judicial de una provincia que no es el juez natural de esta empresa ni del Instituto, se está cuestionando las facultades regulatorias del Instituto”, afirmó.

Y la apoderada de organismo, Graciela Cantelli, agregó que “el juez es incompetente, su propio fiscal le dijo que no debía intervenir, el juez decidió intervenir en este expediente y decidió dictar la sentencia. Nos entristece que no nos haya la posibilidad de explicar el interés público comprometido en este tema”.

Enfatizó Cantelli que “el mismo día que el INYM hizo su presentación por la afectación a la familia agraria, en el mismo momento el juez firmó la medida cautelar. Es decir que no hubo lectura ni análisis de lo que planteó el Instituto”.

Explicó que el juez federal de Posadas ya pidió que remitan el expediente pero el correntino se negó y decidió que se eleve a la Cámara Federal de Corrientes. “Entendemos que ante conflicto de dos jueces federales de distintas provincias que no tienen órgano de alzada común le corresponde intervenir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”

Y sostuvo que La Cachuera no arguye otros fundamentos que los económicos en su planteo. “Manifiesta que habría lesión a su derecho de trabajar en industria lícita”.

En este sentido, el síndico agregó que “la Ley Nacional de Defensa de la Competencia castiga el abuso de posición dominante. Acá en el fondo de la cuestión pareciera que hay una clara intención de abusar del poder dominante del mercado”.

“Imaginen que en tres o cuatro años quieren plantar mil hectáreas” y quiere introducir 20 millones de kilos al mercado, “entonces cómo el INYM no va a hacer equilibrio de oferta y mercado”.