La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves 22 de octubre, con 38 votos a favor, la ley que establece un cronograma para regularizar las movilidades jubilatorias pendientes de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS). La norma modifica el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 y fija plazos para efectivizar los ajustes previsionales, sin supeditar indefinidamente su cumplimiento a las transferencias que adeuda el Gobierno nacional.
La sanción se produjo una semana después del ingreso formal de una de las iniciativas, presentada el 15 de octubre por el diputado José Luis Pastori, del bloque Movimiento por lo que Viene. Sin embargo, el texto finalmente aprobado surgió de la unificación de cuatro proyectos legislativos y de una serie de reuniones con representantes sindicales, trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Durante el tratamiento en el recinto, Pastori actuó como miembro informante del dictamen de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, que había obtenido respaldo unánime de los espacios políticos representados en ese ámbito.
El legislador destacó especialmente el proceso de elaboración de la norma y sostuvo que el resultado representa un acuerdo que trasciende las diferencias partidarias.
“Es una herramienta de consenso y de madurez institucional”, afirmó
Cómo será el cronograma de regularización
La nueva legislación establece tres etapas para efectivizar las movilidades previsionales que permanecen pendientes de aplicación en los haberes de jubilados y pensionados provinciales.
La primera comenzará en noviembre de 2026, cuando deberá hacerse efectivo, como mínimo, el 25% de las movilidades pendientes.
La segunda etapa está prevista para marzo de 2027, momento en el que deberá alcanzarse al menos el 50% de los ajustes adeudados.
Finalmente, a partir de julio de 2027 deberá efectivizarse la totalidad de las movilidades previsionales pendientes.
La norma dispone además que el 31 de julio de 2027 dejará de regir el condicionamiento que vinculaba estos pagos al cumplimiento de los compromisos financieros de Nación con la caja jubilatoria provincial.
Pastori destacó el acuerdo entre los bloques y los sindicatos
Durante su exposición, el diputado puso especial énfasis en la participación de los sectores gremiales y en las reuniones desarrolladas durante septiembre en la Legislatura.
“Este proyecto tiene una profunda legitimación social”, sostuvo, y explicó que esa característica responde tanto a la integración de iniciativas presentadas por diferentes bloques como a la participación directa de los sectores afectados.
En ese sentido, remarcó que la propuesta no fue elaborada exclusivamente dentro de las oficinas legislativas, sino que surgió después de varias jornadas de discusión.
“Este proyecto no ha salido de entre cuatro paredes ni de alguna oficina ni ha sido impuesto por nadie”, manifestó.
Pastori explicó que, durante aproximadamente un mes y medio, los legisladores mantuvieron encuentros con representantes de trabajadores activos, jubilados, pensionados y organizaciones sindicales para analizar las dificultades generadas por las movilidades pendientes.
Según detalló, esas reuniones permitieron confrontar distintas posiciones y alcanzar un acuerdo sobre los plazos de regularización.
“Encontramos un punto de equilibrio entre lo pretendido y lo posible. Esas inquietudes las transformamos en letra, en ley, que es lo que estamos presentando hoy”, expresó.
El legislador también reconoció la participación de las organizaciones gremiales, tanto por sus planteos como por los aportes técnicos realizados durante el debate.
“Hemos elaborado de manera muy responsable un cronograma para atender a las pasividades en los haberes jubilatorios que venían atrasadas”, señaló.
Y agregó que el principal resultado de la legislación será brindar previsibilidad a los beneficiarios del IPS.
“Le hemos dado dos cosas: previsibilidad, porque escribimos lo que consensuamos en letra, y la tranquilidad de que aquello que le corresponde y venía atrasado se va a cumplir”, afirmó.
Pastori destacó, además, que el dictamen obtuvo el acompañamiento unánime de los representantes de los distintos espacios políticos en la Comisión de Presupuesto y agradeció a los bloques que participaron de la elaboración de la propuesta.
Una deuda nacional que podría llegar a los $500 mil millones
La aprobación de la ley se produce en medio del conflicto financiero entre Misiones y el Gobierno nacional por los recursos comprometidos para el sostenimiento del sistema previsional provincial.
Misiones integra el grupo de provincias que mantienen sus propias cajas jubilatorias y reclama las transferencias correspondientes al financiamiento de sus déficits.
Durante el tratamiento previo de la iniciativa, Pastori había señalado que la deuda previsional de Nación con Misiones ascendía a aproximadamente $300 mil millones a fines de 2024, pero estimó que actualmente podría ubicarse alrededor de los $500 mil millones.
“Para esta fecha estaríamos rondando los 500 mil millones, es decir, medio billón de pesos, es lo que estimo. Y solamente en esta cuestión de los fondos previsionales”, había indicado.
Según explicó, las transferencias nacionales se interrumpieron a partir de 2023, lo que profundizó las dificultades financieras para afrontar las actualizaciones de los haberes.
Frente a esta situación, el legislador sostuvo que la Provincia debía establecer una solución para los beneficiarios del IPS sin renunciar al reclamo por los fondos adeudados.
“Es momento de dar una solución a este tema, estableciendo un cronograma de pagos, pero sin dejar de reclamar”, había manifestado.
Una ley que reunió cuatro iniciativas legislativas
El texto sancionado surgió del tratamiento conjunto de cuatro expedientes legislativos: 71530/26, 71531/26, 70599/26 y 70647/26, correspondientes a propuestas impulsadas por Pastori, Miguel Núñez, Cristian Castro y otros legisladores.
Las iniciativas planteaban modificaciones al artículo 10 de la Ley VII N.º 103, disposición que vinculaba la efectivización de determinados créditos previsionales con el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado nacional.
Durante septiembre se realizaron reuniones los días 2, 9 y 16, en las que participaron representantes sindicales y beneficiarios del sistema previsional. En esos encuentros se expusieron los inconvenientes relacionados con la aplicación de las movilidades y la situación de quienes mantienen ajustes pendientes, algunos desde 2024.
El dictamen finalmente aprobado por la Comisión de Presupuesto reunió los cuatro proyectos en una redacción común que mantiene transitoriamente el condicionamiento financiero, pero establece fechas obligatorias para completar la regularización.
La legislación también ratifica los decretos provinciales 191/23 y 830/24 y conserva la facultad del Poder Ejecutivo de celebrar acuerdos con Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit previsional provincial.
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