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Misiones en el desafío de pasar un verano de aumentos “calientes”

31 diciembre, 2023

La semana pasada en este mismo espacio se mencionó que la suba de transporte y energía eléctrica iban a ser los primeros aumentos del año en Misiones. Sin embargo, algunos se anticiparon a diciembre -como el caso del agua potable con un 40% de suba en una sola vez-; y otros incluso comenzarán en marzo de 2024, con un 75% de aumento en las cuotas de los colegios privados, de acuerdo a la autorización que le dio el Ministerio de Educación al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM).

Uno de los últimos incrementos fuertes que se anunciaron a partir del martes (primer día hábil del nuevo año) es el del gas en garrafas y en redes (por ejemplo, para el caso del populoso barrio de Itaembé Guazú). Curiosamente no hay información oficial pero el rumor de la suba del 130% en los costos, ya hizo que tanto distribuidores importantes como comercios de barrio llegaran a cobrar hasta 12 mil pesos por una recarga de 10 kilogramos.

La única manera que los más desfavorecidos socioeconómicamente podrán seguir cocinando o bañándose con agua caliente, será si se mantiene la ayuda de la ANSeS que se depositaba a las familias. Pero, en el país de la era desreguladora y del Estado en retirada, difícilmente se pueda sostener este tipo de apoyos.

Tras la audiencia pública del 4 de enero, el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, confirmó esta semana que el boleto urbano de la capital misionera se podría ubicar entre los 400 y 600 pesos si la Nación quita desde mañana los subsidios al transporte de pasajeros (ya sea vía las empresas o de manera directa a los pasajeros).

El alcalde posadeño ya advirtió que deberán hablar con la Cámara de Comercio y el CGE para unificar en un solo bloque horario las actividades, que impidan que los trabajadores, los clientes y los estudiantes deban pagar cuatro boletos al día y demandar mayor cantidad de colectivos y frecuencias, ya que el recorte de unidades en servicio se mantendrá en los meses por venir.

A tal punto se espera un impacto negativo en la quita de subsidios nacionales al transporte que el propio Stelatto puso en dudas que la Provincia vaya a poner recursos para boletos gratuitos para estudiantes, personas con discapacidad y los adultos mayores.

Pero una suba del gas, seguramente tendrá su correlato en el valor de panificados. Y de la energía, en todo lo que se vaya a comercializar en locales que no absorberán ese costo. De hecho, en los locales posadeños se asegura que atraviesan una caída de ventas porque hay menos visitantes de países vecinos como misioneros consumiendo.

Habrá que pasar un duro verano “caliente”, con tarifazos y aumentos en las brasas, listos para ser incorporados a dos meses de menor actividad económica y una recesión mucho más marcada, a raíz del “golpazo” a los bolsillos que se generará por el conjunto de aumentos producidos por la desregulación o el “sinceramiento de precios”, términos que fundamentan el proceso económico que se viene según la mirada filosófica y política de los dirigentes que opinen sobre el presente económico.

En algunos temas, como la luz, el transporte y el gas, los misioneros sentirán duramente el movimiento tarifario, porque no hay alternativas que permitan optar por servicios más económicos que ayuden a la economía familiar.

 

Silencio político

Mientras en el país se debaten el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el mega proyecto de ley del presidente Javier Milei, en la tierra colorada reina el silencio mayoritario de oficialistas y opositores provinciales .

El único que lo rompió estos días mediante su cuenta de X, fue el gobernador Hugo Passalacqua al confirmar la presentación en la Justicia Federal el 29 de diciembre (día en que comenzó a regir el DNU), para salvar al INYM de la pérdida de facultades muy importante como es la fijación de precios.

Pero las bancadas legislativas de diputados y senadores nacionales de misioneros, vienen con excusas varias evitando una expresión pública que no sea “estamos leyendo el extenso texto” varios días después.

En parte, esto tiene que ver con la postura que la conducción de los espacios adoptará. En el caso de Juntos por el Cambio, el radical Martín Arjol anticipó su apoyo a la propuesta del presidente Milei salvo en la cuestión del INYM y la ley de tierras. Del lado del PRO, el senador nacional Martín Goerling y el diputado nacional Emanuel Bianchetti (que responden a Humberto Schiavoni) aun deberán contar cómo votarán en las sesiones extraordinarias.

En el bloque Innovación Federal, el grupo mayoritario de legisladores está compuesto por Carlos Fernández (exintendente de Oberá); el golfista Daniel Vancsik; el secretario general del PJ Misiones, Alberto Arrúa; la posadeña Yamila Ruiz; y los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.

Ninguno ha dado una entrevista para fijar posición en un debate en el que se juegan muchos derechos y modificaciones, entre denuncias de inconstitucionalidad.

 

Entre amigos

El presidente Javier Milei finalmente optó por entregar el manejo de una caja binacional muy importante a un amigo del expresidente Mauricio Macri y de la familia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el círculo macrista PRO.

Más que para la renovación misionera -que recién inicia su diálogo político con la Casa Rosada con vínculos como el del ministro del Interior, Guillermo Francos- el “baldazo de agua fría” fue para los que jugaron políticamente con La Libertad Avanza (ya sea como referentes directos de los libertarios o los socios del ex Juntos por el Cambio).

No eran pocos los que se probaron el saco de director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, incluso hasta como directores por la Argentina, algo que aún parece seguir en plena negociación.

El mensaje “amargo” a las filas de la oposición misionera volvió a marcar la “invisibilidad” en la que parecen haber caído los referentes. A tal punto que ni siquiera fueron reemplazadas las coordinaciones de organismos nacionales en la provincia (Vialidad, Desarrollo Social, Sanidad de Frontera, AFIP, Aduanas, SENASA, INYM, Centros de Fronteras, Migraciones, Transportes, etc).

Todavía continúan muchos renovadores y kirchneristas al frente de esos entes, a la espera de sus sucesores o, tal vez, la ratificación en los cargos.

A propósito del Instituto yerbatero, toman fuerza las versiones de la llegada como director por la Nación de un yerbatero de Apóstoles que milita en el puertismo. De confirmarse, será la reafirmación de una decisión clave: no habrá vuelta atrás con la desregulación del mercado, aun cuando entidades rurales con más simpatía con los libertarios mostraron que en el caso del INYM resultó muy positiva la actuación estatal.

Volviendo a la EBY, ni Corrientes ni Misiones lograron recuperar un ente con impacto directo en el medioambiente y socioeconómico de ambas provincias. Si con el manejo formoseño que Sergio Massa le dio a Gildo Insfrán (vía Fernando de Vido como director Ejecutivo), fue difícil que la EBY cumpla con las cuestiones pendientes, ahora habrá que convencer a un porteño de fuertes vínculos con empresas de la construcción y la electricidad que hay demandas insatisfechas.

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Tags: AumentosDe Primera ManoEBYEnergíaGasMisionesTARIFASTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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