La decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de dar de baja cuatro radares móviles en Misiones abrió interrogantes sobre el alcance real de la medida, la validez de eventuales infracciones y el funcionamiento del sistema de controles en rutas. Frente a ese escenario, el presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Juan Carlos Cuenca, aclaró que la disposición nacional no afecta a los radares que dependen de la Provincia, sino a equipos vinculados a convenios firmados en su momento por municipios.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Cuenca explicó que el Gobierno provincial no fue notificado formalmente de la baja porque los dispositivos alcanzados por la medida no formaban parte de un acuerdo directo entre Misiones y la ANSV. Según indicó, se trataba de convenios individuales celebrados por municipios, una posibilidad contemplada por la Ley de Tránsito bajo el criterio de autonomía local.
El funcionario sostuvo que esa modalidad permitió que algunas comunas actuaran en forma independiente en materia de control vial. Sin embargo, señaló que la Agencia Nacional resolvió retirar la homologación y el permiso de funcionamiento a esos cinemómetros tras detectar que no cumplían con las condiciones exigidas para su operación.
La medida alcanza a equipos ubicados sobre las rutas nacionales 12 y 14, vinculados a Colonia Victoria y Campo Grande. En este último caso, Cuenca remarcó que los radares ya no registraban actividad desde hacía varios años, por lo que la baja formal llega sobre dispositivos que no estaban operativos en la práctica.
El presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial explicó que todo radar utilizado para labrar infracciones debe cumplir un protocolo técnico de verificación. Según detalló, los equipos tienen que ser homologados inicialmente y luego sometidos a controles periódicos, primero cada seis meses y posteriormente cada año, para garantizar que las mediciones sean válidas.
En ese punto, mencionó el rol del INTI como organismo históricamente encargado de certificar esos instrumentos, aunque advirtió que la situación cambió por el proceso de desguace o debilitamiento del instituto. Ante ese escenario, agregó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya avanzó en la habilitación de firmas privadas para intervenir en la homologación de radares y también de alcoholímetros y etilómetros, equipos que también requieren verificaciones técnicas para ser utilizados correctamente.
Cuenca diferenció esa situación de los controles que dependen de la Provincia. Aseguró que los radares móviles incorporados mediante convenio entre el Ministerio de Gobierno de Misiones y la Agencia Nacional se encuentran homologados, habilitados y autorizados para su funcionamiento normal.
También aclaró qué ocurre con las multas emitidas por equipos que no cumplen esos requisitos. Según explicó, cuando un conductor recibe una infracción puede verificar en la página de la Agencia Nacional si el radar identificado en el acta, mediante su número específico, figura como habilitado. Si el dispositivo no está homologado o autorizado, la multa puede ser cuestionada mediante el descargo correspondiente.
Respecto de los cinemómetros dados de baja, Cuenca indicó que la disposición nacional apunta a impedir que cualquier eventual emisión de infracciones mediante esos equipos tenga validez. Para ello, el dictamen se remite a distintos organismos, entre ellos la propia Agencia Nacional, Vialidad, la Defensoría del Pueblo nacional y la Defensoría de la Provincia, con el objetivo de dejar asentada la baja inmediata de los dispositivos.
El funcionario señaló además que este tipo de auditorías no se realizaron únicamente en Misiones. Según comentó, durante una reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial en Mendoza, la Agencia informó que se detectaron situaciones similares en distintos puntos del país. Mencionó casos en Santa Fe, donde se habrían identificado alrededor de 125 equipos en condiciones irregulares, además de registros en Chaco, Córdoba y otras provincias.
Cuenca insistió en que Misiones no quedó incluida dentro de ese grupo por los radares provinciales, precisamente porque los equipos bajo convenio directo con el Ministerio de Gobierno mantienen la documentación técnica correspondiente. La baja dispuesta por la Nación, remarcó, corresponde a dispositivos asociados a acuerdos municipales específicos.
Además, Cuenca defendió su utilización como una herramienta de prevención y sostuvo que el control de velocidad forma parte de las políticas necesarias para reducir la siniestralidad vial.
En esa línea, recordó que la Ley Nacional de Tránsito establece parámetros de circulación y que el respeto de las velocidades máximas resulta clave en zonas urbanas, suburbanas, accesos a centros poblados y rutas. Mencionó como referencia límites de 60 kilómetros por hora en áreas urbanas, 80 en determinados sectores y 110 o 120 en autopistas, según el tipo de vía.
Para el titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, no alcanza con confiar en la responsabilidad individual de cada conductor. Por eso sostuvo que los controles mediante cinemómetros permiten detectar excesos de velocidad y, con ello, prevenir accidentes.
No obstante, aclaró que esos controles deben cumplir todos los requisitos legales y técnicos. Entre ellos mencionó la homologación del radar por el organismo competente, la correcta identificación del vehículo y del conductor, la firma de la autoridad de control, la nitidez de las imágenes y la señalización adecuada. Si alguno de esos elementos falta o presenta deficiencias, el acta puede ser objetada.
Cuenca también explicó cómo se distribuyen algunos fondos vinculados al sistema vial. Al referirse a la renovación de licencias, mencionó el CENAT, el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que se consulta cuando una persona realiza el trámite. Si el conductor no registra multas, debe abonar el certificado correspondiente, cuyo costo se distribuye entre el municipio y la Agencia Nacional.
Según detalló, esa recaudación contribuye al funcionamiento de los centros emisores de licencias. La Agencia provee maquinaria y dispositivos, mientras que los municipios afrontan parte de los gastos administrativos vinculados al servicio.
En el caso específico de las multas, explicó que cada municipio firma un convenio con la Unidad Administrativa de Control de Infracciones, donde se establecen los parámetros para el cobro. En ese esquema, las comunas actúan en función de sus necesidades, mientras que la Provincia mantiene el compromiso de aportar tecnología para fortalecer la seguridad vial, como cámaras fijas, controles internos y dispositivos vinculados al funcionamiento de semáforos en distintas localidades.
De esta manera, Cuenca buscó despejar dudas sobre el alcance de la decisión nacional. La baja de los cuatro radares móviles no implica, según su explicación, una suspensión general de los controles en Misiones ni afecta a los equipos provinciales habilitados. El punto central, sostuvo, es que cualquier dispositivo usado para labrar multas debe estar técnicamente verificado, legalmente autorizado y correctamente identificado en cada acta.
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