La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la baja definitiva de la homologación y del permiso de uso de cuatro radares móviles que operaban en puntos clave de las rutas nacionales 12 y 14 en Colonia Victoria y en Campo Grande. La medida publicada en el Boletín Oficial de la Nación, firmada por el director ejecutivo del organismo, Francisco Díaz Vega, expuso el “estado de abandono y desuso de estos sistemas tecnológicos” en el que se encontraban.
La decisión oficial se tomó tras una auditoría interna y el blanqueo de los propios municipios involucrados, que debieron reconocer que las famosas “fotomultas” ya eran parte del pasado administrativo. Lejos de cumplir una función preventiva, no se conoce el destino que tenían, lo que obligó a la Nación a retirarle las facultades de control interjurisdiccional.
Mediante la Disposición 194/2026, la ANSV canceló el permiso que le había otorgado al municipio de Campo Grande en el año 2017 para utilizar dos cinemómetros controladores de velocidad marca TruCAM. Dichos dispositivos debían vigilar un tramo de la ruta nacional 14, específicamente entre los kilómetros 913,2 y 916, en ambos sentidos de circulación.
Sin embargo, el argumento para justificar la baja normativa fue contundente. Según expresa el texto de la Disposición, “las autoridades comunales informaron que desde el 15 de febrero de 2019 no se constataba ni una sola infracción vial mediante este sistema de fotomultas móviles”. Ante una inactividad que ya acumulaba más de siete años, la Nación consideró que no tenía sentido mantener vigente una autorización legal sobre equipos que no cumplían ningún rol operativo en la calzada.
En el Alto Paraná
Una situación idéntica se replicó en el norte de la provincia, en el Alto Paraná. La Disposición 195/2026 apuntó directo contra el municipio de Colonia Victoria, sobre la ruta nacional 12. Allí, el permiso nacional cubría un sector que va del kilómetro 1551,8 al 1553,2, una zona muy transitada por el turismo y el transporte de cargas internacional.
En ese caso, el Ejecutivo de Colonia Victoria no anduvo con vueltas y notificó de forma directa a la ANSV, siempre de acuerdo al texto publicado en el Boletín Oficial de la Nación, que los dos cinemómetros portátiles asignados “no estaban operativos”. Al no poder garantizar la calibración técnica ni la presencia de los inspectores en las rutas, el Estado nacional firmó la baja inmediata de los equipos del Registro Nacional de Cinemómetros Móviles, dejándolos completamente fuera de la legalidad.
La resolución de la ANSV no se limitó a un mero trámite de oficina. Díaz Vega ordenó de manera taxativa a la Dirección de Coordinación del Control y Fiscalización Vial que realice un seguimiento y control estricto en el territorio para verificar que estos dispositivos dejen de utilizarse de forma definitiva. Esto significa que cualquier acta de infracción que se labre a partir de ahora con los números de serie dados de baja carecerá de validez legal.
El mapa de notificaciones de la medida fue amplio y funcionó como un claro aviso para Misiones y otras provincias. El Gobierno Federal envió el dictamen a la Gendarmería Nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia.
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