Un trabajador oriundo de Misiones pasó alrededor de una década viviendo en condiciones que la Justicia calificó como “francamente indignas e inhumanas” en un establecimiento rural de Entre Ríos. Sin agua potable, electricidad ni sanitarios, permanecía aislado en una precaria estructura de silo bolsa sostenida por palos y con piso de tierra, mientras realizaba tareas de tala para la fabricación de postes de alambrado.
Por este caso, César Antonio Girolami, un contratista rural de 60 años, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de trata de una persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral. Además, deberá pagar $22 millones en concepto de reparación integral a la víctima.
El trabajador misionero fue trasladado al establecimiento rural “Las Piedras”, perteneciente a la empresa Doña Inés SA, ubicado en Distrito Banderas, departamento Federal. Según quedó acreditado en la causa, desde al menos 2011 permaneció en un puesto situado en el paraje La Madrugada, a unos 15 kilómetros del casco de la estancia.
Una vivienda de silo bolsa, sin agua ni electricidad
Las condiciones en las que vivía el hombre fueron uno de los principales elementos considerados por la Justicia. La víctima permanecía en una zona inundable, sin acceso a agua potable, sanitarios ni energía eléctrica.
Su vivienda era una estructura extremadamente precaria, construida con silo bolsa sostenido por palos, con piso de tierra y sin protección adecuada frente a las condiciones climáticas. La sentencia también determinó que no recibía alimentación suficiente.
La jueza federal Noemí Marta Berros describió el cuadro como de “precariedad y cosificación” y sostuvo que las condiciones en las que fue obligado a vivir formaban parte de la explotación laboral.
El hombre relató que permaneció aproximadamente diez años en esa situación. Su principal tarea consistía en talar árboles para fabricar postes de alambrado. Durante ese período, además, sufrió la amputación de algunos dedos de una mano.
Un trabajador sin registrar y con una paga insuficiente
La investigación determinó que se trataba de un empleo no registrado y que la remuneración que recibía era insuficiente.
Testigos que trabajaron junto a él señalaron que Girolami le pagaba “una miseria” y que incluso le descontaba gastos vinculados con la nafta y el aceite utilizados para hacer funcionar la motosierra.
Sus propios compañeros fueron quienes, en distintas oportunidades, le acercaron agua, comida, ropa y otros elementos básicos, debido a las condiciones en las que se encontraba.
La Justicia consideró que no se trataba solamente de un empleo “en negro”, sino de una situación de explotación que incluía el aislamiento y las condiciones materiales en las que el trabajador permanecía.
La situación fue detectada durante una inspección
El caso comenzó a salir a la luz el 15 de diciembre de 2021, cuando representantes de la Secretaría de Trabajo llegaron al lugar y constataron las condiciones en las que vivía el trabajador.
Gonzalo Cruz Olier, delegado departamental de Trabajo, dejó asentado que el hombre se encontraba “en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas”.
Días después, el 23 de diciembre de 2021, el establecimiento fue allanado por efectivos de Gendarmería Nacional y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Según testimonios incorporados a la causa, luego de aquella inspección Girolami apartó al trabajador del establecimiento y lo dejó fuera de la tranquera.
Sus compañeros manifestaron preocupación porque el hombre no contaba con una red familiar cercana y había construido vínculos con ellos durante los años que permaneció trabajando en el lugar.
Reconoció la explotación y deberá pagar $22 millones
Girolami reconoció los hechos en un juicio abreviado. El acuerdo fue formalizado el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay y la sentencia fue rubricada el 1º de octubre.
El tribunal determinó que el contratista había captado y trasladado al trabajador desde al menos 2011 hacia distintos campos con fines de explotación laboral, situación que se extendió hasta diciembre de 2021.
La conducta fue encuadrada en el delito de trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.
Por tratarse de su primera condena, Girolami recibió la pena mínima prevista: tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a prisión. También deberá fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Además, como parte del acuerdo, tendrá que pagar $22 millones al trabajador misionero, en concepto de reparación integral.
La jueza Berros destacó que esa reparación permite que la resolución judicial no quede limitada al castigo penal y la vinculó con una perspectiva de “justicia restaurativa”, en reconocimiento del daño provocado por una década de explotación laboral.
El titular del establecimiento rural y otro trabajador quedaron fuera de la acusación. De acuerdo con lo consignado en la causa, la propia víctima manifestó que respondía exclusivamente a las órdenes de Girolami.
Fuente: El once
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