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Productores denuncian ante la Justicia Federal la designación de Jonas Petterson en el INYM

El representante de los productores yerbateros ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Enrique Kuzco, apuntó que "se tomaron atribuciones que no debían" y "vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

19 diciembre, 2023

Con polémica, la semana pasada el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sacó una resolución donde proclamaba como presidente interino a Jonas Petterson, además de los despidos del vicepresidente Ricardo Maciel, el síndico Emilio Jouliá y la abogada Graciela Cantelli.

Todo esto trajo una maraña de cuestionamientos desde varias direcciones del sector yerbatero, pero todas contra la designación de Petterson al frente del organismo. El miedo y la incertidumbre de una posible intervención, o peor aún, del cierre del INYM, está en el aire y los productores, que dejaron de confiar en su exrepresentado, tomaron cartas en el asunto.

Mientras la mayoría de los productores se concentraba hoy frente a la sede del INYM en Posadas, otro grupo acudió a la Fiscalía Federal para realizar una denuncia penal “porque se tomaron atribuciones que no deberían tomarse”, dijo Enrique Kuzco, representante de los productores en el directorio del INYM.

En comunicación con la radio de PRIMERA EDICIÓN, el yerbatero apuntó que, “primero, se debería dar un paso importante que es comunicarse con la Secretaría (de Agricultura) a nivel nacional como es una ley nacional y, en base a eso, la secretaría iba a designar a alguien o tomar una decisión. Yo creo que se apresuraron en lo que hicieron, eso no está en la ley ni en el reglamento (del INYM), esto es una decisión arbitraria que tomaron“, explicó Kuzco apuntando contra el sector por la Producción que encabeza Jonás Petterson.

“Despidieron al síndico, cuando este le había objetado ciertas cosas, a la abogada también y a Ricardo Maciel que es el vicepresidente y debería quedar en lugar del presidente”, añadió.

Para los productores, la autodesignación de Petterson al frente del INYM pone en riesgo el manejo de los fondos públicos del Instituto, por eso -adelantó Kuzco- “vamos a pedir una auditoria a nivel nacional para ver cómo se encuentra el Instituto, hay mucho dinero en juego, se compran las estampillas, se deben pagar sueldos, pero no se puede tomar de forma arbitraria esto, sentarse y nombrarse presidente, e ir al banco para pedir que se habilite la firma, es ilegal”.

“Vamos a preguntar a la justicia si es legal lo que hicieron, porque si el síndico (Jouliá) ya le dijo que no era legal, entonces deja mucho que desear” esta decisión, dijo.

Asimismo, Kuzco afirmó que “la denuncia recae sobre quienes tomaron esta decisión, el sector por la Producción: Jonas Petterson, Nelson Dalcolmo y otro señor (Alejandro Lucero) que están en la resolución. Son los responsables de tomar ese artilugio y pasar por arriba de una ley”.

Para los productores, debería existir un canal de diálogo con el secretario de Agroinsumos (o Agricultura), y “contar lo que pasó acá”, dijo Kuzco. Un grupo de productores debería viajar y reunirse con el secretario Fernando Vilella y explicar el motivo, cómo queremos que siga trabajando el Instituto y contarle lo que pasó, es gravísimo”, afirmó.

Posible intervención o cierre 

Por otra parte, el representante de los productores ante el INYM advirtió que luego de las atribuciones que se tomó al sector por la Producción, “podemos esperar que ocurra cualquier cosa”, incluso una intervención a nivel nacional o el cierre, que es muchísimo peor.

Por último, Kuzco apuntó que “el Instituto costó muchas vidas que ya no están más, fue una lucha muy grande, fue como conquistar una bandera grandiosa, soy uno de los fundadores de la lucha, y no voy a dejar un saco roto, lo voy a seguir a muerte y, si estos son los responsables, voy a dar nombres y apellidos, que ellos fueron los que tumbaron el INYM”, cerró.

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Tags: Denuncia PenalEnrique KuzcoFM 89.3Instituto Nacional de la yerba Mate (INYM)Jonas PettersonProductoresYerbateros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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