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La aplicación para pagar el boleto desfavorece a personas con discapacidad

La falta de insumos para producir la tarjeta SUBE pone en desventaja a ciertos grupos sociales. Si la pierden, la única opción es la aplicación, pero deja fuera de la gratuidad a ciertos acompañantes y niños pequeños que no tienen celular.

22 febrero, 2023
INCONVENIENTES. El día a día pone en evidencia situaciones básicas no contempladas en la migración del sistema para quienes no tengan la SUBE.

INCONVENIENTES. El día a día pone en evidencia situaciones básicas no contempladas en la migración del sistema para quienes no tengan la SUBE.

La aplicación para celulares que permite abonar el boleto para usar el transporte público en la zona metropolitana complica y pone en desventaja a diversos grupos sociales, en especial a las personas con dicapacidad, ancianos y niños (estos últimos mayores de 5 años, edad límite permitida por ley para viajar gratis).

Con respecto a los incluidos en el primer grupo (personas con discapacidad), si pierden la tarjeta o se les deteriora por algún motivo, ya no pueden gestionar un nuevo plástico. Deben instalar la aplicación de la billetera virtual Servicios Urbanos (SU) en sus celulares.

Lo que no fue tomado en cuenta a la hora de aprobarse la nueva forma de pago, es la gratuidad del boleto para su acompañante. Anteriormente, con el CUD esa persona podía ser indistinta si pagaba con la tarjeta, pero ahora, si debe abonar con la aplicación, el sistema no está preparado para que el acompañante siga siendo indistinto, sino que obliga a registrarse a una sola persona; mientras que en la realidad viajan ya sea con un miembro de su familia o con su acompañante terapéutico.

“Descubrimos los escollos que deben superar una persona con discapacidad y su familia cuando pierde su tarjeta SUBE, que es lo que le pasó a mi hijo. En nuestro caso, más allá de que ahora debe contar con un celular para bajar la app y demás, nos dijeron que su acompañante solo puede mantener la gratuidad siempre y cuando se baje también la aplicación, se registre y sea siempre la misma persona quien lo acompañe a todos lados. Cuando lo haga otra debe pagar el boleto, siendo que es su derecho por ley que quien sea acompañante tampoco lo abone”, contó a PRIMERA EDICIÓN Elena D., una usuaria que pidió ser identificada con un nombre de fantasía por temor a represalias, y con cuyo hijo con discapacidad pasó por diversos calvarios antes de obtener una solución individual, sin que se haya tomado una decisión que abarque y beneficie a la mayoría en su misma situación.

“Nadie pensó en ellos al momento de cambiar la modalidad. Siempre pasa lo mismo: se olvidan de una parte de la sociedad. Lo mismo pasa con los ancianos, quienes no saben usar una app de celular para utilizar el servicio de transporte público”, cuestionó la usuaria.

“Mi hijo tenía una tarjeta SUBE habilitada que le permitía a él y a un acompañante viajar gratis, pero se le extravió. Cuando intentamos gestionar la nueva, no se pudo, más allá de tener que bajar la app para abonar con QR; además de que no es inclusivo, porque no todos tienen un celular o no saben cómo usarlo para pagar el boleto. En nuestro caso no fue un inconveniente, más allá del padecimiento que nos tocó vivir. Sin embargo, el otro escollo fue mucho peor, porque para que alguien lo acompañe y pueda mantener el beneficio del boleto gratis sólo puede ser un acompañante individualizado. Es decir, se le baja el QR a esa única persona para que lo pueda acompañar, cuando anteriormente era indistinto”, se explayó.

“Su carnet de discapacidad fue extendido con acompañante, como lo establece la ley, pero resulta que como no se emite más el plástico no se pensó en cómo resolver una situación como la que nos tocó atravesar antes de que surjan los problemas: permitir que el discapacitado y que quien lo acompaña en el colectivo también viaje gratis como es su derecho”, enfatizó.

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Tags: BoletoColectivosCUDDiscapacidadGrupo ZMisionesQRSUBETransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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