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Un salario mínimo apenas sirve para alquilar un monoambiente

Los departamentos de un solo ambiente cerca del microcentro posadeño oscilan entre los $60.000 a $80.000 mensuales. Desde la Asociación de Inquilinos también cuestionaron que “no hay referencias claras” para los precios. “Está todo muy descontrolado”, advirtieron.

23 enero, 2023

El alquiler de un departamento o casa representa uno de los gastos más importantes que afronta todos los meses una familia. La complicación se agudiza en el país por el incremento general de los precios, sumados a la incontenible escalada inflacionaria que representa mayores dificultades en los diferentes aspectos económicos que enfrenta una persona, como ser el pago de los servicios o compra de alimentos.

En la capital de Misiones, para alquilar un monoambiente, cerca del microcentro, se necesitan entre $60.000 a $80.000, cifras que varían en otros puntos más alejados y que también dependen de diversos factores relacionados a la estructura del inmueble.

En ese sentido, crecen con fuerza dos complicaciones. En primer lugar que el alquiler mensual de un departamento de un solo ambiente consume la totalidad del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que luego de su última actualización quedó en $65.427.

Y, por otro lado, la casi nula posibilidad de lograr una referencia clara de los valores en general, según advirtieron desde la Asociación Misionera de Inquilinos.

Al respecto, Adrián Torres, referente de la asociación, comentó a PRIMERA EDICIÓN que “lo que es el monoambiente está ahí sobre el límite (en la comparación con el total del SMVM), pero también es algo que depende mucho del lugar, la zona. Es algo relativo porque ahora no hay referencias claras de precios de alquiler”.

“Se puede pensar solamente en promedios (de valores), porque está todo muy descontrolado, muy disparatado, en el mercado”, cuestionó y añadió que “un monoambiente está al límite de lo que es el salario mínimo, pero hay que recordar que ese salario debería destinarse no solamente a la vivienda sino también a la comida y el pago de servicios, por ejemplo”.

Reclamos por los costos

A modo de ejemplo, dijo que en los alrededores del microcentro de Posadas “el valor de un monoambiente ronda entre los $60.000 a $80.000”.

Debido a esto, “constantemente recibimos reclamos de los inquilinos por el tema de los aumentos de precios. La inflación estuvo (el año pasado) en un 94%. Los alquileres rondaron un 85%. Pero también en la inflación galopante hay un combo de otros gastos que perjudican al bolsillo”, recalcó.

Así, “hay un clima de mucha resignación. Fueron muchos años que se esperó para que se modifique la situación (con la Ley de Alquileres), pero lamentablemente terminó siendo algo perjudicial para el inquilino, si bien el espíritu de la ley no era ese. Entonces ahora no hay tanta expectativa positiva sobre lo que pueda pasar más adelante con la ley”, reconoció Torres.

Impacto en el país

Cabe recordar que en el promedio del país la cantidad de inquilinos es la más alta en comparación con otras geografías de Latinoamérica.

En Buenos Aires, un 34% de la población alquila el inmueble que habita, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en contraste con el 20% promedio de otros países de la región, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ley de Alquileres

Pasaron más de dos años desde que la ley 27.551, más conocida como “Ley de Alquileres”, fue publicada en el Boletín Oficial, el 30 de junio de 2020.

Sin embargo, a poco de su entrada en vigencia comenzaron a registrarse diferentes falencias que derivaron en graves complicaciones, con el efecto que muchos especialistas definen como la “destrucción del mercado inmobiliario”.

La Ley de Alquileres llevó a que muchos propietarios decidan no alquilar más sus departamentos.

Por lo tanto, con una mayor demanda por parte de nuevos inquilinos y una oferta reducida de unidades, los costos de alquiler se fueron disparando en términos reales.

Mientras, en el sector de los propietarios coinciden con buena parte de los inquilinos al señalar la importancia de debatir una nueva ley.

“No hay una verdadera vocación por parte del Gobierno de al menos intentar resolver la problemática que generó la nueva ley”, consideró José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, según publicó el diario La Nación.

El especialista amplió: “El 99,99% de las viviendas que se alquilan en el país están en poder de privados y sin incentivos que generen confianza y reglas con sentido común que contemplen también al propietario. En una economía inflacionaria como la nuestra, difícilmente se logre revertir la tendencia actual de una cantidad cada vez más reducida de viviendas en alquiler formal”.

En tanto que Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria, señaló que mientras la oferta de alquileres es cada vez menor, los precios siguen creciendo.

Pese a esto, “no veo que haya una intención desde la política de realizar una autocrítica sobre el nivel de daño hecho, y si lo hicieran, deberían derogarla este año”, criticó.

Tags: #PosadasAlquileresdepartamentosInflaciónInmobiliariasmercado inmobiliarioMisionesMonoambientes
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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