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Cuatro acusados ofrecieron 100 mil pesos en dos cuotas para la familia de “Junior” D’Amico

A pocos días del inicio del juicio oral a los siete imputados por el homicidio agravado del distribuidor de carnes bonaerense, ocurrido en Oberá el 30 de octubre de 2015, defensores plantearon polémicos resarcimientos para la madre, hijos y hermana de la víctima fatal. Uno de los encartados dijo que abonaría 10 mil pesos.

11 mayo, 2024
DESTINO. El Volkswagen Bora de Nicolás D’Amico fue hallado en paraje El Chatón, incendiado y con el cadáver dentro.

DESTINO. El Volkswagen Bora de Nicolás D’Amico fue hallado en paraje El Chatón, incendiado y con el cadáver dentro.

Cuatro, de los siete acusados por el asesinato a golpes del distribuidor de carnes de un frigorífico bonaerense en varias ciudades y pueblos de Misiones, Nicolás “Junior” D’Amico (35), jugaron su última carta por evitar el inicio del juicio oral y público ante el Tribunal Penal de Oberá, solicitaron la suspensión por juicio a prueba y ofrecieron resarcimientos de entre 100 mil y 10 mil pesos a los familiares de la víctima fatal.

El recurso fue rechazado el jueves por unanimidad de los integrantes del TP obereño, tras la opinión en igual sentido del fiscal Estanislao Elías Bys y del abogado querellante Claudio Katiz.

 

NOVIEMBRE 2015. La Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas desplegada en el abasto de Oberá, escenario del crimen.

 

Francisco Clavelino Aguirre, Jorge Erasmo Villalba y Horacio Gabriel Paniagua, firmaron la negativa al ofrecimiento de Gustavo Ramón García (32), alias “Katu”, Guillermo Andrés Burkiewicz “Polaco” (36), Diego Orlando “Potrero” o “Poncho” Gutiérrez (34) y Gustavo Germán “Gordo” Benegas (37), todos acusados de encubrir el “homicidio agravado”.

“Katu” García ofreció como reparación económica “100 mil pesos, pagaderos en dos cuotas de 50 mil pesos, consecutivas”, de acuerdo a la solicitud y resolución a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN.

Al parecer, los recursos del “Polaco” Burkiewicz son aún más bajos porque dispuso su abogado una suma de “10 mil pesos”. El defensor particular de “Potrero” Gutiérrez y “Gordo” Benegas, coincidió con los dos pagos mensuales de 50 mil pesos.

 

“In límine”

El rechazo del fiscal del TP de Oberá, Estanislao Bys fue directo: “Considerando la gravedad del hecho, las circunstancias que rodean al caso y el escaso ofrecimiento por parte de los peticionantes, entiendo que no corresponde en este estadío procesal resolver la cuestión, la que amerita se ventile en el debate a los fines de acreditar fehacientemente las responsabilidades de cada actor”.

VÍCTIMA FATAL Y QUERELLANTE. Nicolás D’Amico junto a su madre Ángela Elvira Siri.

En tanto que, para Claudio Oscar Katiz, representante legal de los querellantes familiares de “Junior” D’Amico, “los argumentos vertidos por los defensores, en especial el defensor oficial de los imputados Benegas y Gutiérrez, no resisten el menor análisis. Ni siquiera merecen ser tomados en consideración, puesto que más que un argumento en favor de sus defendidos, el ofrecimiento de reparación -uno de los requisitos legales del instituto de la suspensión del juicio a prueba- constituye una ofensa a la memoria de la persona en cuyo asesinato han participado. Es un agravio, un escarnio a las víctimas, pues resulta irrisorio, ridículo, y constituye un insulto al intelecto de los auxiliares de la Justicia que aquí intervienen, en especial a los integrantes del Tribunal por el dispendio procesal en el que deben incurrir dado la irracionalidad del mismo. A ello debe agregarse la gravedad del hecho que se les atribuye, junto a las circunstancias del caso y atento a la inminencia del inicio del debate (…) Esta querella expresa su total oposición y rechazo ‘In límine’ a la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba (artículo 76 Bis del Código Penal Argentino) a los cuatro imputados solicitantes”.

Como lo adelantó este Diario, el juicio por homicidio de Nicolás D’Amico tiene como fecha de inicio el próximo martes en el Palacio de Justicia de Oberá (calles Salto Bielakowicz y Salto Zinas).

El Tribunal Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, fijó cuatro jornadas para el debate: martes 14 y miércoles 15, lunes 20 y martes 21 de mayo. Citó previamente a 43 testigos y por la cantidad de acusados, sumado a los defensores y el resto de los integrantes de las partes del debate, se decidió el traslado a una sala más grande que la que posee el Tribunal en calle Maipú y Bolivia.

Vale recordar que por el hecho, los más comprometidos son Diego Ramón Benegas (40) y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), hermanos de “Gordo” y “Potrero, respectivamente. Están como presuntos autores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, agravantes que apuntan a una pena de prisión perpetua.

La hipótesis del crimen gira alrededor a una deuda que Diego Benegas (dueño del abasto) no quería abonar a D’Amico. El 30 de octubre de 2015 lo citaron presuntamente para cubrir parte del dinero. Una vez adentro “Junior” fue golpeado con una barreta para fabricar chorizos. Tras asesinarlo, subieron D’Amico a su Volkswagen Bora hasta el paraje El Chatón, en Leandro N. Alem donde incendiaron el automóvil y el cuerpo resultó calcinado.

Diego Benegas habría dicho que asesinó a “D’Amico porque lo amenazó con matar a su familia si no saldaba la deuda”.

 

TRIBUNAL PENAL DE OBERÁ. Francisco Aguirre (centro), Jorge Erasmo Villalba (derecha de la imagen) y Horacio Gabriel Paniagua.

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Tags: HomicidioMisionesNicolás “Junior” D’Amico
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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