Finalizada la gestión de Alberto Fernández, los técnicos que conformaban la Secretaría de Energía de la Nación dejaron listo el proyecto de complejo hidroeléctrico de Corpus. Tanto interés tuvo la salteña Flavia Royón por entonces, que en mayo ya había interesado a funcionarios y empresarios alemanes que se manifestaron dispuestos a financiarla.
Pero era un año electoral y hubo un acuerdo político para no agitar el tema en la agenda misionera, especialmente cuando la renovación apoyó a Massa.
Es que, después del plebiscito de 1996 cuando la mayoría de quienes fueron a votar lo hizo en contra de otra represa, con la pésima experiencia de Yacyretá a flor de piel, es difícil hoy interpretar qué opina la mayoría del pueblo misionero sobre los complejos hidroeléctricos en los ríos Paraná y Uruguay.
Más cuando, con obras importantes como la costanera posadeña, los balnearios en Garupá y Candelaria y rutas de acceso al área metropolitana, la mayoría de los misioneros no pudo siquiera ver un beneficio en el costo de la energía eléctrica que sí obtuvo alguien que vive en las llamadas “zonas frías”.
Cada boleta de luz de los últimos meses reflota el “para qué tenemos Yacyretá a pocos kilómetros y pagamos el costo ambiental del lago”.
Pasó 2023 y llegó Javier Milei, teniendo como socio político a Mauricio Macri. En los últimos días, el Gobierno y sus aliados hicieron que el ex senador misionero y ex director Ejecutivo de Yacyretá, Humberto Schiavoni, salga en el diario porteño La Nación a reflotar la construcción de Corpus en Pindoí, “con un costo estimado en US$ 5.000 millones”, bajo una “asociación público-privada, donde el gerenciamiento puede quedar a cargo del sector privado”.
Por cierto, pasó bastante inadvertido en Misiones, donde las preocupaciones pasaron por la economía familiar y la regional con la yerba desregulada.
Como es habitual, cada vez que se menciona construir una represa, se reaviva el debate sobre la ley que obliga a consultar a la ciudadanía antes de iniciar la obra. Y es esta ley la que el Gobierno nacional podría llevar a la Justicia (debería ser en la Corte Suprema) para que haga una declaración de certeza sobre a quién pertenece el dominio del río Paraná.
En la ley misionera IV – Nº 56, el artículo 1 sostiene que “la Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable sobre los recursos naturales hídricos existentes en su territorio”. En el siguiente, se aseguró que “todo emprendimiento hidroeléctrico que requiera o utilice los recursos naturales hídricos de la Provincia, debe contar con la participación del pueblo de Misiones e intervención activa del Estado provincial”.
Mientras que el artículo 4 indicó: “La intervención del Estado misionero, a través del Gobierno provincial y la Cámara de Representantes, es de carácter obligatorio y previa a cualquier decisión de carácter provincial, nacional y/o binacional, respecto de emprendimientos hidroeléctricos, incluyendo la formulación del anteproyecto de los mismos”.
Sin embargo, en el macrismo (punta de lanza del millonario proyecto que demandaría muchos años de trabajo e inversión extranjera), ponen como ejemplo quién concesiona y toma determinación en la navegabilidad de la Hidrovía: la Nación con un consejo integrado por representantes provinciales, que decida poco y nada.
La otra opción, sería incorporar en las múltiples reformas que se enviarán al Congreso nacional, un proyecto específico con facultades para el Ejecutivo nacional, a fin de negociar y acordar la construcción de hidroeléctricas sin necesidad de dar intervención a nadie más.
No hace falta mencionar antecedentes de decisiones del presidente Javier Milei, cuando pretende imponer medidas pasando por encima del Congreso. El DNU 70 y el proyecto de Ley Ómnibus son suficientes antecedentes.
Milei puede correr con varias ventajas: la generación de empleo, promesas de beneficios para misioneros y reactivación de obra pública con fondos privados. En medio de la fuerte crisis que atraviesa el país en materia socioeconómica, la respuesta de su fandom seguramente será positiva.
¿Qué habrá enfrente? Una mesa de ambientalistas que pide respetar el plebiscito y representaciones políticas que jugarán un posicionamiento a última hora.
En ese camino, en este contexto político y de reparto del poder, ¿será la Corte la que tenga la última palabra sobre la viabilidad de la represa de Corpus y no los ciudadanos misioneros en una votación que podría llamarse para 2025?
Desregulación y preocupación
El sector yerbatero mostró una movilización de productores hacia el final de esta semana, con convocatorias más importantes (como en San Pedro) y menos participativas (como en San José). Fue por la plena vigencia del DNU del presidente Milei que desreguló por completo la actividad y desarticuló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Pero, aun sin la asistencia a las asambleas públicas, en las chacras se nota la “tensión” a la hora de tener que negociar precios. Si bien Marcelo Hacklander (director del INYM por los productores) aseguró que se paga el kilo de hoja verde unos $370 “de contado”, puesta en secadero, también aparecieron versiones de algunos plazos que llegarían a los 90 días.
La producción tendría a su favor que los molinos estarían con poco stock y necesitarían reponerlo. Sin embargo, después de que eso ocurra y la desregulación se mantenga, ¿podrían volver los años 90 en los que hubo que hacer el tractorazo histórico para no dejar un tendal de chacras abandonadas? ¿Es Milei un presidente que se dejaría presionar por la movilización de la producción?
En las chacras también hay diferencias respecto al rol del INYM en la economía yerbatera, con la molinería y Corrientes en contra. Mientras colonos y tareferos no unifiquen una fuerte postura sobre el regreso de un Instituto que los defienda, en la Nación no habrá preocupación para sostener la desregulación.
Y aun falta más: en la cadena yerbatera esperan ver el impacto de la apertura de importaciones no solo de materia prima sino de paquetes de yerba envasada de los países vecinos que cuestan la mitad que la argentina.
Obra pública a la misionera
La Nación está retirada completamente de la obra pública. Construcción, metalúrgicos y forestoindustriales vienen advirtiendo que el impacto de esa decisión se profundiza con el correr de los meses. Miles de misioneros se han quedado sin trabajo en los diferentes rubros y las economías municipales notan la ausencia.
Los funcionarios provinciales y los intendentes que van a golpear despachos oficiales a Buenos Aires reciben la misma respuesta: “Todo está en revisión”, cuando ya transcurre el cuarto mes del año.
Para oxigenar la economía en el sector, Misiones puso en marcha el viernes cuatro programas destinados a una reactivación de “obra pública a la misionera”, apuntando a la red vial provincial (rutas, caminos y puentes). Y todo financiado con fondos de las rentas generales misioneras.
Como lo sostuvo Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon, en una reciente entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones: “La provincia está en mejores condiciones que las demás del NEA para sobrellevar el cese de fondos nacionales, pagando los sueldos a término y no resintiendo los servicios básicos a la población. En especial por el bajísimo endeudamiento -tanto en pesos como dólares- tras la reestructuración y pago de la multimillonaria deuda que dejó Ramón Puerta, hoy el principal socio de Milei para Misiones”.
