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En los últimos cuatro meses, las boletas de luz aumentaron más del 100% en Misiones

Con el reajuste de diciembre se concreta una seguidilla de aumentos, justificados en la inflación, el costo de la energía, insumos, los salarios y el mantenimiento. El Gobierno provincial tomó la decisión antes de que la Nación elimine los subsidios al servicio público.

3 enero, 2024

La tarifa de energía eléctrica de EMSA y de las nueve cooperativas del interior tuvo un reajuste de 48% en la facturación de diciembre y se verá reflejado en una considerable suba que tendrán que abonar los usuarios con vencimiento en febrero, que se agrava por ser la temporada de mayor consumo a raíz de las altas temperaturas.

La información fue confirmada mediante los cuadros tarifarios publicados por la empresa EMSA en su página web oficial y mediante una publicación de la Cooperativa de Oberá (CELO) en sus redes sociales.

En los cuadros de EMSA se observa que el precio de los primeros 30 Kw/h de la Categoría N1 (ingresos altos) pasó de 50 pesos en noviembre a 74 pesos desde diciembre. A la vez, para la categoría N2 (ingresos bajos) el valor pasó de $17 a $25. Y la categoría N3 (ingresos medios) se modificó de $19 a $28. En todos los casos se registra un incremento apenas por debajo del 50%.

En tanto, desde la Federación de Cooperativas Eléctricas (FECEM) explicaron que la provincia (la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos) le autorizó incrementar un 48% la tarifa desde el consumo de diciembre.

 

Más de 100% en cuatro meses

Con el reajuste de diciembre se concreta una seguidilla de aumentos que supera el 100% en los últimos cuatro meses (de septiembre a diciembre), pasando de $12,07 a $25,03 el costo de los primeros 30 kw/h para un usuario de categoría N2 (ingresos bajos) que consume menos de 500 kw/h al mes.

De acuerdo a un relevamiento realizado por PRIMERA EDICIÓN, los tres meses anteriores: septiembre, octubre y noviembre se aplicó 12% sucesivamente sobre el valor de cada mes. Y en diciembre se disparó 48%, como se observa en el cuadro.

Para quienes superan los 700 kw/h de consumo, el costo pasó de $12,82 a $26,73 para los primeros 30 kw/h de consumo. Y para quienes superan los 1.400 Kw/h por mes, los primeros 30 saltaron de $13,44 en septiembre a $28 en diciembre.

En todos los casos tomados como ejemplo se considera la categoría N2 residencial (ingresos bajos).

MÁS DE 100%. Entre septiembre y diciembre, los valores se duplicaron para usuarios residenciales categoría N2.

 

Información pública

En esa línea, la CELO de Oberá fue la única en informar formalmente a los socios: “El aumento del dólar impacta de manera directa en el costo de la energía. Esto sumado a la inflación acelerada que se refleja en nuestra economía, obliga a la provincia a readecuar, cada vez en lapsos más cortos, el cuadro tarifario de los servicios”, indicó la entidad.

“Por estas razones, la tarifa del servicio de energía eléctrica tendrá un incremento de un 48%, que impactará en la facturación del período diciembre 2023 con vencimiento en febrero de 2024”, se agregó.

“Esta readecuación de precios se vuelve necesaria puesto que los principales insumos (transformadores, cables, aisladores, seccionadores, fusibles, combustible), todos imprescindibles para brindar el servicio han aumentado considerablemente su valor”, se advirtió.

La CELO aprovechó para “recordar la importancia de tomar todas las medidas para fomentar el consumo responsable del servicio, algo que no solo puede beneficiar a los socios en términos de costos, sino también contribuir al buen uso de los recursos energéticos”.

En el Boletín Oficial de ayer se publicó una resolución explicando que “la situación de las distribuidoras provinciales es delicada comparando el VAD (Valor Agregado de Distribución) incluido en la tarifa vigente, frente a los costos reales de la prestación del servicio público, que incluyen operación, mantenimiento y reposición de infraestructura, gastos comerciales, salarios y otros. Esta situación se agrava fundamentalmente como consecuencia del proceso inflacionario”.

Debido a esto, “el Poder Concedente trata de conciliar las necesidades de las Distribuidoras y la población en general, y en particular de la actividad económica atenuando las necesidades de recomposición tarifaria por los incrementos de costos”.

 

Reducen subsidio provincial

Mediante el Decreto N° 564/23 se prorrogó el beneficio de la Tarifa Social Provincial, creado por Decreto N° 21/19, hasta el 31 de diciembre de 2023; beneficio que a partir del período de facturación 10/2.023 se traduce en un descuento equivalente al 56%.

En este sentido, la Provincia informó que “frente a la compleja situación económica que se encuentra atravesando el país, si bien resulta necesario seguir beneficiando y garantizando el acceso al servicio público de electricidad de los sectores más vulnerables y, mediante ello, evitar que aquellos se vean privados de su uso en virtud de no poder afrontar su costo como consecuencia de la eliminación de los subsidios nacionales, se estima oportuno modificar a partir del período de facturación 11/2023, el porcentaje de descuento, del 56% actualmente vigente, al 53%”.

 

Quita de subsidios nacionales

En algunos despachos oficiales comenzaron a realizar una simulación de cómo podrían quedar las facturas una vez que se eliminen los subsidios nacionales.

En la simulación que circula en las oficinas gubernamentales, advirtieron que un usuario residencial de hasta 300 kw mensuales que pagaba algo más de $9.000, pasaría a casi $31.000 sin los aportes nacionales. A su vez, el que consume hasta 500 kw y abonaba $14.000, pasaría a tener que pagar más de $50.000.

En la categoría residencial de mayor consumo: uno de 700 kw al mes que pagaba 19.000 pesos, pasaría a más de 70.000; y el que demandó 1.400 kw mes y abonaba 38.000 pesos debería pagar sin subsidios nacionales unos $140.000.

Los jubilados no quedarán exentos del impacto: uno que consume 300 kw por algo más de 6.000 pesos debería pasar a abonar 27.000. El que consumía 500 kw por 11.000 pesos pasaría a pagar más de 45.000 pesos.

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Tags: AumentoCooperativas eléctricasEnergía de MisionesluzSUBSIDIOS
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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