La muerte de Rocío Antonella Bernhardt no fue considerada un femicidio para el Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones e integrado, como presidenta en este debate, por Viviana Gladis Cukla y vocales, Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Arnaldo Bernie.
Las seis jornadas de juicio oral donde se presentaron testigos, peritos y se analizó la evidencia probatoria que llevó el expediente a encuadrar el caso en “homicidio agravado por femicidio”, para los tres jueces no volcaron las certezas suficientes y encarrilaron un fallo con única pena de prisión perpetua posible (en caso de culpa), a un delito menor con un amplitud de pena desde los ocho a los 25 años de cárcel.
El Tribunal Penal 1 decidió que Cristian Daniel Vargas continúe detenido en la Unidad Penal 6 “Procesados” del Servicio Penitenciario Provincial hasta que resulte firme la sentencia leída ayer por “homicidio simple”, cuyos fundamentos se conocerán dentro de catorce días.
La coartada del fotógrafo de 33 años, ante el veredicto leído ayer a las 13.58 en el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia, causó efecto en el Tribunal. Declaró dos veces durante el debate el encartado y ayer, al momento de sus últimas palabras (que duraron diez minutos y diez segundos) insistió en que no tuvo intención de matar a Antonella, quiso quitarle el cuchillo con dientes (tipo tramontina) de la mano izquierda y que “de manera accidental” se le clavó en el cuello atravesando la laringe y cortarle la arteria carótida.
La misma coartada habría convencido a los jueces que Antonella cayó al piso y se golpeó la cabeza dos veces por los dos “tapes con la mano abierta” en la oreja izquierda que le propinó en la misma acción defensiva Vargas y que le dejaron sendas lesiones con fuertes hematomas y hemorragias en el cráneo.
Aunque parezca insistente, los relatos del acusado habrían sido más creíbles que los brindados por las cinco mujeres que declararon y ratificaron sus relatos en la instrucción de la causa, llevada a cabo por el juez Fernando Luis Verón y la fiscal Adriana Marcela Verónica Herbociani.
Gracias a las vecinas de Antonella, la mujer que le alquilaba el departamento y una cuidadora de personas con discapacidad, Cristian Vargas fue identificado y atrapado rápidamente porque alertaron de los golpes en el departamento 1A de la calle Comandante Miño 980 en la chacra 179 (frente a la bahía El Brete) e intentaron rescatarla con vida pero también, una de ellas, lo grabó con un celular simulando una charla con la víctima cuando ya no tenía signos vitales y él solo quería alejarse del lugar para buscar su impunidad.
Pero, del total de cuatro declaraciones que dio Vargas (una en el expediente y tres en debate), tampoco habrían alcanzado el cúmulo de probabilidades hasta considerarse certezas, los informes de los forenses del Superior Tribunal de Justicia y de los peritos informáticos dependientes también del mismo máximo escalón judicial provincial.
Durante casi dos horas, el fiscal Martín Alejandro Rau detalló su acusación en base al expediente y lo recogido en el recinto. No recurrió a la adjetivación, se apuntaló en las evidencias frías y crudas del expediente para internarse hasta en la conducta del acusado.
Por ejemplo, resaltó el análisis de la psicóloga Florencia Dinnin Roldán Delpiano, quien señaló a Vargas como un hombre con características de “manipulación y simulación”, no tolerante “a la frustración”, entre otros conceptos.
Repitió el fiscal lo dicho por el acusado en cuanto al por qué borró el video que precisamente le iba a garantizar su coartada: “Formateó el celular de Antonella porque contenía lo que la mayoría de los hombres no quieren que sus parejas se enteren, dijo Vargas”. Lo remarcó como ejemplo de la conducta y pensamiento que tenía el fotógrafo.
El video de discusión nunca apareció, y los peritos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del STJ abrieron el celular de la víctima y recuperaron todo el material posible con el software que utilizan los investigadores de países desarrollados y, el video del acto sexual consentido que Vargas asegura mantuvo con Antonella, no estaba.
Pero Rau se apoyó con imágenes de la Policía Científica volcadas al expediente de la escena del crimen, aún con el cadáver en el lugar y destacó un detalle más: sobre la mesita de luz de la cama una carpeta tejida a crochet tenía encima frascos de pintura de uñas y sobre ella estaba apoyado el velador de madera que Vargas asegura se cayó en el forcejeo y se partió en tres partes.
El tejido, llamativamente no se movió un milímetro y el cráneo de Antonella tenía dos heridas de golpe extremos en la base parietal izquierda, además del hematoma a la altura de la oreja, también del lado izquierdo. Estas lesiones, además de los golpes en la boca, según la coartada que habría admitido el Tribunal ayer, se produjeron de acuerdo a la caída de la víctima que medía 1,55 metros de altura.
Del celular de Antonella Bernhardt se rescató hasta el último mensaje que envió el 4 de abril de 2019. A las 13.04 le respondió a un contacto. A las 13.26 registró el celular de Viviana González, el video que le grabó a Vargas saliendo del departamento de Antonella y que resultó la acción clave para su detención.
Rau enfatizó: “No solo el video que dice Vargas no existía, la pareja tampoco, ya estaba terminada”. Lo dijo en referencia a que del teléfono del acusado se extrajeron los últimos mensajes que la esposa le envió: “Qué mierda querés Daniel, hasta separados me seguís perjudicando, tengo que hacer el trámite de la tarjeta (SUBE) en el shopping porque no me devolvés la mía”. Vargas tenía la tarjeta para moverse en colectivo de su expareja y no se la regresaba. Y hasta le respondía: “Yo ya tengo una señora Vargas hasta que los papeles digan lo contrario”.
Rau cerró su alegato con el pedido de prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado por femicidio y alevosía”. Pero también invocó a que el Tribunal no se aparte del proceso de deconstrucción cultural y social: “Falta la deconstrucción judicial respecto a la violencia de género. Les toca hacer su parte, cumplir con la Constitución, con la sociedad y que no haya ni una Antonella menos, nunca más”.
“Lo que hizo, no lo que es”
Mario Sebastián Ramírez, defensor de Vargas solicitó una condena por “homicidio simple” pero por el mínimo de la pena, ocho años.
Sostuvo que “el Estado debe probar con causa y en este caso no lo logró (….) Debe desentenderse de la opinión pública”. Recalcó que “Vargas jamás dijo ‘soy inocente’ (…) Y si Vargas es un degenerado tiene que quedar probado. Lo que él hizo está en juego, no lo que Vargas es”.
Ramírez consideró que hubo “exceso de la acusación. Vargas se hizo cargo pero no le vamos a cobrar lo que no le corresponde”. Y solicitó la pena mencionada.
“El tribunal no entendió…”
Fausto Mauricio Vergara, abogado querellante en representación de la familia de Antonella Bernhardt y el defensor oficial Mario Sebastián Ramírez, dialogaron con PRIMERA EDICIÓN tras el fallo del Tribunal Penal 1.
El querellante habló puntualmente sobre el veredicto: “Nos sorprendió la decisión unánime de homicidio simple. Vamos a ver con los fundamentos cuáles fueron los motivos. Por supuesto que no estamos de acuerdo porque entendemos que el femicidio está plenamente probado”. Insistió como en su alegato que: “Hubo un contexto de violencia de género en ese departamento y eso no se puede negar. Lamentablemente cuando las normas no tienen una descripción exacta, dejan un margen de interpretación legal que permiten estas cosas”.
“El femicidio es una figura calificada del homicidio, la figura base es el homicidio, como en este caso no se discutió el homicidio, no quedaron dudas desde el minuto uno. El contexto violencia de género fue lo que le faltó fallar al tribunal (…) El femicidio de Antonella está plenamente probado”.
Remarcó además: “Tengo que ser crítico, a este tribunal siempre lo elogiamos pero creo que esta vez se equivocó. Creo que todos los ámbitos de la Justicia tenemos que trabajar más en cuanto a violencia de género porque cuando uno pretende tener una certeza también surgen autores ambiguos, mucha ignorancia al respecto, y esto genera que no haya uniformidad de criterio”.
“No creo que el error del tribunal haya sido grosero, creo sí que no entendieron qué es la violencia de género o qué es la violencia en el contexto de género”.
“Veinte años de prisión no es poca pena, es bastante alta para una persona que tampoco tiene antecedentes. Pero habrá que ver los fundamentos y qué consideraron y qué no los jueces para este monto. Que la calificación coincida con nuestro planteo subsidiario me parece más respetuoso con la prueba rendida y lo que existe en el expediente como corroborado. Me queda la sensación de la tarea cumplida”, resumió Mario Ramírez.
Evitó calificar el falló del Tribunal Penal 1, pero aclaró: “No creo que este tribunal sea benevolente, porque en otro caso como el de Ramón Da Silva condenaron a perpetua a un inimputable. A lo mejor tienen un cambio de impronta los dos tribunales de Posadas. Cambiaron aunque entiendo que pueden haber percepciones distintas”.
“En este caso creo que existió un exceso en la acusación y debía ser corregido, los jueces deben ser técnicos y en este caso lo fueron y la calificación fue unánime”.
