Una vez más el penoso derrotero de las cada vez más cíclicas crisis de los combustibles -que esta vez estalló en las semanas previas a la segunda y definitiva vuelta de las presidenciales-, dio de lleno contra la sociedad argentina en general y contra las provincias más periféricas en particular.
Durante semanas la escasez que comenzó con fuerza en el norte y se intensificó, siguió su curso sin que desde la administración central se incumbiera sino hasta que el faltante se dejó ver en el mismísimo Área Metropolitana de Buenos Aires.
Entre aprietes y negociaciones, las partes involucradas fueron arriando la crisis durante varios días mientras las filas de vehículos se apiñaban allí donde se encontrara un surtidor con algo para ofrecer. Si hasta surgieron numerosos grupos de Whatsapp para informarse sobre estaciones de servicio con combustibles a la venta.
Mientras unos deslindaban responsabilidades y otros endilgaban especulación, fueron transcurriendo los días hasta que casi en silencio el martes por la noche venció un acuerdo de precios que, en la práctica, ninguna empresa cumplió.
La realidad a la vuelta de varios días de escasez y tensión es una lenta normalización del expendio a precios muy superiores a los que existían apenas días atrás. Y es que, como sucede siempre, a mayor distancia del centro del país, mayores son los costos y los precios aún cuando el Gobierno nacional comunicó la decisión de postergar un aumento previsto para el Impuesto a los Combustibles Líquidos para moderar el impacto de los nuevos valores.
Hoy, por ejemplo, el diésel premium de una marca roza los 600 pesos en Puerto Iguazú, donde vuelven a registrarse los precios más caros del país.
Así las cosas, nuevamente Misiones, unas de las primeras provincias afectadas por la escasez, termina pagando el combustible más caro del país mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, último distrito en enterarse de la situación, pagan varios pesos menos por litro.
