El sector empresarial del mercado inmobiliario y los inquilinos se mantienen con incertidumbre luego que el Gobierno nacional dejara trascender la posibilidad de “suspender” la actual Ley de Alquileres N° 27.551.
Días atrás, el Poder Ejecutivo dio a conocer que se estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres que, a menos de dos años de puesta en funcionamiento, provocó un elevado incremento en los precios promedio de las locaciones debido a una contracción de la oferta de los inmuebles.
Si bien el Gobierno intenta avanzar en ese sentido, sin especificar aún cómo quedaría el funcionamiento del mercado, la traba sigue siendo lograr legalmente la suspensión de la norma que anteriormente fue sancionada en el Congreso. Para tal fin, se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Incertidumbre preocupante
En relación a esto y al ser entrevistada por FM 89.3 Santa María de las Misiones, María Bower, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia, indicó que “en realidad, con esta ley (en vigencia), todo el país está en la misma situación. Hoy en el mercado no hay oferta de inmuebles”.
Además, se atrevió a adelantar que, en caso de confirmarse alguna modificación, “el cambio lleva un tiempo, no se produce de un día para otro, tampoco con un anuncio que es lo que hay hasta ahora. Hay muchos comentarios de cómo sería pero oficialmente no hay nada”.
Recordó que años atrás “la ley anterior fue derogada. Se trabajó mucho en una legislación nueva, se concentró a todos los sectores involucrados”.
“En tiempos tan democráticos como los nuestros hacerlo ahora por DNU no nos parece correcto. También tendríamos que ver exactamente cuál es la letra del DNU, porque podría tener algún tipo de vicio de inconstitucionalidad en la aplicación. Si hoy suspendieran la ley, estimo que el DNU debe traer herramientas como para saber cómo vamos a manejarnos en este período”, anticipó.
“El tema de los alquileres es algo muy sensible en nuestra comunidad. Recibimos gente todos los días que tiene locaciones vigentes pensando que se puede cambiar la situación de su locación actual, pero la realidad es que las locaciones son regidas por la ley dentro de la cual se realiza el contrato. Hasta ahora no hay absolutamente nada, salvo los comentarios de pasillo sobre la reunión del Presidente con el ministro Massa, pero oficialmente no hay nada. Creemos que están trabajando en eso”, aclaró.
Posturas cruzadas
Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a la modalidad anterior caracterizada por la libre oferta y demanda, y acuerdo entre las partes, y si esto beneficiaría al mercado, Bower contestó: “Creo que es lo mejor que le podría suceder al mercado porque me parece que nadie va a cobrar por sobre los valores que hay. Eso nos va a permitir manejar el mercado y tenerlo más controlado, y más cercano a lo que en realidad tiene que ser el mercado de alquileres”.
“En particular, en Misiones, como en otras 14 provincias existe la colegiación de matriculados, o sea que el matriculado debe respetar ciertas condiciones en el ejercicio del corretaje inmobiliario, por lo tanto hay sanciones sobre su matrícula si no lo hace. Esto de alguna manera tiene un marco jurídico de desarrollo profesional y la intermediación entre las partes”, remarcó y añadió: “El libre pacto nos va a dar una cierta tranquilidad, que siempre ha sido así cuando se ha podido consensuar y hablar. Los valores que se pactaban, incluso, eran de incrementos mucho menores a los que actualmente tenemos con el índice combinado”.
Por el contrario, el titular de la Asociación de Inquilinos de Misiones, Adrián Torres, en diálogo con la radio de PRIMERA EDICIÓN, manifestó que regresar a la práctica anterior: “No es lo mejor porque se ha demostrado durante muchísimos años que han existido los abusos, la especulación, contratos leoninos, cláusulas viciadas, y todo tipo de desorden. Eso ya se ha probado”.
“Incluso al margen de la ley existen muchos grises, y como no hay organismo de contralor que tenga la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y multar en caso de incumplimiento, entonces es tierra de nadie. Y eso es lo que siempre buscó el mercado inmobiliario, que el sector no esté regulado y que sea tierra de nadie”, analizó.
Al mismo tiempo, recalcó que “ellos (por el sector inmobiliario) consideran que la oferta y demanda se regula por sí sola, y eso no es así porque la demanda es creciente, la población crece, las viviendas son insuficientes, los créditos hipotecarios son irreales para que una familia o trabajador pueda acceder, la situación económica del país es terrible, la depreciación del peso, la inflación galopante, todo es un combo explosivo. Entonces dejar todo al libre albedrío, hará que pierda otra vez el inquilino”.
Necesidad que apura
Sobre la idea del Poder Ejecutivo de “suspender” la actual Ley de Alquileres, Torres señaló: “No podemos saber si va a mejorar algo hasta que las cosas se pongan en práctica. Pero la verdad es que es una necesidad, porque la demanda es de parte del sector de los inquilinos y también de parte de los propietarios de bienes de renta, donde hubo muchísimas quejas sobre la aplicación de la ley y su resultado”.
“Creemos que una suspensión o derogación de la ley podría llegar a acomodar algunas cuestiones”, planteó y agregó: “Cuando se aplicó la ley se creía que iba a traer beneficios porque el espíritu de la ley era buscar un equilibrio en el mercado, pero lamentablemente la cuestión de la pandemia y lo macroeconómico hizo que eso no haya funcionado”.
“Se tiene que derogar porque es algo que no funcionó, aunque en principio se pensó desde ambos sectores que iba a ser algo positivo”, afirmó.
En relación a las dudas que provocó el anuncio del Gobierno, llevando a que muchas de las firmas para nuevos contratos se frenen a la espera de mayores precisiones, Torres dijo que “ahora se pone interrogantes, se presta a la especulación e incertidumbre, porque alguien que iba a firmar un contrato por tres años con ajuste anual, ahora de parte del inquilino ven si les conviene firmar, y de parte del propietario del bien de renta pueden ver como conveniente la posibilidad de hacer ajustes semestrales. Entonces se da una situación de incertidumbre, compleja, que se debería definir rápido porque hay una necesidad imperiosa”.
“No creo que vaya a haber grandes cambios porque el grave problema que tenemos ahora es la inflación, que hace que los inquilinos no lleguen a poder cubrir un valor de un alquiler, porque su salario está siempre muy por debajo de la inflación. Y la inflación es la que hace que los propietarios no puedan amortizar lo que es la inversión. Mientras no se controle eso no hay ley que pueda menguar esta situación”, consideró al finalizar.
