Hace casi tres años, como corolario de un extenso trabajo de investigación, interminables entrevistas con las partes intervinientes e incontables horas de negociaciones para lograr un acuerdo, el Congreso de la Nación dio a luz la ley 27.551 de Alquileres, destinada a resolver un drama histórico en un país que, entre muchos dramas, tiene al habitacional entre los principales.
Hoy, a la vuelta de los años, la situación no sólo empeoró por el sistema atado a la dinámica inflacionaria, sino que además representa un nuevo capítulo de incertidumbres para los argentinos que siguen sin alcanzar el sueño y el derecho de una vivienda propia.
Los actores responsables de desarrollar una nueva solución siguen siendo los mismos al igual que las víctimas de tamaño espanto normativo. La diferencia es que hoy, merced al desinterés y/o a las presiones que ejercen ciertos actores del mercado, la posibilidad de un acuerdo parece ser nula.
La solución vuelve a ser entonces la improvisación y de un momento a otro se esperan anuncios tendientes a finalizar la vigencia de la ley 27.551. La incertidumbre por lo que vendrá, como no podía ser de otra forma, paraliza al mercado y castiga a los inquilinos que siguen sin saber qué hay por delante.
