Lo apremian el contexto, los tiempos, las elecciones y las propias incapacidades y, por tanto, el resultado es previsible. Como mucho de lo hecho hasta estos días, el Gobierno nacional apelará a la improvisación para resolver un problema profundo: los alquileres.
De un momento a otro se espera un decreto que anule la vigencia de la normativa actual, una que, como pocas, hizo un daño tremendo al mercado de los alquileres. Pero lo que haya después es la nada misma porque nada se sabe sobre el marco que regulará la próxima instancia. En estos años el Congreso fue incapaz de acordar una norma que equilibre los perjuicios tanto a inquilinos como a propietarios y nada deja prever que ese acuerdo llegue antes de octubre.
Es así que, con contratos ya firmados, otros a punto de hacerlo y negociaciones en proceso, el Gobierno volverá a echar mano de la improvisación para intentar moderar el daño a un rubro atravesado por la crisis. Y al hacerlo de esta forma incurrirá, seguramente, en un conflicto de poderes.
La ley de Alquileres es horrible, nadie puede negarlo, pero ojalá que esta solución fuera de agenda y a las apuradas no sea peor.
