Mientras la dirigencia argentina se dirime en internas y en acusar sobre quién es más corrupto o menos sensible, en paralelo avanzan y adquieren consistencia verdaderos dramas sociales asociados a la inexistencia de medidas de fondo o a normas que nacieron al calor de poderosos cabildeos.
Hoy comienza octubre y con el nuevo mes decenas de miles de familias argentinas tendrán que renovar sus contratos de alquiler bajo la normativa vigente, esa misma que el Congreso aprobó, que falló estrepitosamente y que prometió cambiar hace más de tres meses, cuando los legisladores aseguraron que se tomarían treinta días para analizar una mejor ley.
El de este mes será sin dudas el mayor ajuste de los últimos años. Los alquileres de octubre tendrán un incremento superior al 67%, conforme a lo establecido por el índice mensual del Banco Central que quedó determinado por la nefasta ley de alquileres vigente. Si bien el índice se ubica por debajo de la inflación interanual, que claro para la mayoría de los inquilinos supera las mejoras salariales que lograron los trabajadores de varios rubros.
El principal drama de la Ley de Alquileres, para los inquilinos, radica en la escalada inflacionaria que se desarrolla en el país con niveles siempre superiores a las mejoras salariales. Pero la norma también es mala para los dueños y las inmobiliarias, que apuntan al tiempo de duración de los contratos y la periodicidad de los aumentos.
Mala para casi todos, la ley sigue vigente y sobrevive a los intentos que inquilinos y propietarios por cambiarla. Y es que la modificación depende del Congreso argentino, mayormente poblado por esa dirigencia que se dirime en internas y en acusar sobre quién es más corrupto o menos sensible.
