El tema estaba en discusión meses atrás, pero frente a la imposibilidad de consensuar una nueva norma, se definió un plazo de treinta días para arribar a un acuerdo. Meses pasaron desde entonces y poco y nada se avanzó en la normativa. Y los terremotos políticos de las últimas semanas terminaron de sepultar las pocas chances de brindar una solución a cientos de miles de familias en todo el país.
Mientras tanto, mes a mes, los contratos se renuevan con incrementos considerables por una escalada inflacionaria que no desacelera.
De hecho, ya hablando de septiembre, operadores del rubro anticipan una nueva suba récord en los ajustes de los alquileres que superaría el 60% vigente durante agosto.
Y mientras los inquilinos se las deben ingeniar para renovar o buscar algo más económico, la oferta de unidades continúa reduciéndose porque no hay ningún estímulo para los propietarios.
Así, ambos lados del mercado se ven en crisis directamente relacionadas por una ley aún vigente mientras ninguno de los designados para resolverla muestra interés por hacerlo.
